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| Rosario Robles, titular de la Sedesol. Foto: Octavio Gómez |
Hace exactamente dos meses en este espacio apuntamos que entre las causas estructurales destacaban: “La inexistencia de un sistema de rendición de cuentas, la cultura clientelar del mexicano y la ausencia de un efectivo servicio civil de carrera se conjugan para facilitar el uso electorero de los programas gubernamentales, particularmente los sociales” (Proceso 1895). Y que el gobierno priista ya había empezado a designar a operadores electorales priistas en las delegaciones vinculadas precisamente con los programas sociales.
Hay que complementar que esas redes encuentran un campo fértil en una ciudadanía que no cree que su voto es secreto o que piensa que los partidos políticos y las autoridades gubernamentales y electorales tienen forma de saber por quién votaron. En una encuesta levantada dentro del proyecto de observación electoral que desarrolló la Cátedra de Investigación Instituciones y Prácticas de las Democracias Contemporáneas de la EGAP Gobierno y Política Pública, del Tecnológico de Monterrey, en la semana posterior a las elecciones del 1 de julio de 2012, 12.7% de los entrevistados señaló que los partidos políticos tenían la forma de saberlo; 6.1, que los gobernantes, y 28.2%, que las autoridades electorales.
Así, 47% de los encuestados pensaban que su voto no era secreto. Es a este amplio porcentaje de votantes a los que se dirigen las prácticas de compra o coacción del voto. En la misma encuesta 14.3% de los entrevistados mencionó que le ofrecieron dinero, regalos o servicios para votar por un determinado candidato y 5.1%, que fueron presionados para hacerlo, es decir 19.4% declaró haber padecido alguna de las dos prácticas.
En el caso de los programas sociales el problema se agudiza por la falta de transparencia y claridad en los criterios de selección de los receptores del programa, pero sobre todo porque más allá del lenguaje predomina la idea de que quienes reciben dicha ayuda son beneficiarios y no derechohabientes del mismo. Éste es uno de los mayores problemas, pues es precisamente lo que contribuye a crear la idea de que su incorporación o no en el padrón es un acto arbitrario y discrecional de las autoridades.
Esta discrecionalidad vinculada con la idea de que el voto no es secreto es precisamente lo que permite que muchos de los votantes sucumban ante dichas presiones y ofrecimientos.
Pero dado que casi 30% de los ciudadanos piensa que son las autoridades electorales las que pueden conocer el sentido de su voto, es importante transmitir la idea de que son las mismas que están involucradas en la red. Esto lo saben los defraudadores y por eso se ocupan de incluirlos.
Es un hecho que los dos momentos en los que las autoridades electorales pueden incidir en los procesos electorales es precisamente en la integración del padrón y las listas nominales de electores, y allí es donde vinculan a los funcionarios del Instituto Federal Electoral; y en la integración de las mesas directivas de casilla, allí es donde involucran al órgano estatal veracruzano.
El operativo que refiere la denuncia panista es precisamente el que trataron de aplicar en las elecciones federales de 2000 los capacitadores (y probablemente los vocales) de algunos distritos: Alterar el grado de escolaridad de los ciudadanos para asegurar que ocuparan los puestos de presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de casilla.
Entonces el intento lo contuvieron los consejeros electorales distritales, unos porque se les hizo raro que en todas las secciones había un número muy importante de ciudadanos con grados de maestría y doctorado y al meterse a investigar se dieron cuenta de que estaban alterando las escolaridades para favorecer a algunos ciudadanos; y otros porque al descubrirse esto en unos distritos, la alerta se generalizó y en dicha auditoría aparecieron nuevos casos. Fueron particularmente memorables los de Tabasco y Veracruz, donde se detectó un porcentaje alto de alteraciones que afortunadamente fueron descubiertas a tiempo y se pudieron revertir.
Por lo denunciado hasta hoy es posible afirmar que el operativo existe y lo único que falta por determinar es quiénes están involucrados y esto incluye saber si el gobernador Javier Duarte y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, tenían conocimiento directo del mismo y, por lo tanto, lo respaldaban o al menos lo toleraban. Aunque hay que decir que el sólo involucramiento de funcionarios nombrados directamente por ellos (secretarios, en el caso del gobierno estatal, y delegados, en el de la Sedesol) los convierte en responsables, aunque sea por falta de supervisión, y al menos por ello deben responder.
Pero lo mismo vale para las autoridades electorales. María Marván, consejera electoral que preside la comisión del Registro Federal de Electores, ya confirmó que la institución había detectado cambios de domicilios irregulares; esto puede haberse realizado sin la connivencia de funcionarios del IFE o con su participación, así que si confirman que hubo estos movimientos irregulares, también tienen que investigar la segunda parte y no permanecer a la expectativa, como pretende el consejero presidente, Leonardo Valdés. Peor todavía: En el Instituto Electoral Veracruzano todavía no dicen esta boca es mía.
La alarma sonó con mucha anticipación y todavía es tiempo de detener dichos operativos, pero hay que estar muy conscientes de que lo que se haga para evitarlos en estas elecciones no resuelve el problema de fondo, simplemente controla –porque ni siquiera se puede decir que minimiza– sus impactos en los resultados. Lamentable que los panistas, que hoy se quejan, hayan desaprovechado los 12 años en el gobierno federal para combatir las causas estructurales; pero todavía más preocupante es que empiecen a evidenciarse las viejas prácticas del llamado “nuevo PRI”.
…Y después de 12 años de alternancia todo sigue igual.
Fuente : Proceso
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