La organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 fue un fracaso en muchos niveles: no hubo villa para los atletas, México no imperó en el medallero, la inseguridad fue moneda corriente… Y el desastre no termina. A ocho meses de que el certamen concluyera, aún hay millonarias deudas por parte de las autoridades veracruzanas y de empresarios vinculados a su administración. Como siempre, los más afectados son los trabajadores. Y como es costumbre en el gobierno de Javier Duarte, la opacidad y el ocultamiento de cifras son la norma.
Inauguración de los Juegos Centroamericanos en Veracruz. Foto: Yahir Ceballos
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A ocho meses de que concluyeran los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC, conocidos como “Juegos del Hambre”), el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa debe hasta el pebetero y las 250 antorchas utilizadas, que a la postre el mandatario repartió entre familiares, amistades, políticos y empresarios.
Los adeudos del gobierno veracruzano con diversas empresas, entidades privadas y colaboradores temporales son incalculables. Los reclamos no cesan. Una muestra de lo anterior ocurrió semanas atrás: La Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa y la Región lanzó una campaña mediática en protesta por los débitos que la entidad mantiene.
Genera Producciones, una compañía de outsourcing responsable de allegarle colaboradores al gobierno veracruzano durante el certamen, también incumplió con los pagos de miles de trabajadores eventuales. Y a la fecha sigue sin entregarles sus sueldos de uno o dos meses de trabajo.
Algunos excolaboradores de Genera Producciones de plano desistieron de su batalla legal contra el empresario de origen argentino Gustavo Ruiz, dueño de dicha compañía, al considerar que a estas alturas resulta más costoso cubrir los honorarios de sus abogados, pues la mayoría provenían de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.
La empresa MOVI, que rentó mobiliario y equipo técnico para diversas instalaciones deportivas, entre ellas el Complejo Omega, prefirió llevarse sus aparatos y de paso arrebatar mobiliario propiedad del Estado por falta de remuneración.
Paralelamente, el Gimnasio Omega, en Xalapa, donde se efectuaron las pruebas de tenis de mesa y bádminton, presenta daños en la duela, que fue arrancada. Ante esto, la administración duartista decidió convertirlo en sede de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), para evitar que el lugar fuera considerado un elefante blanco.
Peor aún: otras instalaciones ya han sido privatizadas, como el Centro de Raqueta Leyes de Reforma, donde se cobran 500 pesos a los interesados en tomar dos clases a la semana. Lo mismo ocurre en los centros de boliche. La alberca que se construyó, en tanto, está en el abandono, y el agua ya adquirió un tono verdoso por falta de mantenimiento.
Otros pasivos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) afectan a los basquetbolistas profesionales de Halcones Rojos y Halcones de Xalapa, quienes desde marzo pasado se han quejado en las redes sociales por el adeudo de tres meses. En protesta, decidieron no presentarse un día a los entrenamientos en plenas semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).
Ambas quintetas fueron designadas por el gobierno de Duarte de Ochoa “embajadoras y promotoras” de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014, certamen con el que dio inicio el ciclo olímpico rumbo a Río de Janeiro 2016.
A lo chino
Transcurridos más de 200 días de la clausura del certamen, ocurrida en noviembre pasado, la entidad todavía adeuda 50% de un contrato superior a 200 mil dólares (más de 3 millones de pesos) por la compra del pebetero, el emblema del torneo, además de 250 antorchas que fueron empleadas durante el recorrido de la flama centroamericana.
Una cuarta parte del referido contrato (que es administrado por la empresa de outsourcing CREE, propiedad del secretario de Turismo del estado, Harry Grappa Guzmán –quien también controla otros consorcios que proveen al gobierno de Duarte), se pagó a una compañía china de manufactura, en enero de 2014.
Otro 25% se cubrió tres semanas antes del inicio de los Juegos. Pero el 50% restante no ha sido saldado.
El pebetero y las antorchas llegaron al puerto a principios de octubre pasado. La empresa china contratada por CREE amagó en un principio con no entregar el equipo si antes el gobierno de Duarte no “liberaba” ese 50% restante, aseguran comisionados del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) y exempleados del Comité para la Organización de los Juegos (Cover), que aceptaron hablar a condición del anonimato.
Bastaron “unas llamadas al gobierno federal y a las autoridades portuarias para traernos el pebetero y la antorcha ‘a lo chino’, nada más con 25% de lo pagado. Batallamos durante días sin encontrar la manera de cómo hacerlas funcionar y encenderlas. Los instructivos venían en chino y se tuvo que cumplir el contrato a la mitad para que nos enviaran a dos chinos a capacitarnos”, recuerda uno de los comisionados del IVD entrevistados para este reportaje.
Los asiáticos permanecieron 10 días en Veracruz. “Los empleados de la empresa oriental esperaban y presionaron por el finiquito, que jamás llegó. Les estuvimos dando largas. Simplemente cumplimos con la instrucción de Harry Grappa y de Brenda Tubilla (prima de la esposa del gobernador Duarte, Karime Macías). Los chinos se regresaron con las manos vacías”.
Una vez que las 250 antorchas desfilaron por el Distrito Federal, Estado de México, Puebla y varias localidades de Veracruz, relatan los empleados, varios de estos objetos fueron enviados “como regalos” a familiares, políticos, empresarios y amigos del gobernador Duarte y del propio Grappa.
A la fecha, “los chinos continúan telefoneando a la Secretaría de Turismo, a la Sefiplan, a los de CREE… A todos en general”.
“Los quejosos exigen su pago, pues realizaron su trabajo, pero resulta que algunos funcionarios de alto nivel ya ni siquiera contestan el teléfono”, revela un comisionado del IVD.
Los informantes revelan que a una veintena de empleados todavía se les adeudan los sueldos. “El Cover ya fue desintegrado y ahora (en el IVD) tenemos de jefe a Carlos Sosa (exdirector del Cover). Definitivamente, algunos compañeros ya perdieron la esperanza de cobrar su parte”.
Para colmo, el gobierno de Duarte tendrá que desembolsar 11 millones de pesos al corporativo Autobuses de Oriente (ADO) en el presente mes, como finiquito de un pago total de 24 millones de pesos por la renta de 186 autobuses de lujo y 35 camionetas Mercedes Benz, que operaron en las subsedes del torneo: Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y Tuxpan.
El contrato también incluye la renta de camionetas Splinter para trasladar alimentos, guardias y voluntarios de los JCC. Si Duarte no cumple el compromiso, el corporativo del transporte reactivará una denuncia civil. “Está la promesa de pagar en julio. Sólo restan 11 millones de pesos”, informó la gerente de ADO Región Golfo-Centro, Virginia Moreno Villalbazo, en entrevista con reporteros de Veracruz-Boca del Río.
El derroche
El costo total de los Juegos Centroamericanos ascendió a 3 mil 176 millones 100 mil pesos, con aportaciones de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el gobierno de Veracruz, según lo reveló el actual titular de la Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo.
El corresponsal de Proceso en Veracruz solicitó entrevistas con funcionarios de la Sefiplan, el IVD y la Secretaría de Turismo para conocer las consecuencias financieras del certamen. Nadie ha respondido.
Con anterioridad, Carlos Sosa –quien fungió como director del Cover durante los JCC y que ahora está al frente del IVD– aseguró que todos “los pasivos” serían subsanados por la Sefiplan. Asimismo, garantizó que entre abril y mayo las instalaciones serían entregadas a patronatos, alcaldías o dependencias estatales, pues el Cover sería desincorporado y todos los bienes muebles e inmuebles y deudas pasarían a la Tesorería del Estado.
Entre mayo y junio, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa y la Región, Reynaldo Quirarte, se quejó de que la Secretaría de Turismo y la Sefiplan todavía adeudaban “importantes cantidades” por el hospedaje de atletas, delegados e invitados especiales.
Lamentó que derivado de estos débitos, y otros que se arrastraban de años anteriores, varios hoteleros afrontaban problemas para costear el salario de sus empleados, además del pago de sus impuestos. Sin embargo, en la última semana de junio, el hotelero matizó su discurso, pues ya avizoraba “un pronto arreglo”.
En diciembre pasado, medios veracruzanos publicaron que Genera Producciones, encargada de diversas áreas de servicio durante los JCC, le debe a 6 mil personas. Aunque se han organizado manifestaciones por este asunto, e “incluso golpes entre los representantes y los afectados, la empresa no se ha ido de Veracruz ni se irá; se encargará de la organización del Carnaval de Veracruz 2015”, consignó el portal alcalorpolitico.com.
A finales de 2014, empleados temporales de Genera Producciones grabaron la conversación que sostuvieron vía Skype con el propietario de la firma, Gustavo Ruiz, quien les garantizó el pago. “Genera Producciones soy yo, es mi empresa. Tenemos ocho años trabajando. Cerramos cada año sin deudas, y este año va a ser igual”.
Ruiz atribuyó su incumplimiento a un error de comunicación con los empleados, pero sobre todo arguyó que el gobierno veracruzano “cortó el flujo de los recursos una semana antes de finalizar los Juegos”. No obstante, dijo que en la primera semana de diciembre se les pagó a los que menos cobraban: “Las embajadoras (menores de edad cuya verdadera función nunca se supo a cabalidad), a la gente de la cocina, y se les dio 50% a los conductores. En total se utilizaron 53 camionetas”.
Según Ruiz, en la segunda semana de ese mes se saldó el 50% restante a los conductores, y se liquidó a la gente de montaje y cargadores. “La tercera semana, que es ésta, se les pagará a todos los que faltan, equivalente a 40% de la gente, donde entran ustedes”, garantizó. Pero ese día nunca llegó.
El hombre de negocios reconoció que aún estaba pendiente pagar a mil 750 personas. “En Genera somos 40 familias que vivimos de esto. Nos encanta lo que hacemos y no vamos a huir por lo que sea. Conozco un montón de gente a la que no le he quedado mal en mi vida y no voy a quedar mal ahora”, alardeó. “A la gente lo único que le interesa es su dinero y se acabó. La realidad es que ni nos escondemos”.
Relató también que su empresa cerró sus oficinas en Veracruz porque el asunto se tornó delicado: “Amenazaron a las chicas que estaban renunciando. La misma semana que cobraron los de montaje llegó gente con palos y no las dejaban subir a las camionetas. Realmente íbamos a llegar a una situación que no tenía por qué pasar”.
Y también despotricó contra el director del Cover: “Sosa no corta ni pincha nada. A Carlos Sosa lo pusieron por un compromiso político, y nada más. El señor sólo ha estado en una sola reunión cuando se toca el tema del dinero, porque él no decide nada. El gobernador designó directamente al secretario de Turismo como su brazo derecho dentro de su grupo de confianza para supervisar estos Juegos desde enero. En ese momento decidieron poner a Sosa como una figura del deporte en Veracruz, pero no tiene ningún peso político ni nada”.
Así que pidió calma a sus colaboradores. Les dijo que, si acaso no le pagaba el gobierno de Veracruz, ya estaba tramitando un crédito de 5 millones de pesos con Banamex. “Quédense tranquilos, porque para nada está en juego el dinero”.
Los trabajadores todavía le propusieron a su entonces patrón presionar a través de los medios de comunicación, “porque nos queda muy claro que el gobierno es el que le debe. Podemos presionar, si eso ayuda”.
Ruiz se ufanó: “Tengo amigos que trabajan en la producción con Carmen Aristegui. En realidad me pondría el pie yo solo, porque soy un proveedor (del gobierno de Veracruz) desde hace tres años y me quedan dos años más todavía. Les trabajo para (La Cumbre de) Tajín, el carnaval…”.
Fallas de origen
En diciembre de 2014, Proceso tuvo acceso al informe de la Cuenta Pública 2013, que arrojó que la extinta Secretaría de Comunicaciones invirtió más de 55 millones de pesos en dotar de infraestructura al desarrollo habitacional Cristal Lagoons en la congregación Mata de Pita, proyecto fraguado para las Villas Centroamericanas, abortado en vísperas de los JCC.
Pero el Órgano de Fiscalización (Orfis) advirtió que la constructora ARA, responsable del proyecto, “no ha cumplido con la recuperación” de la aportación convenida entre el gobierno y la iniciativa privada.
Los 55 millones de pesos fueron invertidos en obras complementarias, consistentes en la edificación del canal Mata de Pita, vialidad de acceso al desarrollo ARA Cristal Lagoons Veracruz, y tres colectores pluviales. Sin embargo, tras interrumpirse el proyecto, la administración estatal “no ha recibido la recuperación de la aportación”.
En su observación número FP-016/2013/019, el Orfis advirtió que el “convenio de colaboración” celebrado por la Secretaría de Desarrollo Social y la Inmobiliaria Globo, S. A. de C. V., mediante la subsidiaria Constructora y Urbanizadora ARA, S. A. de C. V., no se cumplió a cabalidad. Eso significa que ni hubo villas centroamericanas ni se reintegró el dinero destinado a edificarlas.
Como colofón a la cuestionada organización, en enero de 2015 y en la Gaceta Oficial del Estado (número extraordinario 96), se dio por finiquitado el Fideicomiso de los JCC y el Cover.
De esta manera, todos los pendientes, pasivos y bienes muebles e inmuebles pasaron en automático a ser responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Con estas desincorporaciones, los JCC quedaron en total opacidad. De manera tibia, el integrante de la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso local, el panista Alejandro Zairick, se quejó de la “falta de transparencia” y “opacidad” en el manejo tanto de recursos como de pasivos que mantiene el estado por la organización de los JCC. (Con información de Jorge Covarrubias).
Fuente : Proceso.
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