(Foto: Sanie López / CNN Español)
En el caso de la niña Mainumby, quien actualmente tiene 11 años y dio a luz hace unas semanas luego de que fuera violada a los diez años presuntamente por su padrastro, “lamentablemente el Estado paraguayo ha tenido una posición renuente ante la medida cautelar, tampoco ha acudido a la reunión de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; pensamos que está es una posición en la que no muestra una voluntad por parte del Estado, no sólo de reparar el daño ya hecho, sino comprometerse con políticas para evitar futuras situaciones”, señaló Elba Nuñez, abogada de la red feminista CLADEM.
En entrevista para Aristegui CNN dijo que “en Paraguay dos niñas por día están sufriendo lo que sufrió Mainumby, 684 niñas fueron las cifras del año pasado, este año hasta junio ya eran 700, es probable a que pasemos a tres niñas por día. Todos los casos son producto de abusos sexuales”.
“La obligación del Estado tendría que ser en medida de políticas para evitar embarazos en adolescentes, prevenir el abuso sexual”, insistió.
Explicó que “hemos estado en la audiencia, una reunión de trabajo en el marco de una medida cautelar del caso, teníamos planteado poder conversar con representantes del Estado en relación con el incumplimiento de la medida cautelar dictada el ocho de junio pasado. Y poder establecer compromisos de cuáles son las acciones que estarían realizando, en términos de garantizar atención a la salud, al derecho de la niña, una vida libre de violencia”.
“Estamos hablando de un caso en el cual en el que se produjeron daños irreparables, en el que el Estado paraguayo debería mostrar su compromiso. En reiteradas ocasiones recibió recomendaciones de comités de Naciones Unidas para revisar su legislación, pero no solamente es un caso en relación del derecho, de la autonomía sobre el cuerpo, estamos hablando del derecho de la niña a una vida libre de violencia, del derecho a no sufrir trato, inhumano, cruel y degradante, estamos hablando del derecho de recibir educación y continuar con su proyecto de vida”, agregó.
Ante la ausencia de representantes del Estado, dijo, “quedamos muy preocupadas, como las dos organizaciones (que siguen el caso), es un signo muy alarmante el hecho de que el Estado paraguayo no haya acudido a esta reunión de trabajo y recordemos que no solamente el Estado paraguayo está en deuda en términos de modificar su legislación punitiva del aborto, una deuda pendiente que tiene el Estado de incluso restituir la vigencia del marco rector de la educación de la sexualidad”.
La niña afectada “cursaba el sexto grado y no llevaba educación sexual. Hablamos de una problemática que afecta de manera grave”.
“Estamos hablando de sesgar el proyecto de vida de las niñas, o de las recién nacidas, estamos hablando de un Paraguay que efectivamente no está garantizando el derecho a una vida libre de vilencia”, dijo.
También “es un antecedente muy negativo, esperamos que en algún momento esta situación se revierta, con las recomendaciones… la CIDH tiene que constatar, el caso no es aislado, es un patrón de violación”.
La abogada de la familia y las organizaciones, están sufriendo una persecución, interferencia en las comunicaciones y amenazas de todo tipo , denunció.
Además acusó que “el Vaticano se ha hecho presente (en la reunión), esto también muestra alerta para el Estado paraguayo, porque constitucionalemente es un Estado laico, no puede intervenir ni la Santa Sede ni ninguna iglesia en un asunto de los derechos humanos”.
Por su parte Elizabeth Torales, abogada de la familia, indicó que “los hechos tomaron público conocimiento, no por las víctimas, sino porque autores estatales, como la fiscalía filtraron una noticia tan delicada como lo es cualquier procedimiento en el cual se encuentre involucrada una menor”.
Fue criminalizada la mamá de la víctima, “está con medidas ambulatorias que le impiden mudarse de domicilio, salir del país, porque ella está vinculada a un procedimiento en el cual ella había sido la demandante en 2013, en 2014 se desestimó la causa“.
“Cuando fue detectado finalmente, después de una peregrinación por cuatro hospitales, el embarazo de la niña, la madre (de Mainumby) fue inmediatamente criminalizada“, aseguró.
“En un primer momento la acusación iba más allá de la violación del deber de cuidado, sino también se le acusaba de complicidad en el abuso sexual, esa acusación ya fue descartada. Ya existen todos los elementos para desvincularla a la violación, puesto que ella ha demostrado que desde el año 2013 ha denunciado una situación y no ha recibido una solución ni investigación apropiada. También en el área médica ha sido detectada una situación”, detalló Torales.
Ante la representación del Vaticano en la reunión con la CIDH, comentó que tiene “gran preocupación, es un claro retroceso hacia una época que ya pasamos hace muchos siglos atrás, la señora a quien representó y la familia, están siendo perseguidas y acosadas por grupos identificados con la iglesia católica”.
“No puede la iglesia católica arrogarse ninguna obligación del Estado paraguayo”, sostuvo.
Fuente : Proceso.
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