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| El consejero Marco Antonio Baños y el presidente del IFE, Leonardo Valdés. Foto: Benjamin Flores |
De esta forma quedó sin efecto el punto primero del acuerdo CG714/2012, en el que se atendía la petición formulada por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para suspender la destrucción de las boletas electorales de los comicios del 2 de julio de 2006.
Por tanto, decidieron modificar el acuerdo CG660/2012 sobre los lineamientos para la destrucción de los votos válidos, los nulos, las boletas sobrantes y la lista nominal del proceso electoral federal 2005-2006.
Al mediodía de este miércoles 4 de septiembre, los consejeros consideraron que su decisión no vulnera el derecho a la información porque el IFE tomó las medidas necesarias para garantizarlo cuando aprobó hace unos años la apertura de 9.2% de las casillas, luego de que la oposición pidió un recuento voto por voto.
El único que alzó la voz en rechazo a esta decisión fue el representante del PRD, Camerino Márquez, quien consideró que con esto se impide a los mexicanos conocer la verdad histórica de la elección del 2006 que fue manipulada para afectar al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, dijo.
Recordó que ante la petición del recuento voto por voto, el IFE sólo aprobó la apertura de 9.2% de las casillas por lo que, añadió, “las dudas fundadas quedarán en la historia como un mito”.
Debido a lo anterior y ante el recurso interpuesto por Álvaro de Lucio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este tenor, y como el proceso no ha concluido, pidió la suspensión de la destrucción en el distrito 20 de Iztapalapa, moción que fue rechazada por los consejeros.
La petición fue realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 28 de agosto, pero sólo hoy el IFE tomó la decisión. Prevén que antes del 15 de octubre estén destruidas las boletas resguardadas bajo el régimen de especial tutela por el Ejército.
Aunque no definieron una fecha precisa, destacaron que la destrucción se realizará con transparencia, invitando a funcionarios, medios de comunicación y organizaciones sociales. El procedimiento estará a cargo de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
El consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, aseguró que esta decisión no vulnera el derecho a la información, por lo que los 130 mil 482 paquetes –que pesan mil 957 toneladas y abarcan 5 mil 611 metros cuadrados en 32 bodegas (hasta el 14 de octubre de 2008) y que entre el 3 y 27 de marzo de este año se trasladaron en 54 tráileres a una bodega en Tepotzotlán, Estado de México– no serán conservados ni como archivo histórico, como solicitó el representante del PRD, Camerino Márquez Madrid.
“Debemos cerrar definitivamente el capítulo de la elección federal de 2006 que dividió a la sociedad mexicana. Reconozcamos el carácter supranacional de esta decisión. Acatemos totalmente la resolución. Debemos mostrar la solidaridad en momentos difíciles para el país”, destacó Valdés Zurita.
El secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, detalló que mantener el litigio y las boletas electorales intactas costó al IFE 130 millones de pesos. Señaló que el 23 de noviembre pasado la Defensa Nacional informó que había destinado mil 137 millones de pesos. Según Márquez Madrid, el costo fue de más de 500 millones de pesos.
“Con este alto costo ¿por qué no conservarlo como material de investigación o donarlo a una institución académica como muestra de transparencia?”, propuso el representante perredista, lo cual también fue rechazado por los consejeros.
La consejera María Marván Laborde consideró que se debe finiquitar este trámite porque no se puede dejar de lado las elecciones intermedias del 2015 ni la presidencial del 2018.
La discusión se centró en la solicitud del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, para acceder a las boletas electorales sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas en la jornada electoral de julio de 2006.
El 5 de septiembre de 2006 el Comité de Información del IFE negó la petición a Rodríguez Castañeda, por lo que promovió un juicio de amparo en el el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (expediente 909/200). El 21 de septiembre de 2006 determinó desecharlo “por ser notoriamente improcedente”, se mencionó en el proyecto de dictamen. Tras esto, se presentó un recurso de revisión en el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 11 de marzo de 2008 se desechó la demanda de garantías, por lo que el 24 de abril de 2008 Rodríguez Castañeda recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la supuesta violación al derecho de acceso a la información pública, petición que fue radicada en el expediente P-492/08. El 3 de julio de 2008 se emitió la Medida Cautelar MC 102-08, a fin de preservar su derecho de acceso a la información y se solicitó al Estado mexicano suspender la destrucción de la documentación electoral mencionada.
El 3 de octubre de 2012 el consejo general del IFE aprobó el acuerdo CG660/2012 con los Lineamientos para la destrucción de las boletas, pero el 1 de noviembre de ese año la oficialía de partes de la oficina del consejero presidente recibió el oficio SSMH-01312/12, suscrito por Roberto Dondisch Glowinski, encargado de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al que adjunta la comunicación G/SO 215/51 MEX (1) 2202/2012, enviada por la Secretaría de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, donde pedían al Estado mexicano suspender la destrucción de las boletas, mientras examinaban la solicitud de Rodríguez Castañeda.
El 22 de agosto de 2013, la Oficialía de Partes de la oficina del Consejero Presidente del Consejo General recibió el dictamen final emitido por el Comité de Derechos Humanos del 18 de julio de 2013.
El 28 de agosto pasado, la Sala Superior del TEPJF resolvió el recurso de apelación SUP-RAP-477/2012 y su acumulado SUP-RAP-491/2012, en el que confirmó sus intenciones originales de destruir las boletas de la elección federal de 2006.
Fuente : Proceso
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