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| Una protesta en contra de la trata de personas en Tlaxcala. Foto: Fernando Camacho |
Las medidas parecen enfocarse más en los países de destino de las víctimas, generalmente las naciones desarrolladas, a pesar de que el flujo de efectivo termina su ciclo en los sitios de origen, para seguir alimentando la actividad ilícita.
“Lo que más ha hecho falta es que haya investigación proactiva. Lo que esperan es identificar a la víctima y a partir de ahí diseñar una estrategia. Lo que hay que hacer es llegar a las cabezas y para eso se necesita investigación a mediano y largo plazos. Una de las líneas proactivas es el dinero. Otra es la gente, porque el tema de delincuencia organizada y trata no significa que sólo haya esos actores y las víctimas. En medio hay vínculos” con autoridades y otros participantes, dice a Apro Mónica Salazar, directora ejecutiva del
Colectivo contra la Trata de Personas.
En su Reporte sobre trata de personas 2014, divulgado el pasado 20 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos apenas aludió a la cuestión financiera de ese delito y se enfocó en la conversión de la víctima en sobreviviente.
El documento sólo alude a iniciativas que ya había citado en la versión de 2013. En una de ellas, la oficina del Fiscal de Manhattan y un conjunto de fundaciones e instituciones financieras trabajan con un grupo de bancos para identificar casos potenciales de trata de personas al analizar irregularidades y señales de alerta en transacciones financieras.
Asimismo, la Red de Combate a Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) lanzó un emprendimiento similar, junto con otras agencias estadunidenses, empresas, ONG y la academia, para diferenciar alertas financieras y proveer de lineamientos a las instituciones del sector sobre cómo detectar y reportar adecuadamente el tráfico de personas.
La Organización Internacional para las Migraciones define la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras fuerzas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
Lucro
La trata es la tercera industria criminal más lucrativa, detrás del narcotráfico y la piratería, con ganancias de unos 32 mil millones de dólares anuales y la esclavitud y explotación de unas 27 millones de personas en el mundo, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En América Latina esa cifra ronda las 250 mil personas, con ganancias para las bandas que rebasan los mil millones de dólares. La región es emisora y receptora de la trata, un delito en que República Dominicana, Brasil y Colombia son los principales países afectados.
Organizaciones como la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe estiman que más de 5 millones de personas han sido atrapadas por las redes criminales y otros 10 millones se encuentran en riesgo de caer en ellas.
El Departamento de Estado calcula que esa industria delictiva obtiene más de 30 mil dólares cada 30 segundos.
Como destino de las víctimas y centro de lavado de las ganancias de las agrupaciones criminales, Estados Unidos ha ejecutado en años recientes varios proyectos para combatir la arista financiera del delito.
Ese crimen está tipificado en la Ley de Protección a Víctimas de Trata. La Ley del Secreto Bancario requiere que las instituciones financieras detecten y prevengan el lavado de dinero. Las operaciones realizadas con ganancias de la trata de personas son consideradas como lavado de dinero.
La Agencia de Inmigración y Aduanas encabeza el Proyecto Activos, Dinero y Ganancias de Contrabandistas y Traficantes (STAMP, por sus siglas en inglés), enfocado en el decomiso de bienes ligados a organizaciones de trata de personas. Además, intercambia información al respecto con las empresas a través del Programa Cornerstone.
El Departamento de Estado refiere que la información recopilada de los gobiernos nacionales sugiere que las leyes son aplicadas de forma diferenciada entre los países. La falta de ejecución estandarizada hace el tráfico humano más fácil y más redituable, pues los criminales encuentran maneras de aprovechar regímenes de cumplimiento y combate débiles.
Escalada
El informe de mayo de 2013 de FinCen Revisión de la actividad SAR –consejos, tendencias y temas indica que la gran mayoría de los Reportes sobre Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) involucra potencial lavado de dinero como el primer tipo de actividad dudosa.
Entre enero de 2010 y febrero de 2013 FinCen recibió 11 mil 352 señalamientos de actividades sospechosas, de los cuales 7 mil 350 fueron de lavado de dinero. Le siguieron transacciones sin claros propósitos comerciales, transferencias sospechosas y manipulación de mercado.
El documento plantea la creación de un cuadro de opciones de verificación para que las agencias estadunidenses detecten más eficientemente actividades relacionadas con la trata.
La forma actual SAR sólo enlista fraude, lavado de dinero y actividad terrorista, pero no contiene una categoría separada para la trata de personas.
En los últimos años han aumentado notablemente los procesos y enjuiciamientos por trata de seres humanos, ya sea porque las autoridades estadunidenses son más efectivas en la lucha contra el delito o bien porque el fenómeno se ha agravado. Ese incremento se ha marcado desde 2009.
Ese año se registraron 5 mil 606 persecuciones penales en contra de tratantes, 4 mil 616 condenas y 49 mil 105 víctimas identificadas, según estadísticas del Departamento de Estado. En 2010, esos datos se situaron en 6 mil 17, 3 mil 619 y 33 mil 113, respectivamente.
Al año siguiente se produjeron 7 mil 206 encausamientos, 4 mil 239 sentencias y 41 mil 210 víctimas.
Las cifras no han parado de crecer. En 2012 se reportaron 7 mil 705 procesamientos, 4 mil 746 condenas y 46 mil 570 víctimas y, para 2013, esos números se situaron en 9 mil 460, 5 mil 776 y 44 mil 758, en ese orden.
Pero se desconoce las derivaciones financieras de esas medidas legales.
“Lo que se ve es la punta del iceberg. Si no se traza la cadena hacia atrás, no va a haber un combate eficaz. Si entramos a ver el circuito financiero, ahí es donde vamos a establecer toda la cadena. No es nada más el comercio sexual callejero porque hay oferta y demanda. Tenemos que hablar de dónde están esas ganancias, esa es la parte compleja”, señala Salazar.
Las debilidades en el combate al financiamiento de la trata equivalen a la violación del Protocolo para Reprimir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, complementario a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en vigor desde el 29 de septiembre de 2003.
El Grupo de Trabajo de Acción Financiera ha señalado que las operaciones financieras de trata de personas son similares a las de otras actividades del crimen organizado. Los traficantes usan frecuentemente empresas que privilegian el uso de efectivo, compañías de fachada, la mezcla de ganancias del delito con fondos legítimamente obtenidos, alias, prestanombres y documentos falsos para cometer sus crímenes.
El manual Actividad financiera sospechosa y trata de personas, elaborado por la organización no gubernamental Financiamiento contra la Trata, señala que las instituciones financieras deben preguntarse si la actividad es normal para la industria y la región y analizar series de transacciones, en vez de sólo una, para dilucidar si hay un patrón de trata de seres humanos.
Fuente : Proceso.
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