Juan Sabines Guerrero, exgobernador de Chiapas.
Foto: Germán Canseco |
En respuesta, la oficina gubernamental accedió a dar las ligas de los archivos en PDF de las Cuentas Públicas de 2007 a 2012, pero se negó a presentar facturas o documentos que revelaran la cantidad erogada por el gobierno.
Según registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Chiapas es uno de los estados más endeudados con la banca pública y privada –debe alrededor de 22 mil millones de pesos–, sin considerar la deuda pública indirecta (la que se tiene con contratistas y proveedores), que se estima podría superar los 15 mil millones de pesos.
En 2007 Sabines Guerrero gastó 34 millones 215 mil 857 pesos en publicidad gubernamental. Un año después, erogó 47 millones 551 mil 660 pesos con 58 centavos. En 2009 la cifra aumentó a 245 millones 237 mil 21 pesos con 58 centavos; en 2010 el gasto ascendió a 232 millones 299 mil 653 pesos con 61 centavos, en 2011 creció a 117 millones 801 mil 623 pesos con 83 centavos y en 2012 a 427 millones 403 mil 49 pesos con dos centavos.
Es decir, el dinero que Sabines invirtió para promover su imagen y publicitar las acciones de gobierno se multiplicó por 12 de 2007 a 2012, de acuerdo con los datos que ofreció la oficina de Comunicación Social, pasado jueves 18, en su portal de internet.
En los diversos estudios que cada año realizan las organizaciones Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Artículo 19, el gobierno de Chiapas siempre negó información detallada sobre la publicidad gubernamental.
Apenas el pasado miércoles 10, las organizaciones mencionadas presentaron su más reciente informe y dieron a conocer la segunda edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las entidades federativas. El estudio revela, entre otros puntos, la prevalencia de la “opacidad” en los gobiernos locales.
Además, señala que más de la mitad de los estados violan el derecho de acceso a la información, al no proporcionar datos suficientes sobre sus gastos en publicidad oficial, y erogan montos millonarios sin reglas claras. En 2011, por ejemplo, 27 entidades gastaron 4 mil 518 millones de pesos.
De acuerdo con el documento, ninguna entidad tiene una norma específica que determine los criterios de asignación de la publicidad oficial, de manera que esa repartición discrecional debilita el pluralismo informativo y favorece la sospecha de favoritismo político.
En la presentación del informe, Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19, advirtió que “la asignación de la pauta publicitaria es por demás discrecional y arbitraria, y una herramienta para el control político que ejercen los gobiernos sobre los medios y viceversa”.
Fuente : Proceso
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