Homero Ramos Gloria, procurador General de Justicia de Coahuila, dio los avances del caso de desapariciones masivas en Allende, Coahuila. Foto: Homero Aguirre
La dependencia aseguró que el número de desaparecidos no fue 300, como originalmente informaron algunas autoridades -entre ellas el alcalde de Allende, Luis Reynaldo Tapia Valadez-, sino 28; de éstos “se tiene la certeza jurídica” de que 11 (nueve varones y dos mujeres) fueron asesinados y calcinados para borrar “cualquier evidencia”.
El Ministerio Público solicitó a varios jueces un número no determinado de órdenes de aprehensión, pero en tres años sólo logró detener a cuatro personas; éstos son: María Guadalupe Avalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero, ex policías municipales, así como Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez, identificados como integrantes de la banda delictiva Los Zetas.
“Estas personas enfrentarán un proceso penal por el delito de secuestro calificado, con la modalidad de ocasionar un daño cometido en grupo y con violencia. La penalidad que pueden alcanzar es de hasta 45 años de prisión; respecto a dos de ellos (los funcionarios), el delito de secuestro calificado resulta agravado por haberse cometido al desempeñarse como elementos de seguridad pública en el momento de los hechos, por lo cual su sentencia puede llegar hasta los 50 años”, dijo en conferencia de prensa el procurador Homero Ramos Gloria.
Además de los 11 asesinados hay 17 personas no localizadas; de otras 15 personas se sabe que están en Estados Unidos, a donde huyeron para ponerse a salvo de la ola de violencia en Allende y otros municipios de la zona norte de Coahuila.
Fuente : Lajornada.
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