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| La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. Foto: Eduardo Miranda |
Un documento del Consejo de la UE –que obtuvo Apro a través de la ley de acceso a la información de esa institución– ofrece algunos detalles de las conversaciones de una de esas reuniones, la del sexto Consejo Conjunto, celebrado el 14 de mayo de 2009 en Praga, República Checa, el cual fue encabezado por la entonces secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno calderonista, Patricia Espinosa.
Sentados frente a ella estuvieron su homólogo checo y representante en turno de la presidencia de la UE, Jan Kohout, acompañado de la comisaria para las Relaciones Exteriores y la Política Europea de Vecindad, la austriaca Benita Ferrero-Waldner, actualmente presidenta de la Fundación UE-Latinoamérica.
Llama la atención que en las minutas de esa reunión se revelan pasajes que no se incluyeron en el comunicado conjunto.
De sus 32 puntos, sólo uno de tal comunicado, el número 12, se refiere al tema de la migración. Escuetamente señala:
“Las delegaciones se comprometieron a trabajar juntas en un diálogo estructurado y exhaustivo AL-UE sobre migración, con el fin de terminar los ámbitos de cooperación en los que asuntos de interés común y de importancia para ambas regiones se abordarían de manera constructiva y pragmática, en un clima de entendimiento y respeto mutuos”.
El asunto migratorio ocupa más espacio en las minutas, donde queda constancia que Espinosa Cantellano cuestiona a sus interlocutores europeos sobre la manera en que han gestionado sus políticas migratorias, lo cual aparentemente cayó mal.
De acuerdo con el documento europeo, “México expresó que la migración debe ser asumida con una perspectiva amplia e integral que considere sus causas y efectos, y que aumente y reconozca la importancia de la contribución de los migrantes, tanto en los países de origen como de destino. Los migrantes deben ser el centro de las políticas y programas migratorios”.
Enseguida, se consigna en las minutas, Espinosa “expresó su preocupación concerniente a la adopción de medidas contra los migrantes irregulares en los países de destino provoquen que sean percibidos como criminales y entonces impedir su integración y exponerlos al racismo y la xenofobia. Reiteró que el respeto a los derechos humanos de los migrantes es fundamental, sin importar su estatus migratorio”.
Entonces respondió Ferrero-Waldner. Subrayó a Espinosa que la cuestión migratoria “es uno de los más complicados del Diálogo UE-LAC, pero le remarcó que México no está entre los principales países de origen de migración en Europa”.
Más aún: hizo saber que “las recientes medidas migratorias adoptadas por la UE tienen el objetivo de erradicar los abusos de los empleadores contra los migrantes y de mejorar sus condiciones laborales”. Citó la Directiva sobre sanciones contra los empleadores, que, remachó la comisaria europea, “protege los derechos humanos de los trabajadores migrantes”.
En ese momento ya eran escandalosas las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que transitan por territorio mexicano en su camino a Estados Unidos.
En su reporte Víctimas invisibles: migrantes en movimiento a través de México, publicado ese año, Amnistía Internacional (AI) advertía:
“Las autoridades federales y estatales han eludido sistemáticamente su deber de investigar de forma inmediata y efectiva los abusos contra migrantes. La falta de acceso a la protección y a la justicia ha significado que todos los migrantes se limitan a continuar su viaje o son expulsados o repatriados sin presentar denuncias judiciales. Esta invisibilidad y falta de recurso a la justicia convierte a los migrantes, especialmente a las mujeres y los menores, en blanco fácil de bandas delictivas y funcionarios públicos corruptos”.
Esa y muchas otras advertencias no fueron atendidas por la autoridad y, entre el 22 y 23 de agosto de 2010, fueron asesinados 72 migrantes en Tamaulipas, provocando una ola de indignación internacional.
Discurso ficticio
Las minutas del Consejo Conjunto –que es el máximo órgano de decisión a nivel ejecutivo del Acuerdo Global entre México y la UE, en vigor desde el 1 de octubre de 2000–, sacan a la luz de manera flagrante un discurso oficial alejado de la realidad del país.
Ese discurso fantasioso del gobierno mexicano sobresale en su retórica diplomática en materia de derechos humanos; la cita de Praga no fue la excepción.
El ministro checo remarcó a la titular de la SRE la importancia de las negociaciones entre ambas partes encaminadas a ampliar las oportunidades de diálogo en derechos humanos, y la voluntad de la UE para compartir con México sus experiencias y buenas prácticas con miras a fortalecer la protección y la promoción de esos derechos en el país.
Kohout consideró que había necesidad de consolidar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus mecanismos, en particular el de Evaluación Periódica Universal.
Espinosa no sólo se mostró entusiasmada al opinar que la revisión de las funciones del mencionado Consejo de la ONU en 2011 “es una oportunidad de oro” para consolidar ese organismo y resolver las deficiencias identificadas; ya encarrerada, destacó la propuesta mexicana de crear “un grupo de reflexión que reúna a los Estados, expertos y sociedad civil de diferentes regiones que encuentren formas de lograr esos objetivos”.
Unos meses antes, el 13 y 14 de noviembre de 2008, había tenido lugar en Bruselas el tercer Foro de Diálogo con la Sociedad Civil UE-México, cuyo objetivo, sin cumplir hasta la fecha, sigue siendo por parte de las organizaciones de ese sector que la autoridad les atribuya los mecanismos para poder ser mínimamente consultadas en las decisiones del Acuerdo Global.
El ánimo de la canciller mexicana fue mayor cuando tocó abordar al Consejo Conjunto la temática de la lucha contra las drogas y el crimen organizado.
El 15 de septiembre de 2008 en la plaza central de Morelia, Michoacán, nueve personas murieron y 132 más resultaron heridas en un ataque del narcotráfico contra la población que se había reunido para celebrar las fiestas patrias, a la que arrojaron granadas, el cual fue considerado por el gobierno de Estados Unidos como el primer atentado narcoterrorista.
Poco antes de la reunión de Praga, en febrero, la prensa dio a conocer que 2008 había sido el año más violento en la historia reciente del país, con cerca de 5 mil 600 muertos causados por la guerra de Calderón contra el narcotráfico, y que los primeros 50 días de 2009 ya se contabilizaban 973 ejecutados, 146% más que en el mismo periodo del año anterior.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó por esas fechas que, entre 2006 y 2008, ya habían muerto más de 10 mil 500 personas producto de la misma guerra, y se comenzaba a señalar a México en Estados Unidos como un Estado fallido.
No obstante, la secretaria Espinosa –exponen las minutas– “comentó los significativos logros de México en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, específicamente en el decomiso de armas, provenientes sobre todo de Estados Unidos, y en la prohibición de los flujos financieros vinculados al crimen organizado”.
Patricia Espinosa aseguró “que la violencia (en México) emana de las disputas territoriales entre organizaciones criminales y está limitada a ciertas áreas”, además de sostener que “la sociedad mexicana apoya el combate del gobierno (de Felipe Calderón) contra el crimen organizado”.
La entonces canciller mexicana se dijo convencida del gran potencial existente para una cooperación bilateral en el rubro, y hasta invitó a una delegación de la UE viajar a México “y aprender de nuestra experiencia sobre el terreno”.
Kohout y Ferrero-Waldner felicitaron a la funcionaria calderonista por los resultados comentados en ese campo.
Al final, en el comunicado conjunto, sólo dos de los 32 puntos reseñan este tema, pero con un enfoque “trasnacional” y no bilateral.
En el primero de ellos se menciona que “las delegaciones acordaron continuar sus esfuerzos en la lucha contra el problema mundial de las drogas y los delitos conexos”, así como “reforzar el Mecanismo de Cooperación y Coordinación en materia de Drogas entre América Latina y la UE”.
El segundo punto, aún más extensivo, indica que “México y la UE conceden una alta prioridad a la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional en todas sus formas”; además de que “acordaron combinar sus esfuerzos para promover la universalidad de la Convención de Palermo (de la ONU en ese rubro) y de sus tres Protocolos (contra el tráfico ilícito de migrantes; para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, y contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego), y su aplicación efectiva”.
(Con informacion de proceso)
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