Las empresas extractivas fallan en
obligaciones legales y responsabilidades sociales. El Estado, ausente
para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos, considera
la Organización de las Naciones Unidas en informe.
El gobierno de México
debe revisar el marco legal relativo a la minería con el fin de que
esta actividad respete los derechos de los pueblos indígenas y se
eviten así conflictos sociales, recomendó un informe difundido hoy
en la ONU.
Sin embargo, asentó que
“la intensidad de los conflictos y su creciente número, así como
la criminalización de las protestas de los que se sienten afectados,
que ha llevado incluso a la pérdida de vidas humanas, es
preocupante”.
El Estudio sobre las
industrias extractivas en México y la situación de los pueblos
indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias
apuntó que los conflictos reflejan “una importante ausencia del
Estado para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos
indígenas”.
Asimismo, criticó que a
menudo las empresas extractivas nacionales y transnacionales fallen
en sus obligaciones legales y en sus responsabilidades sociales.
El estudio concluyó que
los conflictos surgen a menudo, debido a la falta de procesos de
consulta con los pueblos indígenas y de obtención del
consentimiento libre, previo e informado, y en otras ocasiones debido
a problemas ambientales o laborales.
Indicó que la mayor
parte de los conflictos se dan en la franja que ocupan las empresas
“juniors” o “canadienses”, debido al modelo de explotación
intensiva que llevan a cabo, y al uso de tecnologías que producen
notorios pasivos ambientales.
El estudio recomendó por
ello aprobar una Ley Federal de Consulta y Consentimiento Libre,
Previo e Informado, conforme a los estándares internacionales
establecidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
Sugirió además
armonizar la Constitución y sus leyes con los instrumentos jurídicos
internacionales de derechos humanos y reconocer a los pueblos
indígenas como sujetos de derecho público.
De forma particular, en
los artículos 2, 26, 27 y 115 de la Constitución.
Pidió revisar la
legislación relativa a los métodos de extracción y los tipos de
explotación, así como reformar la Ley Minera, la Ley de Aguas
Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales y la
Ley Federal de Derechos para que sean acordes con los derechos
indígenas.
Finalmente, el informe
explicó que “las autoridades federales deben asumir su papel de
garantes de la protección de los derechos de los pueblos indígenas
y vigilar el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de
las empresas”.
Resaltó además la tarea
del Estado de “detener la criminalización de las protestas de los
pueblos indígenas contra las empresas mineras y castigar a los
responsables de los crímenes cometidos contra sus líderes”.
Fuente : La jornada
Notimex
Publicado: 24/05/2013 12:47
Publicado: 24/05/2013 12:47
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