Pago de servicios, de impuestos o hasta de la nómina de sus empleados
es el destino que los gobiernos locales dan a los recursos que
contratan como deuda, tema que ha activado ya las alertas en el Congreso
de la Unión.
El crecimiento exponencial en los pasivos de las administraciones locales supera en muchas ocasiones sus ingresos.Datos
de la Secretaría de Hacienda, consignados por la bancada del PRI en un
diagnóstico, revelan que mientras la deuda de estados y municipios con
bancos privados aumentó 130%, sus ingresos sólo lo hicieron en un 57%. La pregunta es ¿por qué se endeudan tanto los gobiernos locales?
"Hay
estados que están pagando pensiones que siguen creciendo; hay muchos
que están aumentando la burocracia y por ende sus salarios; además van
creciendo la población y sus requerimientos de servicios, agua,
alumbrado, pavimentación.
"Si a esto sumamos que después del 2008
comenzaron a bajar los ingresos por excedentes petroleros, se quitó la
tenencia y los gobiernos locales continúan sin mejorar su recaudación,
nos da como resultado que ahora estados y municipios se endeuden para
cosas tan básicas como pagar el salario de sus empleados, por ejemplo”,
explica Ricardo Corona Real, coordinador de Finanzas Públicas del
Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), en entrevista con
ADNPolítico.com.
El más grave problema que enfrentan tanto las entidades como los municipios es la falta de transparencia
en el ejercicio de los recursos, plantea Corona Real, pues en casi
todos los casos no se sabe en qué se gastan los recursos en los
gobiernos locales.
Para el investigador la adquisición de deuda no
se justifica cuando no se trata de cubrir emergencias o atender
situaciones inesperadas, y menos cuando se utiliza para pagar lo más
básico, como los servicios o el gasto corriente. ¿Qué dicen los alcaldes
al respecto?
'NO ALCANZA, NO HAY DINERO'
Uno
de los casos en los que su deuda rebasa sus ingresos es el municipio de
Apaseo el Alto, Guanajuato. Su alcalde, Jaime Hernández Centeno, acudió
a la Cámara de Diputados para pedir que se mejore el reparto de los
recursos y su municipio pueda enfrentar los pasivos que ya superan su
presupuesto total.
"Mi municipio hereda una deuda de más de 30
millones de pesos cuando nuestro presupuesto es de 24 millones. Sin
prender un solo foco, sin mover un vehículo, estamos endeudados por un
año y medio. Ya la sociedad no nos lo perdona. Vienen y nos tocan la
puerta: ‘Alcalde, mi parque’, ‘Alcalde, mi beca’, todo”, manifesta
Hernández Centeno ante legisladores.
Esta localidad, colindante
con la ciudad de Celaya, Guanajuato, debe 1 millón 247 mil pesos en
servicios de agua potable y alcantarillado; tiene adeudos también con el
IMSS por cuotas obrero patronales, multas, recargos y actualizaciones
por más de 3 millones 966 mil pesos.
Apaseo el Alto adeuda cerca
de 5 millones de pesos en el pago del 2% sobre nóminas a la Secretaría
de Hacienda, y tiene deudas con proveedores, acreedores y por pago de
demandas de laudos por despidos injustificados por 5 millones 434 mil
pesos.
"¿Cómo puede ser que a la Comisión Federal de Electricidad
le entregamos todo: infraestructura, postes, transformadores, cables,
todo, y llega la Comisión a cobrarle al usuario, al municipio, con
nuestro propio dinero? Y no nos perdona nada, ni un día, ni una hora nos
perdona y nos cobra la luz, el alumbrado público, o nos lo corta. Pero
no alcanza, no hay dinero”, expresa Hernández Centeno.
Otro caso de deuda por el pago de servicios es el del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero.
Aunque
su deuda alcanza casi los 2 millones de pesos y su presupuesto es de 11
millones, el pago de servicios literalmente “ahorca” al gobierno
municipal.
“Se nos complica pagar los servicios, como por ejemplo
en el tema de la Comisión (Federal de Electricidad), no tenemos ingresos
propios y vivimos principalmente de las aportaciones que nos hacen.
“Ya
en el 2005 y en 2011 nos cortaron la luz pública y eso causó muchos
problemas a nuestra comunidad; tenemos que pedir dinero prestado para
pagar y evitar eso”, explica en entrevista Joel Ángel Romero, alcalde de
esa comunidad indígena de la sierra de Guerrero.
En septiembre
del 2011, la CFE demandó a ese municipio ante la Procuraduría General de
la República por el adeudo de 900 mil pesos, y debido a ese pasivo, la
Comisión realizó cortes a la electricidad que, además de suspender el
alumbrado público, apagaron también la bomba con la que se abastecía de
agua potable al municipio.
El problema se resolvió cuando el alcalde anterior, Ismael Luna Espíndola, llegó a un acuerdo de pago parcial con la CFE.
Un
caso particular vive el municipio de Ziracuretiro, Michoacán, localidad
que se vio afectada por la colocación de pisos firmes durante el
sexenio pasado, pues con la colocación de 18 mil 500 metros cuadrados de
pisos de cemento en las viviendas, el ayuntamiento dejó de recibir
recursos económicos.
"Con la colocación de los pisos firmes
bajamos un índice de marginación y nos descontaron el 30% del fondo 33,
de 9 millones 500 mil nos bajaron a 6 millones 500 mil.
"Un piso
ni hace más pobre ni te hace más rico ni le quita índices de marginación
a la gente; hay que cambiar las formas de distribución de los
recursos”, considera Carlos Sandoval Portugal, alcalde de esa localidad
michoacana.
En febrero pasado, algunos alcaldes realizaron una protesta para pedir que la Secretaría de Hacienda realice al rescate de sus finanzas.
¿ES VIABLE UN RESCATE?
En repetidas ocasiones la Secretaría de Hacienda ha afirmado que no habrá un rescate para los gobiernos locales por considerar que aun no se encuentran en peligro las finanzas públicas del país.
"De
ninguna manera podemos hacer un rescate, pero como lo dijo el
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre, tiene
que ponerse orden en el tema de la deuda de los estados y los
municipios”, declaró en enero pasado Luis Videgaray Caso, secretario de
Hacienda.
Para los gobiernos locales esto no es aceptable. Luis
Walton, alcalde de Acapulco, Guerrero, considera que tanto la Federación
como los estados deben poner atención en el problema de la deuda de los
municipios, pues un deterioro en la calidad de vida acarrea problemas
sociales.
"En años pasados se rescató a los bancos con el
Fobaproa, se rescataron carreteras que eran privadas y además los
presidentes municipales actuales no son responsables de la deuda
anterior (…) tenemos focos rojos en bastantes estados, no se puede
desatender ese problema”, refiere Walton en entrevista.
Sin
embargo, para Ricardo Corona, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO,
el rescate de los gobiernos locales no es una opción, pues daría un
mensaje equivocado a los gobiernos.
“Un rescate no es recomendable
porque manda una señal de confort. Hay situaciones, como emergencias,
donde la ayuda debe ser automática; pero aquí no estamos hablando de
esos casos, aquí estamos hablando del manejo discrecional o del mal
manejo de los recursos públicos”, cuestiona el académico.
En cambio, para Víctor Manuel Jorrín,
diputado por Movimiento Ciudadano, el rescate es necesario para que las
administraciones locales comiencen de cero con las nuevas regulaciones
de la deuda.
"Si se ha rescatado a la banca, se han rescatado las
carreteras, se ha ayudado a Grecia para su rescate financiero, ¿por qué
no rescatar a los municipios? Recurso sí hay en la Federación, el
esquema con el que está funcionando la Federación de hacer miles de
programas que supuestamente deberían de llegar a las comunidades más
pobres, no llegan”, recalca el legislador en entrevista.
En una iniciativa presentada por el diputado Javier López Zavala, el PRI reveló que los últimos dos meses del 2012 un total de 124 municipios se declararon en quiebra.
Este martes el Senado aprobó una reforma para limitar las deudas de estados y municipios,
a través de medidas como la prohibición de pedir préstamos para cubrir
gasto corriente o solicitarlos durante los últimos tres meses de un
gobierno.
La modificación constitucional mantiene en los congresos locales la facultad de definir los montos del endeudamiento
de cada entidad o sus alcaldías, lo cual fue criticado por algunos
senadores del PT y del PAN que consideraron que la Cámara Alta debía
imponer mayores controles.
Fuente : ADNpolitico
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