WASHINGTON (Proceso).-Por la crisis de derechos humanos y la
falta de claridad en la investigación del caso Ayotzinapa, el Capitolio
podría castigar al gobierno de Enrique Peña Nieto con la retención de
fondos para financiar la lucha contra el narcotráfico, según adelantan
asesores de alto nivel del Poder Legislativo estadunidense.
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| El Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C. Foto: Alejandro Saldívar |
“Es inaudito lo que hizo el gobierno de México con el GIEI
al presionar a la CIDH para que diera por terminado el mandato de
participación de los expertos en la investigación de Ayotzinapa”, dice a
Proceso uno de los asesores de un poderoso Comité de la Cámara de
Senadores del Congreso federal de Estados Unidos.
Durante una reunión en una sala del Capitolio, tres asesores
de dos influyentes comités senatoriales –quienes pidieron el anonimato–
explican que entre los legisladores estadunidenses hay una creciente
preocupación por el deterioro de los derechos humanos en México.
“Secuestros, torturas, desapariciones, ejecuciones
(extrajudiciales), tráfico de personas y de menores de edad, son sólo
algunas de las violaciones de los derechos humanos que cometen las
policías federales y las Fuerzas Armadas de México”, comenta uno de los
tres asesores legislativos.
“Lo más grave”, apunta el asesor en la plática a la que fue
convocado este semanario, “es que el gobierno del presidente Peña Nieto
rechaza cualquier señalamiento en este sentido, pese a las evidencias”.
Armados de los más recientes informes sobre la situación de
los derechos humanos en México, el de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y el del Departamento de Estado, los tres
machacan el tema del desconocimiento y rechazo total por parte del
gobierno de Peña Nieto a las acusaciones que se hacen contra las fuerzas
de seguridad del Estado.
“Son desconcertantes las acciones del gobierno mexicano,
justo cuando la investigación del caso de los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa ganaba un poco de credibilidad con la
participación del GIEI, echan a andar una estrategia política para
hacerlo a un lado y lo logran. Eso es reprochable”, matiza otro de los
asesores.
Contra la Iniciativa Mérida
Como el caso de Ayotzinapa, los consejeros legislativos
también mencionan como evidencia de la crisis de derechos humanos y la
participación de las Fuerzas Armadas en estas violaciones a las
garantías individuales las matanzas de Tlatlaya, Estado de México, y
Tanhuato, Michoacán.
Uno de los tres asesores no tiene empacho en adelantar lo que le recomendarán en los próximos meses al gobierno de Barack Obama.
“Se le pedirá al Departamento de Estado que retenga
nuevamente 15% de los fondos que se autoricen este año para la
Iniciativa Mérida. Nuevamente el gobierno mexicano será descertificado
en materia de derechos humanos”, asienta.
La descertificación en derechos humanos al gobierno de Peña
Nieto implicaría la retención de unos 19.9 de los 133.5 millones de
dólares que este año solicitó al Capitolio el presidente Obama como
parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida para la lucha bilateral
contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Los consejeros enfatizan que en la Cámara de Senadores del
Congreso estadunidense, varios legisladores incluso ya han hablado con
John Kerry, el Secretario de Estado, para hacerle saber lo que le
exigirán en septiembre de este año con respecto a la retención de ese
15%.
“El gobierno de México está perdiendo credibilidad
internacional en términos de derechos humanos. La forma tan categórica
como rechaza las conclusiones de informes tan importantes como el de la
CIDH y de las Naciones Unidas no tiene cabida en una sociedad
democrática como la mexicana”, matiza uno de los tres expertos.
Aunque menos vociferante que durante el sexenio de Felipe
Calderón, el Congreso estadunidense toma nota de lo que ocurre en México
en materia de derechos humanos, con el pretexto del gobierno mexicano
de que las violaciones que cometen las fuerzas de seguridad del Estado
se hacen en nombre de la lucha contra el crimen organizado.
Durante el sexenio de Calderón, comités del Congreso
estadunidense –como el de Relaciones Exteriores del Senado– llegaron a
calificar de “Estado fallido” a gran parte de la zona norte de México,
porque estaba prácticamente dominada por los cárteles del narcotráfico
que se peleaban las rutas de trasiego.
“No han cambiado mucho las cosas en México respecto a lo que
ocurrió en el gobierno del presidente Calderón con el del presidente
Peña Nieto. Pero por lo menos el presidente Calderón no era tan
intolerante con los señalamientos u observaciones que se le hacían en
relación a los derechos humanos”, apunta otro de los asesores del
Capitolio.
Creada en 2007, la Iniciativa Mérida fue definida como una
herramienta bilateral de cooperación para combatir al narcotráfico y al
crimen organizado. Para financiarla, la Casa Blanca propuso al Congreso
un presupuesto de unos mil 400 millones de dólares, los cuales se han
venido aprobando y entregando por partes cada año.
La primera retención de fondos de la Iniciativa Mérida se
hizo precisamente en agosto de 2013. Ese año el senador demócrata por
Vermont, Patrick Leahy, retuvo varias semanas 95 millones de dólares de
un paquete de 229 para financiar a la Iniciativa Mérida.
Leahy argumentó que la retención se debía a que los
gobiernos de Obama y Peña Nieto no habían informado al Congreso
estadunidense cómo se gastarían los 95 millones de dólares, ni cuáles
serían los objetivos que se alcanzarían con el financiamiento.
En la presidencia de Calderón, 90% de los fondos que se le
entregaron de la Iniciativa Mérida se utilizaron para la adquisición de
equipo militar, de tecnología de punta y para proporcionar entrenamiento
especializado a grupos de élite del Ejército, la Marina y la Policía
Federal de México.
En el sexenio de Peña Nieto, los poco más de 400 millones de
dólares desembolsados por Washington para combatir al narcotráfico se
han destinado a financiar entrenamiento a ministerios públicos,
asistencia técnica y para echar a andar programas de modernización del
sistema judicial mexicano y de combate a la corrupción.
El pasado 19 de octubre el Departamento de Estado, después
de recibir la recomendación del Congreso, anunció la primera
descertificación del gobierno de Peña Nieto en materia de derechos
humanos bajo la Iniciativa Mérida.
“El Departamento de Estado no pudo confirmar que México
cumplió con las expectativas sobre garantías básicas de derechos
humanos”, informó en ese entonces Mark Toner, portavoz de la Secretaría
de Estado.
El incumplimiento del gobierno de Peña Nieto en protección
de los derechos humanos implicó la retención de unos 5 millones de
dólares de un presupuesto de 195.
Aunque simbólica, la retención de fondos de la Iniciativa Mérida representa mayor desprestigio internacional para México.
El GIEI
Lo que adelantan los tres asesores es una segunda
descertificación consecutiva por el tema de derechos humanos al gobierno
de Peña Nieto, justo cuando el desprestigio del país y de su
administración se acrecentó por el caso Ayotzinapa y la exclusión del
GIEI en las investigaciones, amén de los casos de corrupción en el
gobierno federal, como el de la “Casa Blanca” del primer mandatario, o
la de Malinalco, del secretario de Hacienda.
“Lo que no se entiende es por qué el gobierno mexicano se
adelantó a informar que daba por concluida la participación del GIEI
(Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la CIDH, cuando
éste todavía ni siquiera entregaba su informe final”, destaca uno de
los asesores.
“Cuando Juan Méndez (relator de la ONU para la tortura)
denunció que la tortura en México era generalizada, el gobierno del
presidente Peña Nieto lo descalificó y ahora ni siquiera lo deja
regresar al país”, resalta uno de los asesores. “Lo mismo está haciendo
con el GIEI, el cual ha desmentido la versión original del gobierno de
la supuesta quema de los 43 normalistas en un basurero (Cocula)”,
agrega.
Los tres asesores legislativos que convocaron a Proceso para
hablar de la crisis de derechos humanos en México tienen una teoría de
lo que ocurre en el gobierno de Peña Nieto cuando se le hacen críticas
por las violaciones a las garantías individuales que cometen los
militares y en general las fuerzas de seguridad del Estado.
“Pareciera que vive en un estado de negación. Pareciera que
no le importa la realidad ni las evidencias; niega todo lo malo que pasa
en México y con ello aprueba la impunidad a los que comenten las
violaciones a los derechos humanos”, dice uno de ellos.
Fuente : Proceso.
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