Elementos de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, en coordinación con personal de la Policía Federal, cumplimentaron una orden de cateo otorgada por el juez 28 Penal, en el establecimiento mercantil, logrando asegurar a:
1) Ignacio Alcántara Cante.
2) Ezequiel Zamora Mayorga.
3) Andrés Rojas González.
4) Rosalinda León Avalos.
5) Sergio Ramírez Gorospe. La explotación sexual consistía en reclutar a las mujeres para prestar servicio como bailarinas; una vez contratadas, eran obligadas a ejercer el sexo servicio en un cubículo privado, ubicado al interior del bar. También salían del local para sostener relaciones sexuales en los hoteles del rumbo por espacio de 45 minutos.
Las ofendidas debían cubrir una cuota de consumo de bebidas alcohólicas e ingerirlas con los clientes, si no alcanzaban la cantidad requerida recibían una sanción económica. El copeo incluía bailes eróticos y permitir que los consumidores les hicieran tocamientos de índole sexual.
De igual manera, las víctimas debían realizar bailes privados en las mesas de los asistentes y ejecutar esta misma acción en la pista, por lo menos tres veces por jornada, debiendo quedar completamente desnudas.
De las declaraciones, se desprende que los administradores se quedaban con el mayor porcentaje del dinero obtenido por todos los servicios que realizaban las afectadas.
Al momento de realizar la diligencia de cateo se encontró a una víctima realizando el sexoservicio con un cliente en el área de privados. En el lugar se hallaron preservativos, por lo que se dio intervención a peritos en la especialidad de genética forense.
Las 47 mujeres rescatadas, originarias de México, Venezuela, República Dominicana, Honduras, Cuba, Colombia y Eslovenia, recibieron apoyo psicológico, médico y orientación jurídica. El dictamen de psicología forense determinó afectación y alto grado de vulnerabilidad, por lo cual la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad intervino para brindarles apoyo integral.
Como parte de las diligencias ministeriales, la Fiscalía aseguró el inmueble que será propuesto para la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio; recabó declaración a las víctimas, quienes previo reconocimiento en la cámara de Gessel formalizaron la denuncia y se ejerció acción penal contra los cinco imputados.
Los hombres fueron consignados al Reclusorio Preventivo Oriente y la mujer al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, a disposición del juez penal en turno, como probables responsables de delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual por prostitución ajena.
Fuente : Proceso.
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