El obispo de Saltillo, Raúl Vera. Foto: Miguel Dimayuga
Dicha instancia, que ayer dio a conocer su sentencia con base en la información y las quejas recopiladas a lo largo de los últimos tres años, estimó que todos los gobiernos de México desde la administración de Salinas de Gortari hasta la de Enrique Peña Nieto cometieron crímenes de lesa humanidad.
Según el resolutivo, los sucesivos gobiernos violaron todos los derechos humanos y cívicos de los mexicanos al desviar de manera intencional los tres poderes del Estado hacia intereses económicos privados y opuestos a los de la ciudadanía.
Por lo anterior, durante una conferencia de prensa, el magistrado francés y exfuncionario por los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) negó que las movilizaciones tengan la finalidad de desestabilizan el país –tal como lo dejó entrever ayer el presidente Enrique Peña Nieto–, sino que, por el contrario, representan la esperanza de generar “unos cambios profundos en la refundación del Estado mexicano”.
Desde el Estado de México, su tierra natal, Peña Nieto declaró ayer: “Pareciera que responden a un interés general por generar desestabilización, desorden social y atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”.
El obispo Raúl Vera, uno de los 12 jueces que participaron en el Capítulo México del TPP, no pudo contener su rabia:
“¡Qué lecturas tan cómodas! Ahora nosotros tenemos la culpa de desestabilizar el país. ¿Qué quiere? ¿Que nos muramos en silencio?”, protestó, al advertir que el discurso del presidente “ya es de dictadura”.
Vera recordó los discursos de Salinas en los años 90, cuando el entonces mandatario prometía que la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abriría las puertas del primer mundo a México.
Durante estos discursos, analizó Vera, “estaba hablando de un proyecto de nación para la primera fila” de asistentes, es decir, los potentes de México.
“Ejecuciones, desapariciones forzadas, extorsiones; en zonas de Guerrero y de Sonora la gente ni siquiera puede entrar en sus ranchos, hay gente que tuvo que cerrar sus casas”, enlistó el sacerdote casi sin respirar.
“No hay Estado. No hay acceso a la justicia. No hay acceso a una vida digna. No hay acceso a la seguridad. No hay acceso a un salario digno. ¡No hay! En su proyecto de nación es evidente que no somos personas humanas”, acusó Vera.
“Vacío jurídico no hay”
Entre octubre de 2011 y el pasado 15 de noviembre, los jueces del Capítulo México del TPP, una instancia creada en 1979 para defender los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables, “porque el derecho y la justicia, en muchas circunstancias, no podían ser confiados al Estado y sus órganos”, recibieron más de 500 quejas provenientes de todo el país.
“No pudimos acudir a todos los estados, pero la gente venía de otras regiones a poner sus quejas, a denunciar lo que está pasando”, aseguró Vera.
Según el director del Centro de Estudios sobre Genocidio en la Universidad Nacional de Tras de Febrero de Buenos Aires, Daniel Feierstain, en gran parte de las acusaciones se evidenció la participación estatal acompañada de impunidad, y añadió que “un Estado no puede dividir sus responsabilidades entre sus distintos niveles”.
En el caso de Ayotzinapa, abundó el argentino, no es un caso aislado y el Estado no tuvo la intención de intervenir en un primer tiempo. “Si hubiese sido una situación en específico en un algún lugar, la respuesta hubiera sido más planeada”, observó. Y comentó: “Aquí es solo el caso de Ayotzinapa, pero en el TPP tuvimos acceso a las quejas de más casos sin ninguna voluntad (de las autoridades) de resolverlas”.
Texier precisó que si bien la Constitución mexicana actual ya no tiene mucho que ver con la revolucionaria de 1917, la Carta Magna no lleva fallas y se adecua a los instrumentos internacionales firmados por México.
“Vacío jurídico no hay”, explicó. “Lo que sí hay es falta de voluntad política e impunidad judicial”.
Por lo anterior, el galo urgió al pueblo mexicano a participar en la refundación de su sistema judicial para quitarle la corrupción desde la raíz, recordando que “una policía democrática no sirve para reprimir el pueblo sino para investigar los crímenes”.
Los jueces de la audiencia final del Capítulo México del TPP quisieron acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer para entablar una discusión con su presidente, Juan Silva Meza.
Texier narró que un funcionario envió un correo a los jueves para lamentar que el magistrado no los podía recibir. Pero en el mismo correo, omitió borrar un mensaje interno de otro funcionario, quién le preguntaba: “¿No les dijiste que el presidente no les iba a recibir?”.
Durante las audiencias, el TPP notificó al Estado las quejas y denuncias que recopiló de los ciudadanos. “No hubo respuesta oficial”, planteó Texier, al explicar que el TPP es una “autoridad moral” pero cuyas sentencias no tienen carácter vinculante.
Fuente : Proceso.
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