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| Un mapa de las mineras tóxicas durante una protesta en el Senado. Foto: Octavio Gómez |
El defensor denunció que la actual administración tiene “como una prioridad destinar recursos y una fuerza militar para la protección de intereses privados”, lo que explica el incremento preocupante de agresiones a defensores ambientales.
Cerami explicó que de los 109 casos registrados por Cemda, 75 se refieren a amenazas (personales, telefónicas o electrónicas), 25 agresiones físicas (personales o en grupo), 19 casos de enjuiciamiento arbitrario, 17 detenciones ilegales (durante manifestaciones o vía pública), tres casos de difamación contra organizaciones no gubernamentales y dos de uso indebido de la fuerza.
El defensor alertó que desde que Cemda arrancó el ejercicio de registro de ataques a defensores del medio ambiente, en 2010, el número ha ido en preocupante ascenso: en el año 2010 se registraron 10 ataques, en 2011 16, al año siguiente 23, para 2013, en pleno ejercicio del gobierno de Peña Nieto, 53 agresiones, durante 2014, 87 agresiones, en tanto que en los primeros seis meses del presente año la cifra de ataques es ya de 60.
Cerami consideró que dado el interés por impulsar las reformas estructurales, sobre todo la energética y la minera, “la normativa legal reduce las posibilidades de defensa territorial por parte de las comunidades, mientras que favorece las formas de acaparamiento del territorio, que son formas que no respetan plenamente los derechos humanos, ni el derecho a la información, ni el derecho a la participación”.
Tras recordar que dos días después de avaladas las leyes secundarias de la reforma energética se aprobó la creación de la Gendarmería, con el objetivo de “proteger intereses privados”, como uno de sus tres fundamentos, Cerami agregó que los tres estados con mayores agresiones a los defensores es Sonora (con 16), Oaxaca (13) y Estado de México (12).
A esas entidades le siguen Guerrero (nueve casos), Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla (con ocho casos cada uno), Distrito Federal (seis), Morelos (cinco), Veracruz (cuatro), Sinaloa (tres), Michoacán (dos), en tanto que Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Yucatán y Tlaxcala, registran un caso de ataques cada uno.
De los 109 ataques reportados por Cemda, 21 casos estuvieron dirigidos contra la comunidad y 17 contra organizaciones no gubernamentales, siendo los megaproyectos que involucran la disputa por el agua la que tiene mayores incidencias con 27 registros; 16 en proyectos hidroeléctricos, 13 en proyectos mineros, 11 en inmobiliarios, 10 en casos de despojo de tierras; ocho en proyectos eólicos, siete de infraestructura (principalmente carreteras), tres por proyectos turísticos, dos de contaminación, dos en proyectos forestales y uno sobre una termoeléctrica.
El informe de Cemda resalta que en 49 de las 109 agresiones no se identificó al autor de las mismas, en 37 se atribuyeron a autoridades, en 13 a miembros de comunidad identificadas a favor del megaproyecto en conflicto, en siete a personas relacionadas con las empresas promotoras de proyectos y tres a personas vinculados a delincuencia organizada.
Cerami destacó que mientras organizaciones sociales y la revisión hemerográfica reportaron al menos 200 casos de agresiones en los últimos tres años, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos Periodistas de la Secretaría de Gobernación, sólo dan protección a 27 solicitudes de defensores ambientales.
Al respecto, Michael Chamberlain, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y miembro de la sociedad civil del Consejo del Mecanismo, reconoció que buena parte de la diferencia de cifras se explica por “la falta de confianza de los defensores a la instancia gubernamental”.
Tras reconocer la falta de información sobre la operación del Mecanismo, Chamberlain señaló que de las 450 personas inscritas al Mecanismo, el 60% corresponde a defensores en general, entre ellos a comunidades completas que se oponen “a la política de despojo que acompaña el impulso de los megaproyectos y de la explotación de recursos naturales”.
Al señalar que cada nueva integración de defensores al Mecanismo, “evidencia el fracaso del Estado mexicano para brindar garantías de seguridad a los defensores”, Chamberlain puntualizó que entre los temas más álgidos analizados en el Mecanismo se refiere a defensores del agua así como a los defensores de los bosques.
Fernando Ríos, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), resaltó que el informe de CEMDA es “una radiografía de la crisis de derechos humanos desencadenada por la política económica de la actual administración, contra los grandes colectivos” que se oponen a los megaproyectos.
Ríos apuntó que muchos casos de amenazas y otro tipo de agresiones de defensores se mantienen ocultas por el grado de violencia que se manifiesta en algunas comunidades, por lo que los activistas y las organizaciones prefieren mantenerse de bajo perfil, ante los peligros contra su integridad.
Como ejemplo de las agresiones que sufren los defensores del medio ambiente, Bettina Cruz, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa del Territorio, narró la lucha de su pueblo contra de la “imposición” de plantas eólicas para la producción de energía eléctrica.
Tras contar que desde hace varios años ha sufrido amenazas, criminalización y agresiones contra su patrimonio por la defensa de su territorio, agregó que a partir de la interposición de un amparo contra la empresa Eólica del Sur, ha sufrido diversos ataques por ser representante de mil 166 indígenas promoventes del recurso judicial.
“No estamos en contra de la producción de energía limpia, estamos en contra que la imposición, que sean empresas trasnacionales las que quieran despojarnos de nuestro territorio, y que mucho menos nos hayan consultado si estamos de acuerdo a dar parte de nuestras tierras sin tener a cambio ningún beneficio”, puntualizó la defensora.
Fuente : Proceso.
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