Congreso de Chiapas aprueba uso de fuerza pública contra manifestaciones

Con 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención el Congreso de Chiapas aprobó este jueves  la iniciativa presentada por el gobernador Manuel Velasco, del código que establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública estatales contra los movimientos sociales.
       
La reforma supuestamente regula el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales, así como avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.
Los cuatro legisladores de oposición que estuvieron en contra de la iniciativa de Velasco fueron: las diputadas del PRD, Alejandra Soriano y Hortensia Zúñiga; el legislador del Movimiento Ciudadano (MC), Vladimir Balboa; Sonia Catalina Álvarez, del PT, y la panista Gloria Luna Ruiz, quien se abstuvo de respaldar la propuesta.
El resto votó a favor de la iniciativa .

De acuerdo con la diputada Hortensia Zúñiga Torres, coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con esta disposición legal  “se pretende criminalizar la protesta social, regular las marchas y las manifestaciones, atenta contra la libertad de expresión y representa una amenaza contra la manifestación pública, en momentos en que el país y el estado viven un descontento generalizado por las múltiples reformas y decisiones gubernamentales que agravian a la inmensa mayoría de las y los mexicanos”.
El nuevo Código considera que una manifestación es violenta cuando un grupo de personas se encuentra armado, o bien en la petición que se hace ante la autoridad se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que se deseen, o se incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana.
Además, se establecen protocolos de actuación de las corporaciones durante las detenciones y otras forma de intervención para resguardar la seguridad pública.
El Código también define, clasifica y establece las reglas para el uso legítimo de la fuerza pública, incluyendo el uso de armas bajo los principios de “legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, estricta necesidad y con respeto y protección de los derechos humanos”.
La diputada perredista sostuvo que tales hipótesis, para considerar violenta una manifestación ciudadana, caen en el terreno de la subjetividad y atentan contra la libertad de expresión, pero lo más grave es el sentido represor que se le da la manifestación pública.

En su opinión, lo que se intenta es acallar las protestas y limitar la libre expresión que tienen las y los ciudadanos para pedir a los gobernantes en turno que cumplan con sus compromisos y generen mejores condiciones de vida para sus gobernados.
Por su parte el activista defensor de los derechos humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz, dijo que este nuevo Código se suma a otras decisiones políticas que han implicado desandar lo avanzado en la materia, como fue la cancelación de los apoyos económicos que se brindaban a los adultos mayores y agregó que además de no contar con un organismo eficaz y confiable para la defensa de los derechos humanos en Chiapas, ahora se ha dotado a las policías de facultades legales para atropellar las garantías fundamentales al amparo del Código sobre el uso legítimo de la fuerza.

Con información de La Jornada , Proceso e Impunemex