Los
legisladores priistas siguen pasando adiciones de contrabando en los
dictámenes sobre las reformas, en este caso la política-electoral. El
miércoles 14 añadieron una fracción que implicaba el otorgamiento de un
millonario “haber de retiro” (o pensión vitalicia, como denuncian
panistas y perredistas) para los funcionarios mejor pagados del servicio
electoral: los magistrados del TEPJF. Como los primeros beneficiados
serían los actuales miembros de ese tribunal, los negociadores del PAN y
del PRD sospechan que se trata de un “pago de facturas” o “soborno
anticipado” del PRI por las sentencias favorables a su candidato
presidencial en 2012… y las que están pendientes.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un “albazo legislativo” en el Senado, operado por el consejero político de Los Pinos, Humberto Castillejos y ordenado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, permitirá a los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obtener millonarias pensiones vitalicias a cambio de “un pago de favores” del PRI y el gobierno federal, afirman negociadores del PRD y del PAN.
La incorporación a última hora de un agregado al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el dictamen de la reforma político-electoral ensombreció 80 días de negociaciones entre los tres principales partidos para aprobar una reforma que configura los alcances de la nueva autoridad, el Instituto Nacional Electoral, prohíbe e incorpora como causal de nulidad la compra ilegal de tiempo-aire en radio y televisión e introduce nuevos mecanismos de fiscalización.
Los magistrados del TEPJF constituyen la última instancia de decisión en todos los conflictos electorales e intrapartidistas, y todavía tienen pendientes dos casos clave en la elección presidencial de 2012: el Monexgate y el presunto rebase de topes de gastos de campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Entrevistados por Proceso,el negociador del PRD, Alejandro Encinas, y el del PAN, Javier Corral, advierten que el “haber de retiro” para los siete magistrados del TEPJF fue rechazado dos veces en las negociaciones con el gobierno federal: primero, al discutir la reforma constitucional en materia política en 2013, y después, al darse cuenta de que se incorporó en los dictámenes que se debatieron en el pleno del Senado el pasado miércoles 14.
Antes de iniciar la discusión y votación en lo general del paquete de tres leyes secundarias sobre la reforma político-electoral, Encinas y otros integrantes del PRD se percataron de que se incluyó una adición al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece como atribución de la Comisión de Administración del TEPJF, conformada por tres consejeros de la judicatura federal y dos magistrados de la Sala Superior, la siguiente facultad: “XXXI. Determinar, en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior”.
El lunes 12 –según Encinas–, se repartió vía electrónica el primer borrador de los dictámenes. Ahí apareció la fracción alusiva al “haber de retiro”. El martes 13 la bancada del PRD envió un documento de observaciones para retirar esta fracción incorporada “de manera subrepticia” y la propuesta “fue aceptada por la mesa de negociaciones”. Sin embargo, el miércoles 14 apareció en la Gaceta del Senado “en forma contraria a los acuerdos firmados ya en dos ocasiones”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1959, ya en circulación)
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un “albazo legislativo” en el Senado, operado por el consejero político de Los Pinos, Humberto Castillejos y ordenado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, permitirá a los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obtener millonarias pensiones vitalicias a cambio de “un pago de favores” del PRI y el gobierno federal, afirman negociadores del PRD y del PAN.
La incorporación a última hora de un agregado al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el dictamen de la reforma político-electoral ensombreció 80 días de negociaciones entre los tres principales partidos para aprobar una reforma que configura los alcances de la nueva autoridad, el Instituto Nacional Electoral, prohíbe e incorpora como causal de nulidad la compra ilegal de tiempo-aire en radio y televisión e introduce nuevos mecanismos de fiscalización.
Los magistrados del TEPJF constituyen la última instancia de decisión en todos los conflictos electorales e intrapartidistas, y todavía tienen pendientes dos casos clave en la elección presidencial de 2012: el Monexgate y el presunto rebase de topes de gastos de campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Entrevistados por Proceso,el negociador del PRD, Alejandro Encinas, y el del PAN, Javier Corral, advierten que el “haber de retiro” para los siete magistrados del TEPJF fue rechazado dos veces en las negociaciones con el gobierno federal: primero, al discutir la reforma constitucional en materia política en 2013, y después, al darse cuenta de que se incorporó en los dictámenes que se debatieron en el pleno del Senado el pasado miércoles 14.
Antes de iniciar la discusión y votación en lo general del paquete de tres leyes secundarias sobre la reforma político-electoral, Encinas y otros integrantes del PRD se percataron de que se incluyó una adición al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece como atribución de la Comisión de Administración del TEPJF, conformada por tres consejeros de la judicatura federal y dos magistrados de la Sala Superior, la siguiente facultad: “XXXI. Determinar, en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior”.
El lunes 12 –según Encinas–, se repartió vía electrónica el primer borrador de los dictámenes. Ahí apareció la fracción alusiva al “haber de retiro”. El martes 13 la bancada del PRD envió un documento de observaciones para retirar esta fracción incorporada “de manera subrepticia” y la propuesta “fue aceptada por la mesa de negociaciones”. Sin embargo, el miércoles 14 apareció en la Gaceta del Senado “en forma contraria a los acuerdos firmados ya en dos ocasiones”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1959, ya en circulación)
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