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| Barack Obama, presidente de EU. Foto: Xinhua / Zumapress |
Este jueves se dio a conocer que, desde 2006 hasta la fecha, bajo la llamada Acta Patriota, una Corte federal emitió un fallo secreto que el permite a la NSA obtener los registros de llamadas que realizan millones de estadunidenses a través de los servicios telefónicos de la empresa Verizon y sus subsidiarias.
Con el auspicio del Acta Patriota, creada en 2001 después de los ataques terroristas del 11 de septiembre
por la entonces presidencia de George W. Bush, el rastreo o espionaje telefónico a los estadunidenses se ha convertido en una especie de normatividad.
La Corte federal que autoriza al gobierno a llevar a cabo el espionaje telefónico emitió la autorización bajo otra ley creada para combatir al terrorismo internacional: el Acta Federal de Supervisión de Inteligencia, con la cual técnicamente se autoriza violar los derechos civiles y la privacidad de los ciudadanos.
“Ha sido una herramienta crítica para proteger a la nación de amenazas terroristas y permite al personal dedicado a combatir el terrorismo a descubrir si terroristas reconocidos han estado en contacto con otras personas que pudiesen involucrarse en actividades terroristas, particularmente dentro de los Estados Unidos”, justificó Josh Earnest, el segundo portavoz de Barack Obama durante un sesión de preguntas y respuestas con reporteros a bordo del avión presidencial Air Force One.
La noticia del caso de espionaje telefónico sacudió de inmediato a los medios de comunicación de todo el país y especialmente a la ciudadanía que, consternada y enojada en las redes sociales de la Internet, comenzó a criticar al presidente Obama.
En 2011, Obama ratificó la autorización para que se dé continuidad al espionaje telefónico, previamente ratificada en 2006 por Bush, y que cada tres meses debe ser avalada de manera secreta por la Corte federal.
Y por encima de la sorpresa que provocó la noticia, en el Congreso legisladores republicanos y demócratas también salieron a defender la medida definida por la Sección 215 del Acta Patriota, con el argumento de que la Casa Blanca lo único que hace es cumplir con una ley.
“Hasta donde entiendo, esto no es más que una renovación trimestral de lo que se ha venido haciendo desde hace siete años. Esto es legal y el Congreso ha sido siempre informado de ello”, reviró la senadora demócrata por el estado de California Dianne Feinstein.
Otros legisladores federales y colegas de la Feinstein en el Comité de Inteligencia de la Cámara alta se sumaron a los esfuerzos por evitar que la noticia se transforme en un escándalo de espionaje gubernamental para con sus ciudadanos.
“Estaríamos locos si no lo hiciéramos”, sentencio el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham.
En la Cámara de Representantes también hubo resonancia de la defensa a lo establecido en el Acta Patriota.
Fue el caso de Mike Rogers, representante republicano por el estado de Michigan y presidente del Comité de Inteligencia, quien afirmó que la Sección 215 del Acta Patriota evitó que se realizaran varios ataques terroristas dentro del territorio estadunidense.
No obstante, se negó a dar detalles de los ataques que se evitaron con el espionaje telefónico gubernamental.
El portavoz presidencial Earnest explicó a la prensa que, desde 2011, cuando le tocó a Obama autorizar la continuidad de la implementación de la Sección 215, no sólo se informó en detalle al Congreso federal de la decisión, sino que su instrumentación conlleva a una supervisión minuciosa de la misma por parte del Departamento de Justicia y de la Dirección Nacional de Inteligencia.
“La orden”, matizó el segundo vocero presidencial, “no permite al gobierno escuchar las llamadas telefónicas de ninguna persona, la información adquirida no incluye el contenido de ninguna comunicación ni el nombre del subscritor telefónico. Se dedica exclusivamente a los detalles de la llamada, como el numero telefónico o el tiempo que dura la conversación”, acotó Earnest.
El Departamento de Justicia explicó aparte que la instrumentación de la medida se concentra en detectar por medio de los registros si surge un número telefónico “sospechoso” de pertenecer a una persona catalogada como posible terrorista, especialmente si la llamada es internacional o si en ella se contacta a otra persona bajo la misma nomenclatura.
Pese a los esfuerzos de la Casa Blanca y del Capitolio por calmar el furor respecto del espionaje telefónico, varios grupos defensores de las libertades civiles y algunos medios de comunicación declararon que Obama “perdió la credibilidad que todavía le quedaba ante el electorado y ciudadanía”.
En su campaña presidencial de 2008, el entonces candidato presidencial demócrata prometió a los estadunidenses que, si ganaba la Casa Blanca, una de sus prioridades sería la de eliminar las violaciones a la libertades civiles y a la privacidad esquematizadas en el Acta Patriota.
Además de darse a conocer que bajo la Sección 215 de la ley creada para combatir al terrorismo nacional e internacional se permite el espionaje telefónico, también se informó que la NSA espía a millones de personas por medio de nueve compañías o servidores proveedores de Internet: Google, Yahoo, Microsoft, Facebook, AOL, Skype, YouTube, Appel y PalTalk.
Con el nombre de Prism, el programa de espionaje aprobado por el gobierno federal estadunidense permite a la NSA tener acceso a los correos electrónicos, audios, fotografías, documentos y todos los demás sistemas comunicación que se hacen todos los días por medio de la redes sociales y servidores cibernéticos.
Fuente : Proceso
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