La decisión fue anunciada este domingo por el propio presidente de la República, al presentar su propuesta de reforma hacendaria, en la residencia oficial de Los Pinos.
La reforma hacendaria, dijo Peña Nieto ante un repleto Salón Adolfo López Mateos –que contó con la presencia de todos los gobernadores, los miembros de los gabinetes legal y ampliado; integrantes del
Consejo Rector del Pacto, los presidentes de las dos cámaras legislativas, coordinadores parlamentarios, e invitados de los sectores social, empresarial y laboral–, “es justa porque no afectará a los mexicanos que menos tienen”
Argumentó el presidente que aplicar un impuesto a insumos básicos, en momentos en que la economía está creciendo a un ritmo menor de lo esperado, “tendría un efecto adverso en el consumo y el bienestar de la gente”.
Por eso, dijo, “y tomando en cuenta que las familias más pobres dedican más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, he decidido que en la reforma no haya IVA en alimentos y medicinas”.
Además de eso, anunció que se mantendrá la tasa del IVA en el actual 16%, y que continuarán las exenciones en IVA a servicios médicos, transporte urbano, y en libros y revistas.
Antes de la intervención de Peña Nieto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray –que minutos antes había entregado en la Cámara de Diputados el paquete económico para 2014–, expuso lo que a su juicio son los 10 principales problemas de la economía nacional, que se pretenden enfrentar con la reforma hacendaria propuesta.
En síntesis:
1. En los últimos 30 años, la economía ha crecido, en promedio, un mediocre 2%, que está muy lejos de su potencial, y que en gran medida se debe al nulo crecimiento de la productividad, que más bien se contrajo anualmente en -0.4% desde 1990.
2. Precisamente, el bajo crecimiento económico no ha permitido satisfacer las necesidades sociales más básicas de amplios segmentos de la población. El 45.5% de ésta se encuentra en pobreza. Seguimos teniendo el mismo porcentaje de la población en pobreza que hace 30 años. La política social con un enfoque asistencialista ha sido claramente insuficiente para mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
3. El 61.2% de los mexicanos –72 millones de personas– carece de acceso a la seguridad social. Dos terceras partes de las personas mayores de 65 años nunca han cotizado al sistema de seguridad, y 37.6% de ellas no recibe ningún tipo de pensión o jubilación. Todo, según datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval.
4. México es el único país de la OCDE que no cuenta con un seguro de desempleo. Más grave, si consideramos que los trabajadores con menores ingresos son los que presentan un mayor rotación laboral. El 78% de los desempleados que pierden su trabajo en el sector formal, ganaban antes de ser desempleados, menos de cuatro salarios mínimos. Además, el 61% de los desempleados tardan más de un mes en volver a emplearse, periodo en el que sus familias ven deteriorado de sus ingresos y precipitan su contratación en empleos en el sector informal.
5. El 60% de la población que trabaja está empleada en el sector informal, en donde la productividad de las empresas es 45% inferior a la del sector formal, lo que impacta directamente los salarios de los trabajadores.
6. La insuficiente inversión en bienestar social se deriva en buena medida de la debilidad fiscal del estado mexicano. Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB son de 13.7%, mientras que el promedio en América Latina asciende a 18.4% y en países desarrollados de la OCDE alcanza el 26.3%. La recaudación como, porcentaje del PIB, del Impuesto sobre la Renta de personas físicas representa sólo la cuarta parte del promedio de los países de la OCDE. En México, la mayor parte de los ingresos exentos, las deducciones personales y los regímenes especiales benefician sólo al 10% de la población que tienen mayores niveles de ingresos.
7. Derivado de la escasa recaudación, el gasto público como porcentaje del PIB en México es de apenas del 19.5%, mientras que en el resto de América Latina alcanza el 27.1% y en los países del la OCDE es del 46.5%. Esto implica que nuestra inversión en programas sociales, ciencia y tecnología, salud pública o infraestructura, es una de las más bajas de América Latina.
8. México es el segundo país en la OCDE con mayor prevalencia de obesidad, que alcanza al 30% de la población adulta, mientras que el promedio de los países avanzados es del 22.2% de la población. Sólo nos supera EU.
9. El consumo de combustibles por habitantes es superior al de países con el mismo PIB per cápita e incluso superior al de países con un grado de desarrollo superior. En México, el consumo de gasolinas per cápita es más del doble que en Chile y más del triple que en Brasil, con los consecuentes daños sobre el medio ambiente.
10. Durante 2013 la economía ha presentado una marcada desaceleración, mayor a la que preveíamos en los criterios generales de Política Económica para este año, fundamentalmente derivada de factores del sector externo, pero también por la pérdida de dinamismo de factores internos, como son la construcción pública y privada. También de una producción petrolera menor a la que se estimó originalmente para este año.
Y si Luis Videgaray expuso los problemas, Peña Nieto se encargó de plantear las soluciones que, según él, ofrecerá la reforma hacendaria, que –dijo– es una reforma fundamentalmente social. Y que trae “muy buenas noticias para los mexicanos”.
La reforma hacendaria presentada en Los Pinos consta de 11 decretos, que incluyen una reforma a los artículos 4° y 123 constitucionales; la creación de cuatro nuevas leyes; abrogación de dos leyes y la modificación de 15 ordenamientos legales.
De todo ese conjunto se derivan medidas de alto impacto –político, social y mediático–, entre las que se incluyen las siguientes:
-Se instrumentarán la pensión universal para mayores de 65 años y un seguro de desempleo para trabajadores formales.
-Se abandona el enfoque asistencialista de la política social y se garantizará el acceso a los servicios mediante la portabilidad de coberturas (asegurados y beneficiarios del IMSS podrán atenderse en el ISSSTE o en otra institución y viceversa) y la convergencia en la calidad de las instituciones del sector.
-Más inversión en educación. “Habrá más escuelas de tiempo completo donde los niños dedicarán más horas al estudio, deportes, esparcimiento y actividades culturales. En las localidades con mayor marginación los alumnos recibirán alimentos sanos y nutritivos para su aprovechamiento escolar. Además, se incrementará la cobertura en educación media superior y superior, y mayor respaldo presupuestal a la universidades. También, más becas y un nuevo programa de escuelas de excelencia, que contará con más de 8,500 millones de pesos para apoyar a las entidades con mayor rezago educativo.”
-“La reforma es también para acelerar el crecimiento económico del país. Habrá más empleos y mejor remunerados. Más recursos para invertir en la construcción y ampliación y modernización de la infraestructura que requiere el país para lograr que sea más competitivo. Es decir, habrá más carreteras, más autopistas, puertos, aeropuertos, hospitales e infraestructura hidráulico. Se ampliará la inversión en ciencia tecnología e innovación para seguir creciendo en el futuro.”
-Como el país demanda que haya más crecimiento económico desde ahora, se propone “un programa de aceleración del crecimiento económico”, necesario ante el “insuficiente desempeño de la economía en el primer semestre”. El programa propone un déficit de 0.4% del PIB en 2013, en curso, para evitar recortes en el gasto público ante la reducción de los ingresos fiscales. Y se propone un déficit de 1.5% en 2014 a fin de estimular decididamente la economía nacional. Estos déficit “serán transitorios”, en lo que se recupera la economía.
-Se propone acelerar la ejecución del gasto público, reasignando recursos hacia aquellos proyectos de rápida ejecución; incluye medidas de apoyo a la vivienda, a la construcción, y mayores recursos para la banca de desarrollo, así como para incrementar el consumo e inversión del sector privado.
-La reforma “es justa porque es altamente progresiva”, pues “pagarán más los que más ganan”. En ese marco, se cobrarán impuestos sobre las ganancias que las empresas pagan a sus dueños dividendos–, así como a las utilidades obtenidas de la bolsa de valores.
-Igualmente, se propone eliminar tres cuartas partes de los tratamientos preferenciales y prácticamente la mitad de los regímenes especiales. Sólo se mantendrán los que representan amplios beneficios sociales y los de probada eficacia para apoyar el crecimiento de la economía.
“Con la reforma se acabarán los privilegios que no tienen justificación ni razón de ser”. En cumplimiento al compromiso 72 del Pacto por México se propone eliminar el régimen de consolidación fiscal, que permite a las empresas con subsidiarias pagar impuestos como si fuera una sola, a partir de compensar las pérdidas de unas con las ganancias de otras.
Pero la medida que propició el aplauso más prolongado –vítores incluidos–, fue la eliminación de los impuestos Empresarial a Tasa Única (IETU) y a los depósitos en efectivo (IDE), vieja demanda de los empresarios, desde que éstos entraron en vigor, en 2008, porque hacen el pago de impuestos “particularmente costoso y complejo”, dijo Peña Nieto.
A cambio, se propone “una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) mucho más sencilla, corta y clara: se reducen los 295 artículos de la ley actual a sólo 186”.
También, para facilitar el pago de impuestos –desde la casa u oficina, sin necesidad de contratar un contador–, el Servicio de Administración Tributaria (SAT, el brazo recaudador de la Secretaría de Hacienda), “ofrecerá un sistema digital abierto y gratuito para el cumplimiento fiscal para personas físicas y las pequeñas y medianas empresas”.
La reforma hacendaria, dijo Peña Nieto, promueve la formalidad de la economía, en la que seis de cada 10 empleos son informales. “Se crean nuevas reglas. Se inducirá a las empresas y a los trabajadores a incorporarse al sector formal”.
Para ello, explicó, se establecerá un régimen de incorporación fiscal para nuevos emprendedores o para los negocios informales que decidan regularizarse. “Inicialmente no pagan impuestos en su incorporación al sistema y sus obligaciones solo habrán de incrementarse de manera gradual. Mientras tanto, sus trabajadores contarán con los beneficios del IMSS con un subsidio en el pago de sus cuotas; gozarán de la protección del nuevo seguro de desempleo y tendrán acceso al crédito para la vivienda”.
Otra medida para impulsar la formalidad es que la de disminuir las cuotas de seguridad social para los trabajadores de menos ingresos, ya que actualmente llegan a pagar hasta casi 30% de su sueldo.
También, habrá “impuestos verdes” que gravarán el consumo de combustibles con carbono y los plaguicidas, y así cuidar el medio ambiente. También, continuarán los incrementos mensuales a las gasolinas y el diesel, pero menores a los actuales.
Para el problema de la obesidad, se impondrán impuestos a las bebidas azucaradas con el fin de desincentivar su consumo.
Peña aseguró que Pemex tendrá, de manera gradual, un nuevo régimen fiscal, que será “como el de cualquier otra empresa petrolera del mundo, para permitirle mayores inversiones a favor del desarrollo nacional”.
También mereció un largo aplauso el anuncio de que habrá “límites al gasto de la burocracia” y se establecerán metas de gasto que privilegien la inversión en educación, infraestructura y no el crecimiento del gasto corriente.
Además de esto, dijo el presidente, se establecerá en ley que “en tiempos de elevado crecimiento y altos ingresos tributarios se tenga un ahorro para usarse en los momentos de menor dinamismo económico, así como establecer un fondo de ahorro de largo plazo”.
Es decir, a la solidez financiera “le estaremos agregando estabilizadores automáticos, a fin de que los ciclos económicos sean menos pronunciados y que la economía crezca de manera sostenida de acuerdo a su potencial de largo plazo.”
Finalmente, también mereció un prolongado aplauso el anuncio de que se establecerán “nuevos mecanismos institucionales para transparentar y asegurar la eficacia del gasto público, especialmente de aquel destinado a educación y salud en las entidades federativas”.
Conocida que es, pues, la opacidad con que los gobiernos estatales manejan el dinero público que les llega por vía de participaciones y aportaciones federales.
Fuente : Proceso
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