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| Oaxaca. Jornada electoral 2013. Foto: Hugo Cruz |
La función principal de este mito es cancelar la posibilidad de imaginar una transformación integral de la estructura de poder social. Se busca fomentar el conservadurismo y marginar a quienes apuestan a la construcción de nuevas utopías transformadoras.
El
debate sobre la democracia en México constituye entonces un estratégico
campo de batalla intelectual.
No es suficiente simplemente agregar al
sustantivo “democracia” adjetivos como “estancada”, “imperfecta”,
“parcial” o “mediocre” para caracterizar a nuestro régimen político. Una
“democracia imperfecta” es todavía, en esencia, un sistema
“democrático” en el que la sociedad ejerce su soberanía y constituye la
fuente originaria del poder público. Estas perspectivas adjetivadas son
importantes en cuanto ponen en cuestión la excesiva complacencia de los
analistas orgánicos del régimen. Sin embargo, su aceptación de los
términos generales del debate impuesto por el contexto de dominación
estructural debilita enormemente su fuerza teórica.
Los
defensores de la tesis de que México efectivamente ha transitado de un
régimen a otro tienen la obligación de demostrar que los ciudadanos
cuentan con más poder sobre la selección de sus gobernantes, y con un
mayor control sobre los asuntos públicos. Pero esto es imposible
comprobarlo.
El indicador más común de la existencia de
una transición democrática es la celebración de elecciones libres,
limpias y auténticas, donde las condiciones de competencia son
equitativas y la “oposición” tiene posibilidades reales de ganar los
comicios. Es evidente que México no cumple con este requisito. Todas las
elecciones presidenciales celebradas desde 1988 hasta la fecha han
demostrado, más allá de cualquier duda, que los poderes fácticos y las
instituciones electorales de ninguna manera permitirán la llegada de un
verdadero candidato de “oposición” al poder.
Algunos
señalarían las “victorias” de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto como
excepciones ya que tanto en 2000 como en 2012 se cambiaron los colores
del partido que gobernaba el país. Sin embargo, ninguno de los dos puede
ser caracterizado como un candidato propiamente de la “oposición”.
Desde
1988 el Partido Acción Nacional (PAN) pactó con Carlos Salinas de
Gortari y formó un “gobierno de coalición” de facto con el PRI que duró
hasta el año 2000. Si bien se estableció una breve y poderosa alianza
opositora entre el PAN y el PRD durante 1996 y 1997, que logró una
histórica reforma electoral y la activación de la Cámara de Diputados
como un contrapeso en materia presupuestal, este periodo fue la
excepción que comprobó la regla. El aval conjunto del PRI y el PAN al
histórico e imperdonable fraude del Fobaproa en 1998 simbolizó y
consolidó el rapprochement entre los dos aliados que en los hechos nunca
se habían separado.
La llegada de Peña Nieto a Los
Pinos en 2012 tampoco implica una victoria para la “oposición”. Desde el
principio, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón incorporaron a
destacados priistas dentro de sus gobiernos y malgobernaron de manera
conjunta con el viejo partido del Estado. El papel de puente articulador
de la alianza del PRIAN que en su momento jugó Diego Fernández de
Cevallos en la década de la concertacesión (1990-2000) lo jugó Manlio
Fabio Beltrones durante los sexenios panistas.
En la
campaña presidencial de 2012 fue notable cómo Calderón y el PAN dejaron
morir a quien se supone era su candidata, Josefina Vázquez Mota. Después
de la reunión privada que sostuvieron Calderón y Pedro Joaquín Coldwell
en Los Pinos el 27 de febrero de 2012 se acumularon las evidencias de
que Peña Nieto era el verdadero “destapado” del régimen. Las entrevistas
del ahora presidente en Televisa, el apoyo explícito de Fox para Peña
Nieto y la pomposa ceremonia organizada con motivo de la muerte del
expresidente Miguel de la Madrid, fueron apenas los indicadores más
visibles del pacto de sucesión que conduciría la segunda alternancia
mexicana sin democracia (análisis aquí: http://ow.ly/wTtRY).
Hoy
las elecciones en México no permiten la expresión auténtica de la
voluntad popular, sino que son meras ceremonias en las que los poderes
fácticos reafirman y legitiman su control sobre la política nacional. Y
solamente el observador más ingenuo podría pensar que la nueva
integración del Instituto Nacional Electoral o la nueva reforma “ahora
sí” resolverían los graves problemas de ilegalidad, inequidad y fraude
institucionalizados.
Tampoco ayuda el hecho de que los
medios de comunicación dominantes jamás propician el debate informado,
sino que fungen como correas de transmisión para las opiniones del
poder. Los derechos a la protesta, a la reunión y a la petición
ciudadana también han sido cancelados por el régimen, como se evidenció
con la rotunda negativa del gobierno para debatir públicamente, de cara a
la sociedad, las reformas energéticas, de telecomunicaciones y
electorales.
México no cumple con los estándares
mínimos para ser considerado como un régimen democrático. Por lo tanto,
las luchas ciudadanas tendrían que orientarse hacia la transformación
integral del sistema de dominación y control que mantiene a más de 50
millones de mexicanos en la miseria y a todos en un total estado de
indefensión. No es suficiente cambiar de nombres a las mismas
instituciones de siempre o modificar artículos legales que jamás se
aplicarán. Tal y como lo señaló hace más de 50 años el gran maestro
Pablo González Casanova en su obra clásica La democracia en México, este
país solamente avanzará si logramos transformar la estructura de poder
social y política que subyace y controla desde fuera al sistema
institucional formalmente constituido.
Fuente : Proceso.
Autor : www.johnackerman.blogspot.com
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