Ese lunes 29 de septiembre, cerca de las 21:30, su hermano bajó a atender el brusco llamado.
–¿Por qué no utilizas tu llave? –cuestionó, pero no obtuvo respuesta.
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| La colonia Lomas de San Pedrito Peñuelas, en Querétaro. Foto: Libertad de Palabra |
Graciela de la Torre, una mujer de 34 años, colgó el teléfono al instante. Angustiada, miró a su hija y le preguntó qué había ocurrido.
Con lágrimas en los ojos, Jessica empezó a detallarle cómo, minutos antes, en el trayecto de su escuela a la casa, unos hombres intentaron subirla por la fuerza a un automóvil rojo.
Le relató que el carro se atravesó frente a ella a la altura de un Oxxo. Que dos hombres descendieron y uno
la sorprendió jalándola de la mochila, mientras el otro intentó levantarla de ambas piernas.
Sin embargo, ella se resistió con todas sus fuerzas. En medio del forcejeo, logró liberar una de sus piernas y observó cómo otra mujer, que pasaba por el lugar, la tomó del brazo y comenzó a pedir ayuda a gritos, lo que terminó por hacer huir a sus atacantes.
“¡Pinches putas!” escuchó que les dijeron antes de marcharse.
Preocupada, la madre de Jessica contactó por teléfono a la policía. Les narró lo sucedido y consideró salir a buscar a los agresores de su hija, pero no lo hizo porque le sugirieron esperar.
Un agente acudió a su domicilio, escuchó el relato de Jessica y le recomendó a su madre denunciar el hecho por lo reiterado de los casos, según le dijo, en esa zona.
Más tarde llegaron otros policías de esa corporación, ahora de la Unidad Especializada en Atención a las Víctimas, que de nueva cuenta pidieron a Jessica narrar lo ocurrido.
Ahora el relato fue realizado sin que estuviera su madre presente.
Después le dejaron unos trípticos sobre “problemas mentales” y “violencia intrafamiliar”, además de recomendarles acudir a la Agencia IV para denunciar.
Esa noche Jessica no pudo dormir. Su madre recuerda que una parte de la madrugada la menor se recostó al lado de ella; el resto, cuando su hija se pasó a su cama, la miró inquieta girando de un lado a otro.
Graciela lo recuerda con claridad porque tampoco pudo conciliar el sueño.
Lo que no han logrado evadir, ella y su madre, es la indiferencia de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Desinterés
Sentada a las puertas de la Agencia IX del Ministerio Público de Querétaro, al norte de la ciudad, Jessica repasa sus notas sobre la clase de Lectura y Redacción, mientras espera que la llamen para dar su declaración.
Minutos antes le suplicó a su madre que se fueran de ahí. Y es que, ambas mujeres, ya se habían trasladado a la Agencia IV, como les indicaron, donde les negaron iniciar una averiguación previa después de escuchar a Jessica.
Ahí, en lugar de una averiguación previa sólo iniciaron una “constancia de atención”, en la que les sugirieron trasladarse a la Agencia IX, al otro extremo de la ciudad, o a la agencia ubicada en Sendero, que les quedaba todavía más lejos, si deseaban iniciar una denuncia.
En la Agencia IX, Graciela le insistió a su hija que debían dar parte a las autoridades y que ella debía declarar nuevamente.
“Te prometo que será sólo una vez más”, dijo a la joven, quien para ese momento ya había narrado lo que vivió al personal de la Agencia IX –que en breve tomaría su declaración formal–, también al personal de la Agencia IV, a los policías de la Unidad Especializada para la Atención a Víctimas, al primer uniformado que acudió a su domicilio y a su madre.
Cuando llegó su turno, Graciela recuerda que el personal de la PGJE le habló en tono áspero a su hija, quizá porque sabían de su renuencia a declarar.
–Me vas a hablar fuerte y me vas a hablar claro porque no te escucho –dijo una mujer a la menor.
Entre lágrimas, Jessica describió por sexta ocasión el episodio que vivió.
Su entrevistadora le preguntó cuál había sido su última clase antes de abandonar la escuela y dirigirse rumbo a su casa el día de la agresión. Además, cómo sabía que eran hombres sus agresores si no pudo identificar sus características, entre otros detalles.
Jessica respondió como pudo a todos los cuestionamientos.
Cuando el personal de la Procuraduría preguntó sobre alguna lesión en su cuerpo, las marcas de su piel hablaron por sí solas: tres moretones en una pierna y dos más en un brazo. Además de que ella agregó el dolor en ambos brazos.
Una vez concluida su declaración, le entregaron algunos oficios a su madre, los cuales indicaban que debía llevarlos a otras instancias de la PGJE, en la colonia Casa Blanca y en la colonia Misiones, para continuar el caso.
Graciela lo hizo el mismo día, pero la respuesta de la autoridad ha estado marcada por el desinterés para investigar el asunto.
A la altura de este sitio fue donde un par de sujetos cometió el intento de rapto.
Por Su Cuenta
Después de presentar su denuncia en la Agencia IX, Graciela realizó el recorrido que hizo su hija al salir del colegio, hasta el sitio donde estuvo a punto de ser raptada.
Observó que a menos de 100 metros del lugar donde fue atacada hay unas cámaras de la Policía Municipal, frente a un Cobaq que está en esa zona.
No sólo eso, Graciela logró identificar que justo enfrente del lugar donde su hija fue atacada, hay un negocio que tiene cámaras enfocadas hacia el lugar de la agresión, ubicadas a menos de 15 metros.
Por ello solicitó a los propietarios poder revisar el video –que le dijeron borran cada 30 días– sin éxito, por lo que notificó a las autoridades de la PGJE lo que pudo averiguar.
Ese mismo día por la noche también llevó los oficios que la agente del Ministerio Público, María del Carmen Carrera Samperio, le entregó, dirigidos a otras áreas de la Procuraduría.
En la Dirección de Servicios Periciales, donde la agente solicitó el apoyo para determinar el daño emocional, conductual y cognoscitivo de Jessica, la menor tuvo que contar nuevamente lo que vivió.
Después le dieron cita para el 15 de enero del próximo año.
Incluso, la persona que la atendió sugirió que, si podía, la llevara con un psicólogo particular.
Sobre el certificado previo de lesiones, la petición que hicieron a Jessica fue que dijera las lesiones que tenía, además de que solicitaron a su madre que ingresara al baño de la Agencia y revisara el cuerpo desnudo de Jessica, por si descubría alguna otra lesión.
En la Dirección de Prevención del Delito y Asistencia a la Víctima, donde fue solicitado el apoyo de un psicólogo para brindar apoyo y asistencia integral, les dijeron que ellos las llamarían.
En ambas áreas les sellaron los oficios y les indicaron que los regresaran a la Agencia IX.
Han pasado quince días y después de la declaración de Jessica, su averiguación previa, la IXD/2626/2014, no registra más movimiento.
Su madre ha estado al tanto, pero ve que los avances son nulos. Las autoridades no han solicitado las grabaciones de las cámaras de la zona y ni siquiera han preguntado a los posibles testigos del hecho.
Es por ello que ella quiere que la agresión a su hija se investigue para que no viva algo parecido alguna otra estudiante del Cetis 16, del Cobaq 13 o de la UTEQ, instituciones educativas ubicadas en esa zona.
“Fui a ver a la mamá de la niña pero dice que no quiere problemas y que su hija está muy chiquita para declarar”, comentó.
La madre de Jessica está inquieta porque sabe que los reportes oficiales más recientes hablan de 200 personas desaparecidas en Querétaro, y uno de ellos, Héctor Rangel Ortiz, fue su compañero de escuela.
Graciela quiere que las autoridades investiguen y recobrar así su tranquilidad, busca que Jessica esté bien. Nada más.
Fuente : Proceso.
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