De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal los juicios de amparo provienen de los estados de México, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Jalisco, así como del Distrito Federal.
De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, dados a conocer por el diario La Jornada, mil 200 solicitudes grupales e individuales se han recibido en las que se aglutinan los más de 200 mil mentores que promovieron juicios de amparo hasta el pasado 14 de abril, un día antes de que se cerrara el plazo legal para interponerlos.
En entrevista con el mencionado diario, Manuel Fuentes Muñiz, abogado que encabeza el equipo jurídico del Comité Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que los profesores tienen la posibilidad de ser beneficiados con el amparo de la justicia federal porque, según sus consideraciones, la Reforma Educativa viola tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Subrayó que las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucional atentan contra los pactos y convenios internacionales signados por México, porque reducen derechos laborales a administrativos, afirmó Fuentes Muñiz.
Con la Reforma Educativa, por conducto de la SEP, el Poder Ejecutivo podrá imponer de manera unilateral las condiciones de ingreso, permanencia y separación del servicio educativo, y se crea de forma velada un apartado C del artículo 123 constitucional, al trasladar toda regulación laboral de los trabajadores de la educación al artículo tercero constitucional, que fue desvirtuado desde 1980, cuando se reformó e incluyó las condiciones de ingreso y permanencia de los docentes universitarios.
Como se recordará, los opositores a la Reforma Educativa ha realizado multitudinarias movilizaciones en el país.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) desde el pasado 25 de febrero iniciaron un paro de labores para exigir la abrogación de las modificaciones constitucionales, y la aprobación en el Congreso local de una reforma a la Ley Estatal de Educación que no incluya la imposición de un modelo de evaluación homogéneo.
Las demandas de amparo promovidas por el SNTE concentran sus peticiones en exigir que no se modifiquen las condiciones laborales de permanencia y la evaluación periódica de conocimientos.
Fuente : SDPnotcias
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