Uno a uno, los
integrantes del Tribunal Electoral se pronunciaron sobre el haber de
retiro. Mientras algunos afirmaron que "por dignidad" no lo aceptarían,
pero lo defendieron, otros dijeron que no iban a renunciar a un tema que
aún no ha sido promulgado por el Ejecutivo.
Al inicio de la sesión del miércoles, el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos pidió a sus compañeros pronunciarse sobre el tema que ha traído críticas tanto a los legisladores como a los integrantes del tribunal.
Uno a uno lamentaron las “críticas tendenciosas” y renunciaron públicamente a ese beneficio previsto para los magistrados que terminen su gestión. Sin embargo defendieron dicha prestación, y en caso de ser aprobada beneficiará a los sucesores de los magistrados actuales.
Los ministros dieron a conocer que con anterioridad ya habían desaparecido un fideicomiso que tenía como fin precisamente otorgar una compensación a los magistrados al término de sus funciones.
Asimismo retaron a sus críticos para que se pronuncien sobre la calidad de su trabajo y anunciaron el regreso de a sus funciones de origen, la academia en algunos casos y la función jurisdiccional en otros.
El magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, reveló además que renunció a un “súper haber”, destinado exclusivamente para el presidente del TEPJF a partir de el convencimiento de que todos los magistrados son iguales, no podía haber diferencia en los sueldos.
Precisó que el fideicomiso de retiro al cual renunciaron con anterioridad en 2006 fue devuelto a la Tesorería de la Federación y que de haberse mantenido a la fecha tendría más de 60 millones de pesos.
En su turno, el magistrado Salvador Nava rechazó que la pensión vitalicia y el haber de retiro sean equivalentes y aunque no explicó la diferencia justificó que las leyes internas e internacionales como garantía de independencia judicial que los jueces gocen de inamovilidad y “un salario digno y proporcional a lo que hacen”.
“Se ha vulgarizado el tema a pesos y centavos, especulaciones respecto de montos de algunos medios de comunicación, no tiene precedentes y nos han lastimado”, reconoció.
En su turno, la magistrada María del Carmen Alanís explicó que el impedimento legal para asumir cualquier trabajo al término de su periodo los excluye de cualquier cargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron, es decir que los excluye de todo nivel de gobierno.
En su uso de la palabra, el magistrado Manuel González Oropeza, sostuvo la manipulación “tendenciosa” del debate sobre el tema los ha obligado a realizar este pronunciamiento, donde por unanimidad, han decidido renunciar al beneficio.
A su vez, el magistrado Esteban Penagos López hizo alusión a su carrera de 38 años en el Poder Judicial y recordó que tiene un nombramiento como magistrado de circuito, que vencerá hasta que cumpla los 75 años de edad.
“Precisamente por ello, por mi mente no ha pasado ni la idea de retirarme ni la idea de pensionarme, aunque considero que debe legislarse al respecto y expreso mi reconocimiento al Congreso por establecer ese haber de retiro”, dijo.
Por su parte, el magistrado Flavio Galván se quejó de haber sido malinterpretado en sus declaraciones.
“Si hay plumas mercenarias no es mi culpa, si hay falta de ética en el periodismo improvisado que no investiga, tampoco es culpa mía. Hemos tomado la decisión de hacer este manifiesto común, colegiado, unánime, ante el pueblo, porque la transparencia y la rendición de cuentas no puede ser sólo de discurso”, apuntó.
Por su parte, el magistrado Constancio Carrasco sostuvo que la independencia judicial no tiene vinculación alguna con una contraprestación, “la independencia judicial sólo está en la conciencia de los juzgadores que se saben verdaderamente independientes”.
Comunicado y versión estenográfica de la sesión:
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