El general de División en retiro, Tomás Ángeles Dauahare. Foto: Miguel Dimayuga |
El mando militar se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, desde mayo de 2012, por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
De acuerdo con una nota publicada por el diario El Universal en su edición de este miércoles, el juez pedirá
ahora al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que ratifique el oficio del MPF. Si es ratificado, el general Tomás Ángeles Dauahare quedará en libertad inmediata y el proceso será sobreseído.
El pasado jueves 11, el juez Valerio Ramírez cerró el juicio por delincuencia organizada en contra del general Ángeles Dauahare y dio a la PGR 30 días hábiles para presentar sus conclusiones. El MPF tomó sólo tres días hábiles para presentarlas y decidió no sostener la acusación.
Según el diario, funcionarios consultados señalaron que esa rapidez hace previsible que el procurador también ratifique la decisión en cuanto el juez se lo solicite.
La PGR acusó en mayo de 2012 a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como al teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, de proporcionar a la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva información sobre las acciones del gobierno federal en su contra, por lo menos durante 2007, a cambio de dinero.
La dependencia, entonces encabezada por Marisela Morales, también los acusó de apoyar a la organización delictiva para aterrizar en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, aviones procedentes de Colombia y Venezuela con clorhidrato de cocaína, a fin de que pudieran abastecerse de combustible y continuar su destino hacia el centro del país, convirtiendo el vuelo a nacional y evitando mayores revisiones.
El 6 de agosto de 2012, el juez Valerio Ramírez dictó auto de formal prisión en contra de los generales, el teniente y el mayor, acusados de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva.
En su resolución, el juez determinó procesar a Ángeles Dauahare, Dawe González, Hernández Soto y Reyna Muñoz por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y a Pérez Ramírez por colaboración al fomento de tráfico de drogas.
En enero de 2013 el quinto Tribunal Unitario de Circuito, con sede en Guanajuato, confirmó el auto de formal prisión que el juez Valerio Ramírez dictó en contra de los militares, al establecer que, hasta ese momento procesal, existían suficientes pruebas para tener por demostrado el cuerpo de los delitos especificados, y de manera particular la probable responsabilidad de los inculpados en su comisión.
Las evidencias presentadas por la PGR en contra del general Ángeles se centraban en los testimonios de los testigos protegidos Jennifer (Roberto López Nájera) y Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande).
Jennifer es el mismo que inculpó a Ramírez Mandujano y también testificó contra el excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, y el comisionado Víctor Garay Cadena, a quienes vinculó con el crimen organizado. Ambos exfuncionarios fueron absueltos.
López Nájera se convirtió en testigo protegido en 2008, luego de que su hermano fue asesinado por su jefe, Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, de acuerdo con una nota de Reforma del 6 de agosto de 2012.
Fuente : Proceso
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