Veracruz, estado sin ley

Con el asesinato de Gregorio Jiménez suman ya 10 los periodistas ejecutados en el estado de Veracruz en lo que va de la administración de Javier Duarte de Ochoa. Otra de esas víctimas fue Regina Martínez, cuya muerte enlutó a Proceso. A raíz de la tragedia de Goyo, el gremio periodístico se unió para exigir la renuncia del gobernador priista, durante cuyo mandato en la entidad han imperado la violencia, la inseguridad y la impunidad.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Foto: Yahir Ceballos

XALAPA, Ver. (Proceso).- Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz, reportero de la fuente policiaca de los periódicos de Coatzacoalcos Liberal del Sur y Notisur, es el décimo periodista asesinado en los 38 meses que lleva al frente del gobierno de Veracruz el priista Javier Duarte de Ochoa, cuya administración se ha mostrado incapaz de enfrentar la violencia que envuelve a la entidad.
Los veracruzanos viven ahora –sobre todo en los últimos dos meses– entre levantones, asesinatos, secuestros, fosas clandestinas y tiroteos. La indignación ciudadana se refleja en marchas de familiares de los
desaparecidos, quienes repudian la ineptitud de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
La semana pasada se efectuaron tres protestas del Colectivo por La Paz, dos en Xalapa y una en el puerto de Veracruz. Además, luego del secuestro y ejecución de Jiménez de la Cruz, el gremio periodístico veracruzano encabezó marchas de repudio contra el gobierno de Duarte, su aparato de seguridad y su sistema procuración de justicia durante siete días consecutivos.
En Coatzacoalcos tuvieron lugar las protestas más airadas, pero en la capital estatal el rechazo fue más puntual: el miércoles 12 en la entrada principal del Palacio de Gobierno se colocó una cartulina que exigía “renuncia Bermúdez, renuncia Amadeo, renuncia Gina, renuncia Duarte, renuncia Macías, renuncia Namiko. Renuncien, renuncien”.
Se aludía al titular de la SSP, Arturo Bermúdez; al procurador Amadeo Flores; a la vocera del gobernador, Gina Domínguez; al propio mandatario; al diputado y empresario periodístico Eduardo Sánchez Macías –quien les aseguró a los reporteros que Goyo había sido rescatado con vida– y a la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Periodistas, Namiko Matsumoto, cuya oficina es un elefante blanco que le cuesta al erario 20 millones de pesos al año.
Ese mismo día en la red social Twitter la etiqueta #HastaQueRenuncieDuarte se convirtió en tendencia dominante entre periodistas tanto locales como del país entero y aun de Latinoamérica.
La versión de la PGJ asevera que el homicidio fue producto de una venganza por diferencias personales con Teresa de Jesús Hernández, dueña de un bar y quien según la dependencia les pagó 20 mil pesos a cinco sicarios para secuestrar, asesinar y luego sepultar a Jiménez de la Cruz en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1946, ya en circulación)