Actualmente, dice la especialista, 62 de cada 100 mexicanos carecen de seguridad social; uno de cada tres de cobertura en servicios de salud, y sólo 26% de la población de adultos mayores recibe una pensión derivada de una jubilación o retiro vinculada a un sistema relacionado.
En el ejercicio fiscal 2015, dice la especialista, el proyecto presupuestal considera cera de 160 mil millones de pesos para cubrir las pensiones de ese 26% de la población inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y más de 100 regímenes específicos de instituciones del rubro, entidades paraestatales, universidades públicas y planes como 65 y más, entre otras instancias y organismos.
Eso no es lo peor, Ramírez López afirma que en unas décadas los asalariados actualmente activos recibirán pagos menores al 35% de su sueldo base de cotización y tendrán que laborar 40 años para acceder a este derecho.
Actualmente, destaca que siete de cada 10 reciben una retribución menor a dos mil 500 pesos y 86 de cada 100 derechohabientes del ISSSTE cobran pensiones que no rebasan los tres mil 800 pesos.
En este contexto, añade, en el lapso 2007-2012 el pago de pasivos laborales creció 237%. Asimismo, la diferencia entre la suma de las aportaciones de trabajadores, empleadores y del Estado, frente a las obligaciones gubernamentales de pago de pensiones en curso, representó el 147% del PIB.
La investigadora de la UNAM refiere que en el periodo 1994-2014 se afiliaron al IMSS 7.1 millones de asegurados –84% permanentes y el resto, eventuales— y en promedio, se incorporaron 353 mil 902 trabajadores cada año. Sin embargo, sostiene, el país requiere un millón 200 mil plazas.
La académica prevé que al requerirse mil 250 semanas de cotización al IMSS para recibir el pago, muchos recurrirán a la mínima garantizada y se sumarán a los no afiliados acogidos al recurso de la mínima pensión universal, lo que a futuro provocaría el aumento de la deuda pública.
Sin acciones inmediatas, advierte, en las próximas décadas millones de mexicanos carecerán de pensiones dignas en su vejez y se acentuarán los niveles de pobreza en el país.
Las reformas emprendidas en los esquemas de pensiones, dice, derivaron en desequilibrios fiscales, endeudamiento público y dependencia del ahorro externo.
Además, dice, el modelo de cuentas individuales administradas por entidades privadas aumenta los riesgos de enfermedad, incapacidad, desempleo y bajos salarios, y no resuelve los problemas.
Ante esa situación, Verónica Villarespe Reyes, directora del IIEc afirma que un grupo multidisciplinario de académicos, formado en 2006, a partir de proyectos colectivos analiza los temas de cobertura, suficiencia, equidad y solidaridad, cuyos resultados están disponibles en distintas publicaciones para investigadores, profesores, alumnos, trabajadores y al público en general interesado en el tema. Fuente : Proceso.
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