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Inauguran exhibición militar en el Zócalo.
Foto: Germán Canseco |
Daniel Zapico, representante en México del organismo internacional, sostuvo que mientras se mantenga la misma política de seguridad nacional que el sexenio pasado, el deterioro en materia de derechos humanos va a agravarse, sobre todo en sectores tan vulnerables como los de los migrantes, defensores y periodistas.
Entrevistado por distintos medios, Zapico reconoció como un avance del gobierno de Peña la promulgación de la Ley de Víctimas y el reconocimiento de la desaparición de personas, sin embargo, dijo, “de nada les va a servir a las víctimas y a los familiares saber que son uno entre 25 mil o entre 26 mil o entre 30 mil, lo que ellos necesitan, subrayó, es justicia y es exactamente lo mismo que vemos en ataques a periodistas, la impunidad es la garantía de repetición”.
El activista se negó a calificar la administración de Peña Nieto con respecto al respeto a los derechos humanos, pero advirtió que “en estos 100 días ha habido una buena retórica al respecto, pero si eso no va acompañado de medidas vamos a tener lo que en el gobierno pasado, mucha cosmética y poca acción y en este caso de los migrantes, estamos hablando de una crisis humanitaria estamos hablando de decenas de personas que están en una situación de vulnerabilidad y la falta de acción avizora un futuro trágico”.
Hasta ahora, indicó, la administración priista mantiene la estrategia de seguridad pública seguida por la anterior gestión, por lo que sólo ha habido un “cambio en la retórica que no sirvió para traer seguridad a México, sino, al contrario, sirvió para traer mucha violencia”.
Refirió que Amnistía Internacional ha pedido abiertamente al gobierno de Peña Nieto que “cambie la política de seguridad con enfoque de seguridad nacional por uno con enfoque de seguridad ciudadana y de prevención”.
Advirtió que mientras el gobierno actual no cambie su forma de actuar y mantenga la impunidad, se va a mantener “una administración en la que el gobierno es un espectador, pero no es actor en los principales problemas de este o país o cuando es un actor es un actor para agravar”.
En el caso específico de los migrantes, Zapico alertó en que el crecimiento del flujo migratorio es mayor que hace un año, pero que también han aumentado las amenazas y los ataques a los migrantes y a sus defensores.
En la conferencia de prensa, Zapico alertó de que en México ocurre una suerte de “espejismo constitucional”, por el que se cree que con hacer reformas legislativas la situación va a cambiar en el país. Tal es el caso de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la reforma a la Ley de Migración.
Pese a esos dos cambios legislativos tan importantes, el defensor advirtió que en la práctica los agentes policiales de las corporaciones, los miembros de las fuerzas armadas, y las autoridades civiles no atienden las modificaciones legislativas.
Zapico recordó que prueba de la incompatibilidad entre las transformaciones legislativas es que la reforma a la Ley de Migración mantiene un enfoque garantista y de respeto a los derechos humanos, pero para aplicar esa ley se nombró a personajes más bien ligados al mundo policial y represivo, como Ardelio Vargas Fosado, actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
La religiosa Leticia Gutiérrez denunció la existencia de bandas criminales que operan en Chiapas y se extienden hasta la frontera de Tamaulipas, algunas de ellas coludidas con agentes policiacos.
Asimismo, enunció los puntos de mayor riesgo para migrantes: Tenosique y Palenque (Tabasco); Orizaba (Veracruz), Apizaco (Tlaxcala), Tultitlán y Huehuetoca (Estado de México); Celaya (Guanajuato), y Reynosa y Matamoros (Tamaulipas).
“En esa ruta operan miembros de distintas bandas del crimen organizado, donde cobran entre 100 y 300 dólares a los migrantes para que puedan permanecer en el tren conocido como ‘La Bestia’; además, hemos documentado por testimonios de los migrantes que llegan a los albergues, que los vagones del tren son utilizados como casas de seguridad, además de las ya existentes en comunidades a lo largo de las vías del tren, y en esas casas y vagones se mantiene secuestrados a los migrantes hasta que sus familiares en Centroamérica y Estados Unidos pagan el rescate”, contó.
La religiosa criticó que pese a que los defensores de migrantes se encuentran en alto riesgo por amenazas del crimen organizado y agentes del Estado coludidos con la delincuencia, hasta ahora el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, no opera adecuadamente.
Y recordó que desde octubre de 2012 el albergue La 72 de Tenosique, Tabasco, se encuentra en alto riesgo, sobre todo el sacerdote Tomás González y el administrador Rubén Figueroa, este último amenazado de muerte, sin que hasta el momento el mecanismo que depende de la Secretaría de Gobernación haya tomado las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
Fuente : Proceso
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