Policías municipales de Morelia anuncian huelga. Foto: Enrique Castro |
En conferencia de prensa, Alejandro Hope, director de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad, detalló que en las 10 entidades analizadas se encontró que la información sobre el destino de los recursos asignados es limitada y, peor aún, que no existen criterios homogéneos.
“Nos queda claro que el gobierno mexicano simula muchas veces lo que está haciendo, simula los objetivos,
puede simular los programas, pero lo que no simula es gastar, eso sí lo hace muy bien, gasta mucho pero no sabemos cómo porque realmente está roto el sistema de rendición de cuentas”, añadió María Elena Morera, de Causa Común.
En el estudio “Rendición de cuentas en el uso de los Fondos Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal”, el Distrito Federal y los estados de Colima y Durango registraron el mayor nivel de cumplimiento, aunque no al 100%.
Y los que tuvieron elevados índices de opacidad fueron Guerrero, Morelos y Tabasco.
Según Hope y Morera, actualmente se destinan 140 mil millones de pesos para programas y estrategias en seguridad pública en el país, de los cuales 17 mil millones son transferidos a los estados y municipios 17 mil millones.
El director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que la investigación arrojó que existe incongruencia en las normas relacionadas con la suspensión de recursos del FASP, lo cual genera “incentivos perversos” que fomentan el “derroche”.
En tanto que María Elena Morera, de Causa en Común, indicó que el gobierno mexicano simula muchas veces “que lo que está haciendo, son los objetivos, en los programas pero en lo que no simula es en gastar, gasta mucho pero no sabemos cómo”.
“Al final de cada ejercicio fiscal conocemos el gasto total de las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades, sin embargo, no sabemos a qué rubros lo destinan porque sus cuentas públicas no están disponibles o no están desglosadas”, lamentó Hope.
Tampoco es posible conocer si existen funcionarios responsables por la deficiente aplicación de los recursos del FASP, completó Morera.
Fuente : Proceso
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