“El viernes a las tres de la tarde por ventanilla única, se ingresó esta solicitud”, dijo en el marco del foro El PRD y su posición sobre el Proyecto Dragon Mart.
Señaló que las leyes estatales y municipales presentan contradicciones sobre los plazos que tiene el ayuntamiento para responder a esta solicitud de licencia de construcción.
“Hay una contracción entre reglamentos y leyes. Vamos atenderlos en los dos temas. Por una parte habla de cinco días, por otra parte, de 45 días. A efecto de no incurrir en una positiva ficta”, indicó.
Agregó que una vez que ingresa la solicitud, se abre la consulta de colegios de profesionistas, así como con organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), a fin de que aporten elementos legales sobre la viabilidad o no del Dragon Mart, que se prevé construir entre Cancún y Puerto Morelos.
“Lo que hemos convocado es a la transparencia. Que la gente pueda ver y opinar al respecto, pero como peritos del colegio de ingenieros, de arquitectos, de abogados, de biólogos. Todos lo que tienen peritos que nos puedan ayudar a tomar una buena decisión”, dijo Ricalde.
El edil señaló que “en lo personal” está en contra del proyecto, pero que requiere el apoyo de expertos y conocedores a fin de que la decisión de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano sea “de la manera más pulcra”, pues es evidente que si da una negativa por parte de la comuna, los promoventes procederán a litigar.
“Evidentemente he dicho y lo sigo sosteniendo. Si tuviera que tomar una decisión personal, la respuesta es más que evidente: no”, dijo.
Afirmó que sus principales preocupaciones del impacto de este proyecto en materia de la competencia municipal son la saturación de la carretera Cancún-Playa del Carmen y la aparición de asentamientos irregulares en el entorno del Dragon Mart.
Por su parte, el senador Carlos Sotelo anticipó que el PRD buscará que no se apruebe este proyecto.
“Haremos lo necesario para que avance y se suspenda”, advirtió.
Cuestionó la competencia del Gobierno del estado, a través del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira), para dar la autorización en esta materia.
Indicó que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y pidió además, que sea con la supervisión del Senado.
Señaló que el gobierno estatal ha actuado con “parcialidad” y “desaseo” en los permisos ambientales que otorgó el diciembre pasado, y destacó que el proyecto lo impulsó el ex Gobernador Félix González Canto.
Manifestó que es un tema de “interés nacional, rebasa lo local”, pero no sólo hay “cierto contubernio y complicidad” de la autoridad estatal en la entrega de permisos ambientales, sino que además se dieron incentivos fiscales en “términos lascivos”.
Fuente : Proceso
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