Los cuerpos de civiles abatidos durante el enfrentamiento en Michoacán. Foto: AP
“Existe evidencia de que en los dos episodios ocurridos en el estado de Michoacán en 2015, en los que murieron al menos 50 civiles, miembros de la PF habrían cometido ejecuciones ilegales”, sostiene el comunicado de HRW.
La organización internacional con sede en la ciudad de Nueva York aclara que las evidencias que corroboran las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos de la PF provienen de personas que atestiguaron los incidentes.
“Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad”, sentenció Daniel Wilkinson, director gerente de la División de las Américas de HRW.
En el caso de Apatzingán, ocurrido el 6 de enero pasado, HRW puntualiza que “al menos” ocho civiles fueron ejecutados por la PF cuando los agentes dispersaron un plantón formado por grupos de autodefensa ciudadana.
Respecto del caso de Tanhuato, ocurrido el 22 de mayo anterior, la agrupación defensora de derechos humanos indica que la ejecución de 42 civiles se suscitó durante un operativo de la PF en un rancho presuntamente ocupado por un grupo del crimen organizado. En ese enfrentamiento también falleció un policía.
“En ambos casos varios testigos indicaron haber visto a policías ultimar con disparos a civiles que no estaban armados, cuando ya habían concluido los primeros enfrentamientos”, subraya HRW.
Wilkinson resaltó que aun cuando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defiende a la PF al asegurar que sus elementos actuaron correctamente en los dos incidentes en Michoacán, los relatos de los testigos “claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”.
La agrupación enfatizó que a más de nueve meses de lo ocurrido en Apatzingán y a cinco de lo de Tanhuato, ningún policía ha sido consignado por su actuación indebida.
Y advirtió que el gobierno de Peña Nieto sostiene el argumento de que en los dos casos la PF operó correctamente e insiste en presentar a los civiles muertos como “agresores”.
“Un hombre de 19 años que resultó herido en el incidente de Apatzingán dijo a HRW que policías federales abrieron fuego contra civiles que no estaban armados, dispararon a dos de ellos en la cabeza mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse y luego colocaron armas junto a sus cuerpos”, se precisa en el comunicado.
También se destaca que HRW consiguió la “declaración escrita” de otro testigo y “una entrevista grabada” que un tercer testigo ofreció a una periodista y que confirma la versión sobre las ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, en una entrevista grabada, un médico que atendió a personas heridas durante el incidente confirmó a los medios que algunos policías no permitieron que los lesionados recibieran atención, motivo por el cual falleció otra persona.
“En el caso de Tanhuato, un investigador de derechos humanos, que ha pedido que su identidad se mantenga bajo reserva, entrevistó exhaustivamente a tres personas que presenciaron los hechos.
Según dijo el investigador a HRW, las tres personas informaron que, después de la balacera inicial, varios policías habían ultimado con disparos a personas que estaban escapando del lugar o estaban bajo custodia policial”, se explica en el comunicado de prensa.
La agrupación reseña lo que días después de lo ocurrido en Apatzingán dijo a los medios de comunicación el entonces comisionado Alfredo Castillo, en el sentido de que los ocho civiles muertos fueron víctimas del fuego cruzado.
HRW también da a conocer que, ocho meses después de este incidente, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) se reunieron con ellos y les entregaron un copia del video donde supuestamente se observa la legítima defensa de la PF ante presuntos ataques.
Sobre lo que ocurrió en Tanhuato, en mayo pasado, HRW rememora lo que informó Alejandro Rubido, el excomisionado nacional de Seguridad, pocas horas después del enfrentamiento: la PF se enfrentó a tiros por tres horas con una banda criminal (presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación).
“Rubido descartó la posibilidad de que los policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales, y aseveró que el saldo desigual de civiles y policías muertos se debía a la capacitación superior de las fuerzas de seguridad”, recuerda HRW.
Además anota que pese a que otros organismos multilaterales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han denunciado que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano continúan cometiendo graves violaciones a derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, el gobierno de Peña Nieto opta por negar todo lo que se señala sobre ello.
“Es la misma actitud que vimos el año pasado ante Ayotzinapa y Tlatlaya… y sugiere que el gobierno todavía no está dispuesto a abordar seriamente la crisis de derechos humanos en el país”, insistió Wilkinson.
Y ante la cerrazón del gobierno de Peña Nieto por aclarar los casos de Apatzingán, Ayotzinapa, Tanhuato y Tlatlaya, HRW pide que se forme una comisión independiente que se encargue de investigar y esclarecer estas masacres.
Fuente : Proceso.
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