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| Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas. Foto: Germán Canseco |
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Luego de casi cuatro años de litigios en los
tribunales locales y federales, los propietarios de Operadora de
Servicios Promocionales y Espectáculos S.A. de C.V. (OSPE) podrán
recuperar el Autódromo Chiapas, del que fueron despojados durante el
gobierno de Juan Sabines Guerrero mediante artilugios legaloides. En el
despojo participaron servidores públicos, jueces locales y un grupo de
particulares cercanos al gobernador.
La magistrada Susana Teresa Sánchez González, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, puso fin a la prolongada disputa tras resolver los amparos indirectos en materia civil 314/2012 y 488/2012, mediante los cuales instruyó a la justicia civil local para que invalide la escritura pública que acreditaba como propietario al gobierno de Chiapas.
El empresario José Roqueñí Reyes, administrador único de OSPE, y sus socios fueron despojados “de mala fe” –según resolvió el Poder Judicial de la Federación– de un predio de 34.4 hectáreas, donde en 2008 construyeron una pista tipo Nascar –la primera de su tipo en Latinoamérica– con valor estimado de 138 millones de pesos (Proceso 1853).
El 24 de octubre de 2008, Roqueñí y sus socios adquirieron, con base en un contrato de compraventa notariado y ratificado por las partes, el terreno denominado Río Agua Dulce. Le compraron el predio a la familia Cancino, integrada por los esposos Augusto Enrique Cancino Solórzano y María Dolores Ruiz Arizmendi, y los hijos de ambos, Enrique y Susy.
Los empresarios firmaron un contrato ante notario público por medio del cual se comprometían a pagar a los propietarios del predio la cantidad de 6 millones 495 mil 500 pesos en dos partes. La primera erogación sería por 3 millones 150 mil pesos pagaderos al momento de firmar la escritura el 31 de octubre de 2008, mientras que el segundo se liquidaría en diciembre del año siguiente.
Todo indicaba que se trataba de una compra legítima. Sin embargo, el gobierno de Chiapas, encabezado por Juan Sabines, coludido con Édgar Matute, director de Nascar Corona Series; su secretario de Hacienda, Carlos Jair Jiménez Bolaños, y otros servidores públicos, entre ellos Ricardo Serrano Pino, secretario de Infraestructura, y Alfredo Martínez de la Torre, secretario de Transportes, pagaron a la familia Cancino 7 millones de pesos –con recursos del erario– para “adquirir” el predio que ya estaba comprometido.
Pese a que ya había pactado la enajenación del terreno con Roqueñí y asociados, en marzo de 2009 la familia Cancino firmó unas escrituras públicas –emitidas por el notario público número 94, de Chiapa de Corzo, Gilberto Ocaña Méndez– a favor del gobierno del estado.
Triquiñuelas
Para Roqueñí, la compra realizada por el gobierno del estado es ilegal a todas luces, pues a sabiendas de que el autódromo le pertenecía, el gobernador Sabines ordenó y auspició el despojo, por lo que, afirma, incurrió en el delito de abuso de autoridad.
Por su parte, el gobierno estatal justificó la adquisición con el argumento de que se trataba de un “rescate financiero” derivado de supuestos incumplimientos de pagos de OSPE a sus proveedores, así como a los vendedores del terreno. Más aún: alegó haber comprado un terreno “rústico” (Proceso 1853).
Sin embargo, el 12 de octubre de 2008, cinco meses atrás, Sabines y Matute fueron invitados de honor a la ceremonia inaugural del autódromo con la primera carrera Nascar Corona Series, donde el propio mandatario felicitó a Roqueñí y a sus socios por la inversión millonaria realizada por la iniciativa privada.
El 15 de mayo de 2009, Roqueñí promovió ante el Juzgado Cuarto Civil, con sede en Tuxtla Gutiérrez, una demanda contra el despojo, la cual se registró en el expediente 571/2009. En esa querella el empresario exige a los vendedores que presenten la escritura pública, cuando éstos ya habían realizado una segunda venta.
El gobierno pagó por el predio, apunta Roqueñí, pero no por la infraestructura con que contaba el autódromo. Sostiene que el cerebro del despojo fue Matute, quien le “vendió la idea al gobernador no tanto por el negocio, sino por el proceso de legitimidad y proyección de su imagen que podrían darle no sólo en Chiapas, sino en el resto del país e incluso en el extranjero”.
Para cubrir todos los flancos, Roqueñí interpuso, por medio de su abogado Gregorio Rodríguez Santiago, un juicio más de invalidez de escritura pública. Promovió su querella ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y quedó asentada en el expediente 979/2009. “Aunque se presentaron todas las pruebas documentales, no nos favoreció la justicia”, lamenta el empresario.
Los años 2010 y 2011 fueron de mucho desgaste para Roqueñí y sus socios. Pronto entendieron que en Chiapas todo sería inútil, que no lograrían nada, pues la justicia local estaba totalmente sometida al Poder Ejecutivo del estado.
Ante ello recurrieron al Poder Judicial de la Federación, donde interpusieron dos recursos de amparo indirecto por la vía civil: el 314/2012 contra el gobierno del estado, comprador del terreno, y el 979/2012 contra la familia Cancino, vendedora del predio.
Así, tras casi cuatro años de pleitos el pasado 8 de noviembre, justo un mes antes de que el gobernador Juan Sabines Guerrero entregara el cargo, la magistrada Susana Teresa Sánchez González, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, resolvió los amparos indirectos a favor de OSPE, Roqueñí y sus socios.
También ordenó a la Segunda Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Chiapas que invalidara las escrituras públicas a nombre del gobierno del estado, en tanto que la familia Cancino fue obligada a firmar esos documentos a favor de los representantes legales de OSPE.
De acuerdo con el resolutivo, los servidores públicos del gobierno de Chiapas actuaron de “mala fe”, a sabiendas de que el predio ya estaba comprometido con OSPE.
En ruinas
El abogado de OSPE, Rodríguez Santiago, asegura que el gobierno de Chiapas incurrió en abuso de poder al meter mano al erario local, ya que en el presupuesto de egresos de 2009 no estaba prevista la erogación para la compra del predio en cuestión.
La última carrera en el Autódromo Chiapas se realizó en mayo de 2011, ya en pleno litigio. No se programaron más competencias porque la pista se fue degradando, al grado de que la carrera de Nascar estuvo en grave riesgo de suspenderse. No obstante, funcionarios del gobierno de Chiapas abogaron por su celebración, en virtud de que el mandatario pretendía encabezar esa competencia. En esa ocasión la prueba estuvo plagada de accidentes –13 en total–, lo cual es poco frecuente que ocurra en una pista del referido serial.
El martes 18, Roqueñí y el corresponsal recorrieron las instalaciones que lucen abandonadas, sucias y saqueadas. Pudieron constatar que el proceso de desmantelamiento ha sido lento, pero constante: los cables, las bocinas y muchas luminarias han desaparecido del lugar. Las oficinas lucen vacías, sin muebles. En el suelo vuelan los papeles y el boletaje, las plantas ornamentales están marchitas y apenas un par de guardias armados vigilan el acceso del autódromo y toman nota de los visitantes, pero sin revisarlos.
El empresario recorrió la pista que se encuentra casi en ruinas. No obstante, confía en que con el nuevo gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello el autódromo quede habilitado nuevamente. Sólo aguarda que le devuelvan la propiedad que le fue arrebatada de “mala manera” por Sabines y sus colaboradores.
Acepta que la recuperación del circuito chiapaneco requerirá de una inversión millonaria para que el serial Nascar Corona Series vuelva a encender sus motores en esta entidad del sureste.
“Contamos con el respaldo de la justicia federal que nos otorgó el amparo e instruyó al Tribunal Colegiado de Tuxtla (jueces locales) que acaten el fallo y ejecuten la sentencia. Hasta el día de hoy no se ha ejecutado la sentencia por motivos que solamente los jueces locales conocen y por tal motivo aún no podemos tomar posesión del inmueble”, reconoce.
Considera que la nueva administración estatal ha mostrado interés para que el Nascar México Series regrese a Chiapas en 2013. Prueba de ello, dice, son las comunicaciones que sostienen con la empresa Conciertos, Eventos, Espectáculos y Deportes en México (Ocesa), con la idea de conocer los requisitos para el regreso del referido serial a la plaza chiapaneca.
A su vez, Ocesa ha redireccionado el tema con el nuevo director general de la Nascar Corona Series, Enrique Contreras, la persona que decide dónde se corre el serial.
“Ahora sólo esperamos que los jueces acaten el fallo de la Corte y, en cuanto nos entreguen nuestro autódromo, Ospe estará en la mejor disposición de traer nuevamente el serial Nascar México Series a Chiapas para 2013”, expone Roqueñí.
(Con informacion de proceso)
La magistrada Susana Teresa Sánchez González, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, puso fin a la prolongada disputa tras resolver los amparos indirectos en materia civil 314/2012 y 488/2012, mediante los cuales instruyó a la justicia civil local para que invalide la escritura pública que acreditaba como propietario al gobierno de Chiapas.
El empresario José Roqueñí Reyes, administrador único de OSPE, y sus socios fueron despojados “de mala fe” –según resolvió el Poder Judicial de la Federación– de un predio de 34.4 hectáreas, donde en 2008 construyeron una pista tipo Nascar –la primera de su tipo en Latinoamérica– con valor estimado de 138 millones de pesos (Proceso 1853).
El 24 de octubre de 2008, Roqueñí y sus socios adquirieron, con base en un contrato de compraventa notariado y ratificado por las partes, el terreno denominado Río Agua Dulce. Le compraron el predio a la familia Cancino, integrada por los esposos Augusto Enrique Cancino Solórzano y María Dolores Ruiz Arizmendi, y los hijos de ambos, Enrique y Susy.
Los empresarios firmaron un contrato ante notario público por medio del cual se comprometían a pagar a los propietarios del predio la cantidad de 6 millones 495 mil 500 pesos en dos partes. La primera erogación sería por 3 millones 150 mil pesos pagaderos al momento de firmar la escritura el 31 de octubre de 2008, mientras que el segundo se liquidaría en diciembre del año siguiente.
Todo indicaba que se trataba de una compra legítima. Sin embargo, el gobierno de Chiapas, encabezado por Juan Sabines, coludido con Édgar Matute, director de Nascar Corona Series; su secretario de Hacienda, Carlos Jair Jiménez Bolaños, y otros servidores públicos, entre ellos Ricardo Serrano Pino, secretario de Infraestructura, y Alfredo Martínez de la Torre, secretario de Transportes, pagaron a la familia Cancino 7 millones de pesos –con recursos del erario– para “adquirir” el predio que ya estaba comprometido.
Pese a que ya había pactado la enajenación del terreno con Roqueñí y asociados, en marzo de 2009 la familia Cancino firmó unas escrituras públicas –emitidas por el notario público número 94, de Chiapa de Corzo, Gilberto Ocaña Méndez– a favor del gobierno del estado.
Triquiñuelas
Para Roqueñí, la compra realizada por el gobierno del estado es ilegal a todas luces, pues a sabiendas de que el autódromo le pertenecía, el gobernador Sabines ordenó y auspició el despojo, por lo que, afirma, incurrió en el delito de abuso de autoridad.
Por su parte, el gobierno estatal justificó la adquisición con el argumento de que se trataba de un “rescate financiero” derivado de supuestos incumplimientos de pagos de OSPE a sus proveedores, así como a los vendedores del terreno. Más aún: alegó haber comprado un terreno “rústico” (Proceso 1853).
Sin embargo, el 12 de octubre de 2008, cinco meses atrás, Sabines y Matute fueron invitados de honor a la ceremonia inaugural del autódromo con la primera carrera Nascar Corona Series, donde el propio mandatario felicitó a Roqueñí y a sus socios por la inversión millonaria realizada por la iniciativa privada.
El 15 de mayo de 2009, Roqueñí promovió ante el Juzgado Cuarto Civil, con sede en Tuxtla Gutiérrez, una demanda contra el despojo, la cual se registró en el expediente 571/2009. En esa querella el empresario exige a los vendedores que presenten la escritura pública, cuando éstos ya habían realizado una segunda venta.
El gobierno pagó por el predio, apunta Roqueñí, pero no por la infraestructura con que contaba el autódromo. Sostiene que el cerebro del despojo fue Matute, quien le “vendió la idea al gobernador no tanto por el negocio, sino por el proceso de legitimidad y proyección de su imagen que podrían darle no sólo en Chiapas, sino en el resto del país e incluso en el extranjero”.
Para cubrir todos los flancos, Roqueñí interpuso, por medio de su abogado Gregorio Rodríguez Santiago, un juicio más de invalidez de escritura pública. Promovió su querella ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y quedó asentada en el expediente 979/2009. “Aunque se presentaron todas las pruebas documentales, no nos favoreció la justicia”, lamenta el empresario.
Los años 2010 y 2011 fueron de mucho desgaste para Roqueñí y sus socios. Pronto entendieron que en Chiapas todo sería inútil, que no lograrían nada, pues la justicia local estaba totalmente sometida al Poder Ejecutivo del estado.
Ante ello recurrieron al Poder Judicial de la Federación, donde interpusieron dos recursos de amparo indirecto por la vía civil: el 314/2012 contra el gobierno del estado, comprador del terreno, y el 979/2012 contra la familia Cancino, vendedora del predio.
Así, tras casi cuatro años de pleitos el pasado 8 de noviembre, justo un mes antes de que el gobernador Juan Sabines Guerrero entregara el cargo, la magistrada Susana Teresa Sánchez González, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, resolvió los amparos indirectos a favor de OSPE, Roqueñí y sus socios.
También ordenó a la Segunda Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Chiapas que invalidara las escrituras públicas a nombre del gobierno del estado, en tanto que la familia Cancino fue obligada a firmar esos documentos a favor de los representantes legales de OSPE.
De acuerdo con el resolutivo, los servidores públicos del gobierno de Chiapas actuaron de “mala fe”, a sabiendas de que el predio ya estaba comprometido con OSPE.
En ruinas
El abogado de OSPE, Rodríguez Santiago, asegura que el gobierno de Chiapas incurrió en abuso de poder al meter mano al erario local, ya que en el presupuesto de egresos de 2009 no estaba prevista la erogación para la compra del predio en cuestión.
La última carrera en el Autódromo Chiapas se realizó en mayo de 2011, ya en pleno litigio. No se programaron más competencias porque la pista se fue degradando, al grado de que la carrera de Nascar estuvo en grave riesgo de suspenderse. No obstante, funcionarios del gobierno de Chiapas abogaron por su celebración, en virtud de que el mandatario pretendía encabezar esa competencia. En esa ocasión la prueba estuvo plagada de accidentes –13 en total–, lo cual es poco frecuente que ocurra en una pista del referido serial.
El martes 18, Roqueñí y el corresponsal recorrieron las instalaciones que lucen abandonadas, sucias y saqueadas. Pudieron constatar que el proceso de desmantelamiento ha sido lento, pero constante: los cables, las bocinas y muchas luminarias han desaparecido del lugar. Las oficinas lucen vacías, sin muebles. En el suelo vuelan los papeles y el boletaje, las plantas ornamentales están marchitas y apenas un par de guardias armados vigilan el acceso del autódromo y toman nota de los visitantes, pero sin revisarlos.
El empresario recorrió la pista que se encuentra casi en ruinas. No obstante, confía en que con el nuevo gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello el autódromo quede habilitado nuevamente. Sólo aguarda que le devuelvan la propiedad que le fue arrebatada de “mala manera” por Sabines y sus colaboradores.
Acepta que la recuperación del circuito chiapaneco requerirá de una inversión millonaria para que el serial Nascar Corona Series vuelva a encender sus motores en esta entidad del sureste.
“Contamos con el respaldo de la justicia federal que nos otorgó el amparo e instruyó al Tribunal Colegiado de Tuxtla (jueces locales) que acaten el fallo y ejecuten la sentencia. Hasta el día de hoy no se ha ejecutado la sentencia por motivos que solamente los jueces locales conocen y por tal motivo aún no podemos tomar posesión del inmueble”, reconoce.
Considera que la nueva administración estatal ha mostrado interés para que el Nascar México Series regrese a Chiapas en 2013. Prueba de ello, dice, son las comunicaciones que sostienen con la empresa Conciertos, Eventos, Espectáculos y Deportes en México (Ocesa), con la idea de conocer los requisitos para el regreso del referido serial a la plaza chiapaneca.
A su vez, Ocesa ha redireccionado el tema con el nuevo director general de la Nascar Corona Series, Enrique Contreras, la persona que decide dónde se corre el serial.
“Ahora sólo esperamos que los jueces acaten el fallo de la Corte y, en cuanto nos entreguen nuestro autódromo, Ospe estará en la mejor disposición de traer nuevamente el serial Nascar México Series a Chiapas para 2013”, expone Roqueñí.
(Con informacion de proceso)
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