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| El , Enrique Peña Nieto. Foto: Germán Canseco |
El primer error fue una iniciativa de reforma incongruente (Proceso 1924); el segundo, enviarla a la Cámara de Diputados sin una negociación previa con al menos alguno de los dos potenciales aliados estratégicos (PAN y PRD), cuyos votos eran indispensables para sacarla adelante; el tercero, negociar aisladamente con diputados y senadores, lo que obligó a duplicar los costos de la misma; y, finalmente, el cuarto error fue empeñarse en alcanzar un mínimo de recaudación, que a todas luces es insuficiente para poder hablar de una reforma fiscal, de modo que se convierte en una miscelánea fiscal más (Proceso 1926), pero se improvisan
parches y ajustes que amenazan con causar efectos nocivos.
Una auténtica reforma hacendaria integral, como se vendió desde la campaña la propuesta del hoy presidente Enrique Peña Nieto, obliga a un planteamiento completo y armónico que logre satisfacer los objetivos planteados, lo cual implica desde luego generar los ingresos públicos necesarios para que el gobierno federal implemente las políticas económicas y sociales que le permitan, al menos, impulsar el crecimiento económico, garantizar los derechos sociales mínimos de todos los mexicanos y redistribuir el ingreso, con el fin de aminorar las enormes desigualdades existentes.
Para lograrlo se requiere que todas las políticas respondan a un diseño integral y armónico que las alinee para producir los efectos deseados y alcanzar los objetivos establecidos. La iniciativa enviada al Congreso por el gobierno federal de entrada no cumplía con este requerimiento, pues era insuficiente e incongruente (Proceso 1924). Primer error.
Pero aun en esas condiciones, Hacienda pudo haber logrado mejores resultados si antes de enviarla se hubiera acercado a las propuestas de cualesquiera de sus dos potenciales aliados estratégicos (PAN y PRD), para asegurar que, más allá de las embestidas de los sectores mayormente perjudicados con las modificaciones legales (en toda reforma fiscal siempre hay sectores afectados, aunque en algunos casos sea realmente pérdida de privilegios), la iniciativa se aprobara sin cambios importantes, ya que contaría con los votos suficientes para ello.
En lugar de optar por alguna de esas dos fuerzas políticas, la iniciativa hacía concesiones a ambas, aunque un poco más al PRD, con lo cual aquélla fue el blanco perfecto para los legisladores del PAN y del PRD. Segundo error.
El bombardeo fue de tal magnitud que obligó al gobierno a negociar con los diputados, pero al no convocar a negociaciones bicamarales (lo que sí sucedió en iniciativas anteriores, como la educativa), las concesiones que les hizo a los diputados perredistas únicamente aseguraban el voto mayoritario en dicha Cámara y no en el Senado. Desde antes de recibir la minuta, los senadores perredistas ya habían anunciado que le meterían mano, y lo están cumpliendo; y los panistas, desde su presentación el 8 de septiembre, ya estaban en pie de guerra, en virtud de que la iniciativa afectaba directamente a su clientela electoral y además tocaba fibras sensibles de Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda e impulsor de algunas de las reformas que hoy se propone derogar. Así duplicaron el costo de las negociaciones y alejaron al producto final de la propuesta inicial. Tercer error.
Pero la terquedad de Hacienda (el gobierno y/o Peña Nieto) de hablar de una reforma hacendaria en estos momentos obliga a improvisar parches y remiendos. La iniciativa proponía incrementar la recaudación en 240 mil millones de pesos, que representaban 1.4% del Producto Interno Bruto, en un intento por financiar con éstos la pensión universal para adultos mayores, el seguro de desempleo y la reestructuración administrativa y fiscal de Pemex. Aunque dicha cantidad no era suficiente, el problema se agudizó porque los diputados la redujeron en más de 50 mil millones, y ahora, los senadores, al eliminar el pretendido aumento del IVA fronterizo a 16%, le agregan otro descuento de casi 20 mil millones, con lo cual la suma de los recortes alcanza –al menos– los 75 mil millones de pesos, casi la tercera parte del incremento pretendido.
En estos momentos el gobierno sabe que la reforma fiscal fracasó, que todo quedó en una miscelánea fiscal más, y necesariamente tendrá que volver a plantear el tema en un futuro muy próximo. Pero en lugar de retirarse con sus magras ganancias y replantear el presupuesto de egresos, se empeña en recuperar algo de lo perdido a través de opciones meramente recaudatorias: una especie de IETU de 5% a las grandes empresas; aumento de un peso al gravamen a los refrescos e incremento de la tasa del impuesto a los alimentos chatarra de 5 a 8%.
Ya se olvidaron de alinear y armonizar las nuevas propuestas con los objetivos originalmente planteados; también quedó atrás la intención de incrementar sustancialmente la recaudación fiscal (eso se cayó desde la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados); y seguir improvisando sin suficiente análisis y reflexión puede conducir no únicamente a recuperar menos de lo esperado, sino a producir daños colaterales, particularmente si éstos impactan negativamente en el PIB, la generación de empleos y la pobreza, entre otros. Cuarto error.
Los analistas económicos y financieros internacionales ya habían empezado a bajar sus muy optimistas expectativas sobre la economía mexicana, simplemente porque pensaban que las llamadas reformas estructurales se estaban demorando demasiado. Cuando vean las enormes distancias entre lo prometido y lo obtenido, probablemente sus opiniones serán neutras o negativas.
Una reforma fiscal no puede concretarse con improvisaciones y ocurrencias de último momento, ya que las consecuencias sobre la economía y la vida nacional pueden ser funestas. Y eso es precisamente lo que hoy ocurre con esta miscelánea fiscal, por la sucesión de errores que cometió el actual gobierno.
Fuente : Proceso
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