El edificio de Monex en la ciudad de México.
Foto: Miguel Dimayuga |
Al arrancar la sesión, el diputado por el Estado de México, el priista José Rangel Espinosa –a quien recientemente se le acusó de utilizar “charolas” del Congreso de la Unión para movilizar el vehículo de su hijo, que padece de una incapacidad motriz– “tomó” prácticamente la conducción del encuentro y pidió que éste se suspendiera.
El motivo, considerado un absurdo por el propio presidente de la comisión, fue que no se debía sesionar hasta en tanto la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados “revise el nombre de la comisión, pues no corresponde al título que la Junta designó para la misma”.
El PRI, respaldado por el PVEM y con la abstención del PAN, se impuso en un tema que nunca debió someterse a votación, pero que el diputado Roberto López, presidente de la comisión, tampoco fue capaz de evitar.
El legislador perredista Roberto López recordó que la comisión ya ha sesionado en cinco ocasiones, e incluso han comparecido tanto el titular de la Condusef, Mario Di Costanzo, como el director de Prerrogativas del IFE, Alfredo Cristalinas.
Cuando en la reunión de este jueves se anunció que se propondría citar a declarar al funcionario de Hacienda, al del IFE y al representante legal del banco Monex, el PRI planteó entonces llamar a comparecer a Octavio Romero Oropeza, exoficial mayor del Gobierno del Distrito Federal y quien según el tricolor operó la fundación Honestidad Valiente a favor de Andrés Manuel López Obrador.
Perredistas y legisladores de otros partidos respondieron que no tendrían inconveniente alguno en la propuesta priista, razón por la que el PRI cambió de estrategia y pidió que se suspendiera la sesión en tanto no se aclarara con qué nombre debe operar esa comisión.
Ante la embestida del PRI, el presidente de la comisión adelantó que no duda de que en próximos días la Junta de Coordinación Política y el pleno de la Cámara de Diputados propongan la desaparición de esta comisión especial para indagar el financiamiento ilegal de Peña Nieto, un tema en el que el propio IFE ya aceptó que hubo triangulación financiera, no obstante que la calificó de “atípica pero no ilegal”.
Fuente : Proceso
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