TEQUESQUITLÁN, Jal. (apro).- Tras el bloqueo temporal a las
instalaciones de la minera china Gan Bo, iniciado a principios de este
mes, el presidente del comisariado ejidal, Gregorio Zamora Escobar,
advirtió que la población de este lugar seguirá luchando “hasta las
últimas consecuencias” en busca de que le sea cancelada la concesión a
esa empresa.
Comentó que se realizarán nuevas movilizaciones
sociales, a la vez que continuará el proceso por la vía jurídica con el
apoyo de organizaciones ambientalistas, la Red Mexicana de Afectados por
la Minería (Rema) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En
una visita realizada a esta comunidad, el abogado Óscar González Garí,
presidente de la Red Jalisciense
de Derechos Humanos (RJDH) e integrante
de Rema, denunció que la minera oriental se instaló en esta zona con
base en contratos civiles de arrendamiento de tierras, que son ilegales
en materia agraria, por lo que –adelantó– se interpondrá una serie de
demandas para anular esos convenios.
Asimismo, añadió, continuará
el seguimiento al juicio de amparo promovido anteriormente para
invalidar el procedimiento mediante el cual la minera Gan Bo obtuvo la
concesión, ya que existen irregularidades en el acta de la asamblea
mediante la cual la anterior mesa directiva del ejido autorizó la
instalación en sus tierras.
El actual presidente del comisariado
ejidal, Zamora Escobar, se quejó de que la vida en este pueblo de 2 mil
500 habitantes ha cambiado mucho desde que hace un año la empresa minera
inició operaciones de extracción de hierro.
Indicó que debido a
la contaminación del aire y el uso de grandes cantidades de agua por
parte de esa industria, empiezan a correr riesgo los cultivos de frutas y
hortalizas, así como los mantos freáticos de la zona, y con un gesto de
preocupación vaticinó: “más adelante sería peor la situación para este
pueblito”.
Recordó que el pasado viernes 4 los ejidatarios de este
lugar bloquearon las entradas a las instalaciones de la mina, donde
realizaron un plantón de protesta por los daños ambientales causados al
centro de población, que se encuentra a un costado.
Sin embargo,
el martes 7 arribaron a la población alrededor de 200 elementos de la
fuerza pública, entre ellos granaderos y agentes estatales, que
obligaron a los manifestantes a retirarse y resguardaron la mina durante
una semana.
El pasado jueves 9, un grupo de ejidatarios viajó a
la ciudad de Guadalajara para entrevistarse con funcionarios estatales y
entregar escritos de protesta en la Secretaría de Gobernación y en el
Palacio Legislativo. En este último tuvieron que bloquear una de las
avenidas para ser atendidos.
“Nos quejamos ante Gobernación para
que retiraran a los policías del pueblo, porque quisieron tratarnos como
criminales o asesinos, y fue así como logramos que se fueran”, dijo
Zamora Escobar.
Por el momento, concluyó, “vamos a esperar a ver
cómo se desarrolla el proceso legal en contra de la mina, a ver si nos
hacen caso, porque parece que las dependencias del gobierno están
compradas por los chinos, pero nuestro ánimo es seguir en la lucha hasta
el final”.
Fuente : Proceso
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