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| El dormitorio |
78% de la producción textil argentina está basada en la explotación de inmigrantes bolivianos y peruanos. Éstos viven hacinados en esos talleres clandestinos y ganan dos pesos por jornadas de hasta 12 horas. Se encuentran literalmente escondidos y, por miedo, vergüenza o resignación, se mantienen en silencio. Varios de ellos aceptaron hablar con esta reportera. Pidieron a cambio que sus verdaderos nombres se mantuvieran
en reserva, ya que son pruebas vivientes de cómo las fábricas registradas ante las autoridades sólo sirven como pantallas legales de los talleres clandestinos.
“No tienen capacidad de producción suficiente y subcontratan una amplia red de micro-estructuras de entre 10 y 20 personas”, afirma Ariel Leutier… Y Leutier sabe lo que dice: de 2006 a 2007 fue subsecretario de Trabajo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y como tal participó en allanamientos y clausuras de talleres clandestinos. Además, es autor de Esclavos, un libro centrado en este tema.
La pantalla legal es sin embargo relativa: la ley 12.713 de Trabajo a Domicilio establece que la marca es solidariamente responsable si sus proveedores subcontratan a talleres clandestinos.
Julia, de 30 años de edad, trabajó en un taller clandestino de 2004 a 2009. Cosía ropa para Le Coq Sportif, Adidas y Puma. En ese último año fue trasladada a la fábrica oficial Sport Tech, donde sigue hoy cosiendo la misma ropa.
—¿Cómo funcionaba el taller clandestino y cómo te enteraste del vínculo con la fábrica Sport Tech?—, se le pregunta.
—No era un secreto. Todos sabíamos que el corte llegaba de Sport Tech. Había que coser 12 horas al día. Ya estaba la marca bordada y todo. Éramos 20 personas, casi todas bolivianas, y el mismo número de máquinas para fabricar medias, trajes de baño y de fitness. También me acuerdo de las camisetas del River de Adidas: todas ‘originales’
—responde Julia, quien enfatiza la palabra ‘originales’, como si trabajar con este tipo de marcas representase una mejor reputación.
“Los dueños, una pareja argentina –prosigue Julia–, nos contaban que una vez acabada la ropa se la llevaban a su amigo Pablo Enrique, jefe de Sport Tech. Incluso un encargado de Sport Tech, Juan Carlos, vino un par de veces (al taller)”.
—¿Y qué pasó? ¿Cómo acabaste “transferida” a la fábrica registrada legalmente?
—Empleaban a chicos de 15, 16 y 17 años. Nos gritaban y nos pagaban cinco pesos por hora. Así que vino la organización no gubernamental La Alameda, luego la Gendarmería, y nos pusieron en blanco ¬—dice en referencia al proceso de legalizar dicho taller.
“Sin embargo –añade– el tallerista nos dijo que no le cuadraban los números con el seguro, la obra social y los impuestos; era mucho dinero y cerró el taller. Dijo: ‘Los que quieran irse conmigo vengan porque voy a abrir otro taller allá en provincia. Los otros pueden irse a la fábrica”.
Fue de este modo que ella entró a la fábrica, que produce para la marca Adidas. Julia asegura “tener conocimiento de la explotación de inmigrados en el sector textil en Argentina”, pero, señala, “un auditor visitó la fábrica y no detectó nada anormal”.
No obstante, Fernando Castillo, delegado sindical en aquella fábrica, comenta: “Debe ser ciego este auditor”.
La ONG que mencionó Julia interpuso en 2005 una demanda penal contra 106 marcas de ropa por el delito de reducción a la servidumbre de sus empleados. Obtuvo videos que sirven como pruebas. Esta “megacausa” se tramita muy lentamente. La primera sentencia tuvo lugar el 30 de diciembre de 2013. Estableció penas de entre nueve y 30 años de prisión a talleristas de firmas como Montagne y Kosiuko. La ONG agregó el año pasado a Zara en su lista.
“El caso Zara”
Una tarde de marzo de 2013, una pareja de costureros pasó por el comedor de La Alameda y dejó etiquetas de Zara junto con relatos espantosos sobre explotación laboral, maltratos y trabajo infantil, resume Gustavo Vera, titular de esa ONG.
Fidel, boliviano de 38 años, es uno de los costureros que sufrieron la explotación y decidieron rebelarse: hizo nada menos que 50 infiltraciones en talleres clandestinos y se encargó del caso Zara. Adaptó una cámara oculta en uno de los botones de su camisa y entró a uno de los talleres que producían para Zara como si estuviese buscando trabajo. Se quedó un par de horas para hacer una prueba de ingreso, el tiempo suficiente para grabar y tomar las etiquetas de Zara.
Ante el video tomado por Fidel y la mención de que existen varias causas judiciales, Félix Poza y Raúl Estradera, directores de Responsabilidad Social y de Comunicación, respectivamente, de Inditex –una de las compañías distribuidoras de ropa de varias marcas españolas, entre ellas Zara–, se mostraron “sorprendidos”.
Ambos dijeron que enviaron en seguida a un auditor a la dirección del taller clandestino y que “no había nada, era una casa”.
La reportera les preguntó si el auditor entró en la casa, ya que justamente los talleres están ubicados en viviendas. La respuesta no dejó lugar a dudas: “No entró. Una pareja les abrió la puerta, pero no íbamos a entrar en la casa de la gente”.
Ante las acusaciones de la ONG en cuestión –que consignan direcciones y nombre de proveedores acusados–, la firma Zara replica que hace acuerdos a nivel internacional y que tiene códigos de conducta y estándares globales. Aunque varias marcas aceptaron dar a la reportera una lista de sus proveedores, el grupo Inditex rechazó numerosas veces brindar esa información. Cuando sus directivos alegaron que querían mejorar la situación de los trabajadores, la reportera les preguntó si se pusieron en contacto con la ONG La Alameda, a lo que contestaron: “No, pero La Alameda tampoco se puso en contacto con nosotros”.
Respuestas similares ofrecieron las otras marcas: ninguna se puso en contacto con la ONG que las denunció legalmente, excepto Le Coq Sportif que lo hizo tras la investigación periodística. La marca francesa sostiene que “su socio argentino nunca supo de problemas con talleres clandestinos o subcontratación y no trabaja más con las fabricas incriminadas”.
La reina Máxima
Los trabajadores textiles se enfrentan con la corrupción que permea a todos los niveles: desde los policías que reciben mordidas hasta importantes funcionarios del gobierno de la ciudad.
“Me acuerdo que los dueños del taller pagaban a la policía para que no entrara. Cuando limpiaba la terraza, podía ver a los dueños dar plata a agentes de la policía, los que son de color azul, la patrulla de la Federal”, dice Julia.
Fernando Castillo, delegado sindical de la fábrica Sport Tech, colabora activamente con La Alameda y cuenta los peligros que entraña la denuncia de los abusos: “Caímos en una trampa en 2009 cuando recibimos la dirección de un supuesto taller. Los talleristas nos esperaban. Dejaron salir a las mujeres y a los niños, y le rompieron la cabeza a 13 compañeros. También estaba la Policía Federal, pero se alejó. La comisaría estaba al lado, a cuatro cuadras”, relata.
Mario Ganora, uno de los abogados de La Alameda, ha denunciado la complicidad de Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y la pasividad de Máxima, la reina consorte de Holanda, especialmente en torno del caso de Cheeky, la marca propiedad de la familia de la esposa de Macri y proveedora de ropa de las tres hijas de la reina.
El caso Cheeky se abrió con una infiltración de Fidel; de hecho fue la primera que realizó. “Tenía miedo, pero me dio coraje ver tanta gente en un espacio muy chico y húmedo. Dormían en el taller, en literas, y sólo había 50 centímetros entre la cama y el techo. No podían sentarse. No podíamos creer que una marca tan cara pague tan poco a los empleados”, cuenta Fidel.
Anteriormente La Alameda ya había interpuesto denuncias que implicaban a Máxima. En 2006 denunció a la diseñadora Graciela Naum, quien confeccionaba los vestidos de la entonces princesa. Las dos mujeres optaron por el silencio y la negación de los hechos hasta que Naum ofreció una entrevista que fue portada de la Revista Veintitrés, en donde admitió: “Me di cuenta que pasaban cosas terribles que uno las veía, pero no las miraba. Todo el trabajo en el mundo de la moda es temporal, todo está diseñado para que el empresario haga las cosas con el menor compromiso posible: económico, social, humano. Uno piensa: ‘si hago las cosas bien me va a salir más caro, voy a perder precio respecto a mi competencia porque todos los demás están trabajando sin pagar sus impuestos’”.
Por esas fechas Máxima –quien nació y creció en Buenos Aires– cambió de diseñador y eligió a Benito Fernández, a quien La Alameda también acusó de usar talleres clandestinos y cuya mano derecha lo denunció ante la justicia por el pago de mordidas a la Dirección General de Impuestos (DGI), evasión de impuestos y trabajo esclavo.
Las acusaciones contra Macri también tienen varios capítulos y Cheeky está en el centro de la tormenta. A Ganora le preocupa “porque hay una relación muy directa entre esa firma y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La firma es propiedad de la familia de su cuñado, Daniel Awada, imputado por reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”, afirma.
Vera, quien además de ser director de La Alameda es legislador porteño, fue un paso más allá y este año denunció prácticas de encubrimiento del gobierno local.
Pero todos esos casos judiciales han quedado congelados, a pesar del notorio interés del Papa Francisco, quien envió un saludo a los miembros de La Alameda y a los costureros despedidos de Cheeky, los cuales pasaron la nochebuena acampando en la puerta de la fábrica, reclamando sus salarios e indemnizaciones.
Lo más sorprendente es, tal vez, la propensión de las víctimas a aceptar como “normal” este tipo de situación. Por ejemplo: un tallerista y sus empleados pueden jugar futbol un domingo cualquiera, mientras el resto de la semana el primero puede esconder las llaves de las puertas de entrada para asegurarse de que los segundos trabajen hasta 14 horas por jornada sin posibilidades de salir a ver el sol….Todo se normaliza. Sólo importa el futbol.
Fuente : Proceso.
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