Legisladores, el gran hoyo negro de la transparencia

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Vicente Fox fue una oda a la ineptitud, ya se sabe. No es de extrañar, pues, que los ciudadanos hayan tenido que impulsar el principal avance de su sexenio: en 2002 se aprobó la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio vida al IFAI y abrió la mayor cantidad de datos gubernamentales en la historia de México. Su importancia es difícil de exagerar.

Bostezos en la Cámara de Diputados. Fotos: Miguel Dimayuga

Antes, el gobierno federal tenía derecho al silencio prácticamente absoluto.
El siguiente gran avance vino cinco años después, cuando se consolidó la protección de los datos privados.
Y hoy, en este 2013, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de dar el tercer salto en materia de transparencia: Hace unas semanas votó modificar la Constitución para fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), tras lo cual envió su propuesta al Senado para que la ratificara (proceso.com.mx/?p=358400).

Sin embargo, la cámara alta decidió ir más lejos, y este jueves 20 amplió la lista de sujetos obligados a entregar información sobre su estructura y el dinero público que reciben.
Si esta nueva propuesta se avala, los sindicatos deberán mostrar sus cuentas. Actualmente sólo están obligados a decir cuánto reciben, sin detallarlo. La reforma les ordenaría especificar su distribución, lo que al menos en teoría permitiría develar patrocinios políticos, corrupción, aviadores y dispendios. La transparencia no alcanza las cuotas aportadas por los trabajadores ni el dinero privado que ingresen —no tendría por qué—, pero es un buen paso.
También deberían transparentar sus dineros los partidos políticos. A la fecha sólo se divulgan los informes finales de gasto electoral y ciertos reportes. Pero el jugo estaría en saber a quién pagan los partidos, quiénes los asesoran y cómo gastan —peso a peso y aunque no haya elecciones— los alrededor de 6 mil millones de pesos que reciben año con año.
En tercer lugar, la “reforma reformada” propone radiografiar las chequeras de los fideicomisos. Esta palabra —fideicomisos— es una de las más aburridas para el ciudadano de a pie. No es más que un contrato que involucra a alguien que pone los recursos, a alguien que los recibe y a un administrador. Esta triangulación (totalmente lícita), se ha prestado a la opacidad, al chantaje y al ocultamiento de ingresos y egresos. Además, es un tema pocas veces investigado, porque es árido y está protegido por el secreto fiduciario. Ahora existe la posibilidad de abrir una ventana a estos instrumentos.
Las siguientes personas que se incorporarían a la lista de “revisables” serían… todas.
O, mejor dicho, todas aquellas personas físicas o morales que reciban o administren dinero público.
Informativamente hablando, esto sería una veta de oro no sólo para los periodistas, sino para todos los mexicanos (incluidos menores de 18 años, que también pueden preguntar). A la fecha es muy difícil rastrear quién recibe el dinero final en el presupuesto. Esto puede facilitarlo. Y es un cambio profundo de paradigma: ya no se enfoca sólo en instituciones, sino en gente concreta. Y no sólo del aparato gubernamental (donde también se incorporan dependencias), sino también en el sector privado.
De este modo, se pasaría de los actuales 246 sujetos obligados (secretarías de estado, universidades, el IFE, la CNDH…) a una cantidad cientos de veces mayor (sólo el número de organismos obligados se elevaría a 3 mil, según el actual presidente del IFAI, Gerardo Laveaga).
Otras decisiones tomadas en el Senado fueron renovar a todos los consejeros del IFAI (que han tenido graves conflictos y acusaciones entre ellos), aumentar su cantidad y fortalecer su autonomía, desde la Constitución.
La reforma, pese a lo dicho, tiene dos grandes problemas: los sujetos pueden inconformarse con la decisión del IFAI, que hasta la fecha tenía la última palabra. Esto hace que el fallo final sobre “abrir” o no información recaiga en la Suprema Corte, es decir, en el mismo sistema al que se le exigen cuentas. Esto judicializa el proceso. Llegado el caso, además, el ciudadano requerirá un abogado para defender su petición, lo que hoy no ocurre.
El otro gran problema es que el IFAI podrá atraer los casos polémicos de los “IFAI locales”. Desde agosto, el especialista Ernesto Villanueva ya alertaba de este escenario (proceso.com.mx/?p=350591): “Es preciso mantener el sistema actual por dos razones: a) porque el cambio va a prolongar el proceso de acceso a la información pública, generando un largo camino que va a desincentivar a los de por sí poquísimos usuarios, y b) porque en estos 12 años de gobiernos del PAN las entidades federativas pudieron operar con una libertad que no habían conocido antes del 2000”.
¿Qué hay que hacer entonces, señores diputados? En primer lugar y pese a sus defectos, creo que aprobarla sería la mejor idea. Aún podrían hacer modificaciones para regresar la iniciativa, de nuevo, al Senado. Pero esto podría convertirse en un juego de intereses y cabilderos, y terminar con la propuesta en la congeladora. Apruébenlo como está.
En segundo lugar, deben solventar los dos grandes defectos, que sin duda representan un retroceso y un grave riesgo.
Y en tercer y último lugar, también deben legislar más sobre transparencia… en el Congreso de la Unión, el gran hoyo negro. Ustedes y sus bancadas son los más opacos.
Fuente : Proceso
@JCOrtegaPrado
juan.ortega@proceso.com.mx