Familiares de los desaparecidos en la Zona Rosa protestan en la PGJDF. Foto: Germán Canseco |
Se trata de dos empleados del establecimiento y una mujer, de quienes se investiga su posible relación con el caso. De los tres se solicitó la medida cautelar del arraigo por cinco días, con el fin de fortalecer la indagatoria. De acuerdo con el procurador no se tiene algún indicio acerca del estado físico de los jóvenes desparecidos, por lo que no se puede asegurar que se encuentren con vida o sin ella.
Una vez más el funcionario local señaló que la investigación, hasta hoy, no ha arrojado indicios de que esté involucrado el crimen organizado.
Rodolfo Ríos destacó que del análisis de un video se pudo establecer que la mayoría de los jóvenes llegó al bar a bordo de dos automóviles, un auto compacto y un taxi, los cuales hasta el momento no han sido identificados. Mientras que la salida de los desaparecidos aún se está analizando, ya que no existió violencia en el interior ni exterior del antro, además de que no se tiene confirmación de la actuación de un comando en el lugar.
El titular de la PGJDF reiteró que el único testigo que existió de los hechos está ilocalizable: su nombre, domicilio y número telefónico proporcionados son falsos, por lo tanto no se presentó a ratificar ni desechar su declaración.
Por otra parte, indicó que la mayoría de los testimonios que se tienen provienen de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) que se encontraban por el lugar el día de los hechos.
El nombre de la persona que aparece como propietario del antro se obtuvo de una averiguación previa de 2011 y también está ilocalizable, sin embargo, ya se cuenta con una orden de presentación y localización para que acuda a declarar sobre los hechos.
Después de una reunión con los familiares de las víctimas, que se prolongó durante poco más de tres horas, el procurador les informó sobre las distintas diligencias realizadas hasta el momento.
A los familiares les fueron mostradas distintas fotografías del lugar de los hechos, así como de los supuestos vehículos que refirió observar un testigo.
Además, se les mostraron diversos videos en los que se observa a personas que arribaron al lugar, ya que algunas de elloa pudieran ser identificadas como los desaparecidos.
También se mostraron a las familiares de las víctimas los resultados obtenidos de la práctica de diligencias, como el análisis de 12 videograbaciones, obtenidas tanto de las cámaras de gobierno como de distintos establecimientos.
Asimismo, se les informó sobre los 12 testimonios que obran en la averiguación previa, e incluso abordaron el análisis telefónico de las llamadas que hicieron los desaparecidos.
En la investigación han intervenidos peritos de la PGJDF certificados en 14 especialidades distintas, entre las que se encuentran peritajes en química, criminalística, fotografía e identificación, entre otros.
En las indagatorias han colaborado 37 dependencias, como la Procuraduría General de la República (PGR), Instituto Nacional de Migración (INM) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como fiscalías de Justicia de algunos estados.
“Hasta este momento hemos solicitado la práctica de dos medidas cautelares de cateo y hemos realizado tres detenciones relacionadas con los hechos que se investigan, para quienes se solicitará la medida cautelar de arraigo”, señaló Rodolfo Ríos.
Acerca de si la tardanza en iniciar la investigación se debió a que las autoridades no fueron capaces de llevar a cabo la indagatoria, el procurador respondió que se debe a que las denuncias se presentan de manera paulatina y de manera individual.
En el caso de la joven Gabriela Ruiz, indicó que estuvieron presentes los papás de la mujer, así como Mario Patrón, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y ya se estableció la relación de ella con los desaparecidos, por lo que pasó a ser la doceava víctima
Sobre las recientes declaraciones del jefe del gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, acerca de que este es un hecho focalizado, el funcionario indicó que se deben a que sucedieron en un solo lugar y por las características de las personas de que se trata, aunque insistió en que este es un hecho atípico.
Además, aseguró que no se ha descartado ninguna línea de investigación, como la vinculación de los jóvenes con el asesinato de una persona fuera del bar Black, dos días antes.
Respecto de si pudiera ser un engaño de los jóvenes hacia sus padres, dijo que no se puede afirmar que se trate de un montaje, ni mucho menos, por lo que no se descarta como investigación, al igual que una disputa por narcomenudeo en el barrio de Tepito.
No obstante, detalló que en el cateo al bar Crystal se encontró documentación y una computadora, pero esos elementos no arrojaron más datos sobre la presencia de los jóvenes en ese lugar.
“Ya pudimos establecer que la mayoría de estos jóvenes llegaron a ese lugar a bordo de dos automóviles, un auto compacto y un taxi. Es lo que sí tenemos ya hasta el momento, la presencia en ese lugar de la gran mayoría de estos jóvenes. La salida la estamos todavía analizando para ver en qué forma salieron de este lugar”.
Al término de la reunión con las familias de las víctimas, inexplicablemente éstas se negaron a proporcionar mayor información sobre los puntos tratados con el titular de la PGJDF, aunque se observó que se mostraban tranquilas.
A través de Eugenia Ponce se concretaron a decir que la Procuraduría capitalina daría la información necesaria.
Previo a ello, familiares de los 12 desaparecidos se apostaron con carteles afuera de la dependencia en los que pedían encontrar a sus seres queridos.
“Ahora fueron tepiteños, mañana podrías ser tú”, se leía en uno de los improvisados carteles.
Hasta ahora, la versión de que hombres armados, con el rostro cubierto y a bordo de dos camionetas fueron quienes se llevaron a los jóvenes tepiteños, recae en el testimonio de otro joven del barrio que supuestamente fue testigo de los hechos y que, según El Universal, dio nombre, teléfono y direcciones falsas.
Incluso, se comprobó que las camionetas cuyas imágenes dio a conocer la PGJDF en días pasados pertenecen al servicio turístico que opera en la Zona Rosa y no hay indicios de que estén relacionadas con algún hecho delictivo.
En tanto, la situación legal del dueño del Heaven, Ernesto Espinosa Lobo, El Chaparro, cambió de testigo de cargo a prófugo de la justicia, ya que no ha atendido los citatorios girados por la PGJDF para rendir su declaración.
De acuerdo con declaraciones de familiares de los desaparecidos, la madrugada del domingo 26 de mayo los jóvenes tepiteños primero asistieron al bar Cristal, ubicado en la colonia Roma Sur.
Ese establecimiento fue cateado y asegurado durante las primeras horas de este martes por personal de la Fiscalía Antisecuestros.
Por más de dos horas, los elementos de la PGJDF permanecieron dentro del inmueble y, cuando salieron, llevaban consigo cajas repletas de documentación, que también fue asegurada para seguir con las indagatorias.
Luego de concluir la diligencia, el personal judicial colocó sellos a la entrada del establecimiento, en el que se especifica el número de la averiguación previa: DGAUD/CAPE/T-2/891/13-05.
El lugar estaba cerrado al momento de la diligencia, por lo que no hubo detenidos.
Caso “complicado”: Mancera
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, señaló esta mañana que se trata de un “caso complicado”, pues dijo que no hay evidencia de violencia que refiera la actuación de un grupo armado y tampoco ha habido llamada de rescate que haga pensar que se trató de un secuestro.
El mandatario reiteró que no hay presencia de cárteles en el Distrito Federal y en ello coinciden las autoridades federales, que no han reportado información en sentido contrario.
“Nosotros no tenemos detectada ninguna presencia en ese sentido”, dijo cuando le preguntaron si hay indicios de que la delincuencia organizada estuviera involucrada en la desaparición de los 12 tepiteños en un antro en la Zona Rosa.
Cuando ha habido capturas de capos en esta ciudad, subrayó, se ha señalado que no están asentados en la capital. Incluso, respecto del grupo de narcomenudistas de La Unión, que supuestamente operaba en el bar Heaven, dijo que hay registros desde hace mucho tiempo en referencias y declaraciones ministeriales.
“Se tienen registros desde hace mucho tiempo en declaraciones ministeriales, como referencias por nombre, que se conocen como El Tanque, Hugo Bocinas, esa es la referencia que tiene el gobierno”, sostuvo.
Más tarde, ante empresarios que participaron en la 12 convención anual de la American Chamber of Commerce of México, Mancera Espinosa insistió en que el caso de los tepiteños desaparecidos es un “hecho focalizado” y, más allá de situaciones como esta, la Ciudad de México mantiene un lugar “preponderante” en materia de seguridad en comparación con el resto del país, según las mediciones nacionales más recientes, y afirmó que “así seguirá”.
“Seguirá así –abundó– porque en el DF se ha invertido mucho en seguridad, durante más de una década, y ello le ha permitido contar con 15 mil cámaras, 80 mil policías y un solo mando”, se jactó.
El mandatario capitalino consideró que eso es una ventaja porque dificulta la operación de ciertos grupos delictivos.
Por ello desestimó que la situación de los jóvenes desaparecidos afecte la inversión en la capital del país y recordó que para ello instrumentó un operativo de reforzamiento de la seguridad y rescate de la Zona Rosa.
Fuente : Proceso
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