Mujeres cosechan tomates en Sinaloa.
Foto: Juan Carlos Cruz
En cifras reales, México se encuentra en el lugar 18 de los países con el mayor número de “esclavos modernos” –y en primer lugar en el continente americano–, aunque en proporción de su población –0.218%– ocupa el sitio 111.
En los 10 primeros países del índice viven 25 millones 300 mil “esclavos modernos”, lo que equivale a 71% de los 35 millones 800 mil víctimas de este fenómeno en el mundo.
En México, 70% de los casos de esclavitud forzada se pueden atribuir al crimen organizado, precisa la organización en su página de Internet. Afirma que los grupos criminales secuestran a mujeres para obligarlas a prostituirse y a personas de todas las edades para someterlas a trabajos forzados “con la complicidad” de autoridades locales, estatales y federales.
“Se revelaron las operaciones de tráfico de órganos del cártel de Los Caballeros Templarios este año”, asegura la organización. Y añade: “La crisis de los desaparecidos, a raíz de la cual decenas de miles de hombres, mujeres y niños se han desvanecido desde 2006, involucra campos en los que los cárteles organizan la prostitución forzada, la labor forzada y los actos criminales”.
Asimismo, la Fundación denuncia la explotación laboral durante las temporadas de cosecha de maíz, tomate y otras plantaciones.
Según el capítulo sobre México del Reporte sobre Tráfico de Personas, que publicó el Departamento de Estado en julio pasado, “la vasta mayoría de las víctimas extranjeras de la esclavitud laboral y sexual en México provienen de Centro y Sudamérica, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador; parte de las víctimas están siendo explotadas en la frontera sur de México”.
Dicho documento explicó que los grupos del crimen organizado utilizan a los migrantes para extraer cobre y excavar túneles por debajo de la frontera entre México y Estados Unidos.
La cancillería estadunidense aseveró que el turismo sexual infantil persiste en zonas costeras como Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, así como en las ciudades fronterizas como Tijuana y Juárez.
“Muchas veces los operativos contra el tráfico de personas se reducen a redadas en bares nocturnos y antros, así como en búsquedas de irregularidades administrativas”. Ello “resulta contrario a los operativos basados sobre trabajos de inteligencia”, criticó el informe.
Según Washington, pocas entidades federativas reportaron el inicio de investigaciones sobre casos de tráfico de personas, aun cuando en 2013, autoridades de 12 estados informaron de la apertura de 200 indagaciones para este delito.
“El gobierno de México no cumple totalmente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico; aunque haga esfuerzos”, observó y remató: “La complicidad oficial sigue siendo un problema serio”.
Fuente : Proceso.
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