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| Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla. Foto: Octavio Gómez |
La consumación de este “auténtico saqueo” de la organización, que financia a la Universidad de las Américas de Puebla y a otros proyectos de asistencia social, se produjo con la presunta complicidad del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle (PAN), y los beneficiarios verdaderos son algunos de los miembros de la familia Jenkins, quienes, usando a los abogados como prestanombres, supuestamente se quedaron con toda la fortuna.
Esta “clara confabulación” entre los Jenkins, Moreno Valle, funcionarios, notarios y abogados está descrita a detalle en la denuncia que el 16 de marzo presentó Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia supuestamente beneficiaria, que pide investigar “la más grande defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia de este país”.
En la denuncia presentada ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla se documenta que la Fundación Jenkins donó hace dos años, el 30 de abril de 2014, todo su patrimonio –valuado en 720 millones de dólares– a la Fundación Bienestar de la Filantropía, que de inmediato se llevó el dinero a Barbados.
“Si la cantidad donada no fuera exorbitante en sí misma, es interesante hacer hincapié en que este saqueo se llevó a un extremo tal que, como consecuencia de esta donación, la Fundación Mary Street Jenkins literalmente se quedó en la calle, al no conservar siquiera un inmueble donde poder establecer su domicilio y su oficina.”
Y así, afirma el denunciante, “en realidad se materializa una liquidación de facto de la Fundación Mary Street Jenkins, consumándose con ella la más grande defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia de este país, la cual, en caso de que esta Junta decida nuevamente no actuar, se habrá materializado a ciencia y paciencia de la entidad pública que siempre ha estado encargado de su cuidado”.
Y es que el denunciante infructuosamente ha recurrido en varias ocasiones a la Junta, un organismo desconcentrado del gobierno de Moreno Valle, para que sancione las acciones “ilegales” de su propia familia, cometidas tras su expulsión como patrono de la Fundación Jenkins, en junio de 2013, justo cuando comenzó la “cadena de ocultamientos y de engaños” con el “único objeto de desviar y de expatriar ilegalmente del país dicho patrimonio”.
Con base en abundante documentación, que anexa a su denuncia, Jenkins de Landa exige a la Junta declarar la ilegalidad del “contrato marco de donación condicional”, mediante el cual la Fundación Jenkins donó a la Fundación Bienestar para la Filantropía los 720 millones de dólares, porque se trata de dos fundaciones controladas por la familia Jenkins.
“La supuesta donación que en este caso se denuncia no es más que una operación simulada en la que, detrás del velo de la personalidad moral creado por la Fundación Bienestar para la Filantropía, en realidad se oculta que dicha fundación es controlada por las mismas personas físicas que controlan la fundación Mary Street Jenkins.”
Se refiere a Elodia Sofía de Landa Irízar y Guillermo Jenkins Anstead, sus padres, quienes –asegura– “siempre han buscado burlar la voluntad testamentaria” de William Jenkins, el creador de la fundación, para quedarse con su fortuna, una visión que “ha sido alimentada por la ambición desmedida” de su hermano Roberto.
Roberto Jenkins de Landa es allegado a Moreno Valle y asiste a los principales actos del gobernador, como la inauguración del Museo Barroco o el Quinto Informe de Gobierno, en enero, cuando negó toda irregularidad en el manejo de la Fundación: “Aquí estamos, nada cambia, y aquí vamos a seguir felices de la vida”.
En la denuncia, Jenkins de Landa exige a la Junta investigar “el saqueo” y solicita que, si los responsables se niegan a restituir de forma voluntaria los recursos indebidamente desviados, se ejerzan acciones civiles y penales contra ellos.
Herencia a fuerza
La denuncia es el capítulo más reciente en una trama de corrupción, tráfico de influencias, compra de justicia y otras ilegalidades que ha sacudido a la Fundación Mary Street Jenkins en los últimos tres años (Proceso 1695 y 2001).
“Éste ya no es sólo un asunto familiar, es un tema público”, advirtió Jenkins de Landa, en entrevista con este reportero, en junio de 2014, cuando detalló que el origen del conflicto fue su “ilegal” remoción como patrono propietario y secretario de la fundación, por oponerse a reformar los estatutos para que sus hermanos fueran incluidos como “herencia” en el patronato.
Actualmente la fundación la preside Guillermo Jenkins Anstead y la vicepresidenta es su esposa, Elodia Sofía de Landa de Jenkins, mientras que los miembros de su patronato son Manuel Mestre Martínez, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Margarita Jenkins de Landa y Juan Carlos Jenkins de Landa.
Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito, fue parte del equipo que, en 2000, venció en tribunales al exbanquero poblano Manuel Espinosa Yglesias, quien pretendía dejar a sus hijas en el patronato de la fundación que creó su amigo. “Con mi padre resultó peor”, afirmó.
Jenkins de Landa fue destituido como patrono gracias a las maniobras de los abogados Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, contratados a razón de 2 millones de dólares por el representante jurídico de la Fundación, Alejandro González Muñoz.
Jenkins de Landa denunció desde 2003, también ante la Junta, esta remoción de su cargo, pero ni los anteriores ni los actuales miembros del patronato de esta instancia, todos subordinados de Moreno Valle, actuaron para hacer justicia, como lo reitera en la actual demanda:
“Esta ilegal remoción del suscrito Guillermo Jenkins de Landa como patrono propietario de la Fundación Mary Street Jenkins debe ser considerada como la primera pieza del engranaje de maquinaciones para que se pusiera en marcha el saqueo que en este acto se denuncia, tal como se lo he manifestado a esta Junta en todas las denuncias que, simple y sencillamente, hasta la fecha ha decidido ignorar.”
La denuncia de Jenkins de Landa alude a la ley, los estatutos y el testamente de su abuelo, William o Guillermo Jenkins, quien en 1954 creó la fundación, para afirmar que el donativo del patrimonio de ésta a Bienestar para la Filantropía debe ser sancionada.
En los Estatutos queda claro que el patrimonio de la Fundación Jenkins es intocable e irrevocable, y que se deben utilizar en el cumplimiento de su objeto social sólo los productos del capital, como también lo ordena la Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado de Puebla.
Pero, además, William Jenkins prohibió expresamente que el patrimonio de la fundación que él creó en 1954 y que encabezó hasta su muerte, en 1963, fuera considerado una herencia para sus descendientes, como lo dictó en su testamento:
“Siempre ha tenido la firme convicción que, en bien de sus hijos, los padres no deben dejarles grandes fortunas como herencia, sino más bien enseñarlos y ayudarlos a trabajar para que ellos mismos ganen lo que necesitan, teniendo la creencia el propio señor testador que nadie, con capacidad para trabajar, debe gastar dinero que no haya ganado por su propio esfuerzo.”
Y añadió que, “siguiendo este principio, manifiesta que no es su voluntad dejar a sus hijos riqueza ni fortunas, sino más bien ayudarlos a trabajar para que puedan hacer su porvenir con su propio esfuerzo, y declara que es su expresa voluntad no dejar a sus hijos herencia alguna, sino sólo proporcionarles la ayuda en la forma en que ha mencionado y espera, Dios mediante, poder hacer esto durante su vida”.
Por eso, describe la denuncia, el patrimonio de la Fundación Jenkins no podía haberse donado a Bienestar para la Filantropía, porque además ésta es también controlada por los miembros del patronato de la primera.
Abogados de paja
En efecto, la Fundación Bienestar para la Filantropía fue creada en Aguascalientes, en septiembre de 2009, a solicitud de Antonio Obregón Barrera y Juan Manuel Martínez del Campo Herrera, ambos allegados a Jenkins Anstead, según la propia denuncia.
Y en la operación para transferir los 720 millones de dólares de la Jenkins a la Bienestar para la Filantropía –que equivalen a 12 mil 696 millones de pesos, al tipo de cambio de 18 pesos por dólar–, intervinieron otras tres personas allegadas a los Jenkins: Los abogados Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, a quienes Alejandro González Muñoz, jurídico de la Fundación Jenkins, contrató para remover como patrono propietario al primogénito de la familia.
Y fueron justamente González Muñoz y Rincón Salas quienes firmaron como apoderados de la Fundación Jenkins, el 30 de abril de 2014, el contrato mediante el cual ésta donó los 720 millones de dólares a Bienestar para la Filantropía, representada por Román Hernández.
Más aún: siete meses después de efectuada esta operación, el 12 de noviembre de 2014, se formalizaron los nombramientos de González Muñoz como presidente del patronato de la Fundación Bienestar para la Filantropía, Rincón Salas como vicepresidente y Román Hernández como vocal.
Y, según la denuncia de Jenkins de Landa, un mes después se produjo otra decisión: El 16 de diciembre de 2014, Bienestar para le Filantropía cambió su domicilio de Aguascalientes a la ciudad de Bridgetown, Barbados.
Consta también en la denuncia de Jenkins de Landa que además se sumaron al patronato cuatro personas: Dustin David Philla Delany, Yoshodra Rampersaud, Erica Rechelle Marshall-Forde y Michelle Shaiba Davidson.
La incorporación de estas cuatro personas, que en realidad son miembros de un despacho, fue para poder domiciliar la fundación en Barbados, pero lo que es verdaderamente grave es que ni siquiera se informó la verdad al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
“Si toda esta lista de ocultamiento y de engaños no fuera suficiente, llama la atención el hecho de que la Fundación Bienestar para la Filantropía, en la declaración rendida ante el SAT como ‘donataria autorizada’ por el ejercicio de 2014 haya declarado que recibió donativos por la ridícula cantidad de 1 millón 800 mil pesos, cuando existen pruebas de que, en realidad, recibió bienes valuados en 720 millones de dólares.”
Una irregularidad más, según la denuncia de Jenkins de Landa, es que tampoco existe constancia de que los involucrados en todas las operaciones descritas hayan dado el aviso a la autoridad, como lo ordena la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Jenkins de Landa concluye:
“A través de toda la sucesión de actos ilegales, simulados y dolosos, realizados por todos los patronos de la Fundación Mary Street Jenkins y de los patronos de la Fundación Bienestar para la Filantropía y de sus asesores (abogados internos o externos, notarios, asesores, fiscales, asesores financieros y posiblemente de integrantes pasados o presentes de esta Junta) se ha conseguido violar por completo la voluntad del fundador de la Fundación Mary Street Jenkins y cometer un fraude en contra de los ciudadanos del estado de Puebla, principalmente, y de todo el país, además de burlarse por completo de las leyes y las autoridades mexicanas, empezando por esa junta que sería la principal responsable de permitir la materialización de este desfalco…”
Fuente : Proceso.
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