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Buenos días, gracias por su invitación este día tan importante.
Soy una reportera mexicana, como muchos, preocupada por la situación que atraviesa mi país, catalogado por Freedom House como país no libre para la prensa.
Nosotros, los reporteros, lo constatamos todos los días.
Cuando un político anuncia que un fotógrafo merece ir a la cárcel por las fotos que tomó.
Cuando un reportero recibe una llamada de un narcotraficante, o es capturado y torturado, para que aprenda el tipo de noticias que no debe escribir.
Cuando el dueño de un medio de comunicación, o un directivo, o un editor, ordena que ciertos políticos o religiosos o empresarios no deben ser nunca cuestionados.
Cuando un periódico, radio o televisora deja de informar sobre la violencia.
Cuando aparece el cuerpo de alguno de los nuestros, abandonado en cualquier calle como bolsa de basura, torturado, decapitado, junto a un cartel que indica: “Esto es porque escribió de lo que no debía”.
México es catalogado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. También se encuentra entre los 10 países que deja los crímenes contra periodistas en la impunidad, según el Comité de Protección a los Periodistas.
El número de periodistas muertos y desaparecidos en los últimos años es de más de 70. Es un número alto para un país que se dice democrático, para un país no considerado formalmente en guerra. Aunque México vive una guerra. Los reporteros mexicanos nos convertimos en los últimos años, especialmente en el periodo del presidente Felipe Calderón, en corresponsales de guerra en nuestra tierra.
Pero la guerra mexicana es diferente. No se muere en campos minados o en fuegos cruzados. En México hay una cacería de periodistas. Quienes se sienten incomodados con la información sacan a los periodistas de sus casas o, incluso, de sus oficinas, para secuestrarlos, torturarlos o matarlos.
Como en toda guerra se desea controlar el territorio y a la población, en la guerra mexicana los periodistas incomodan. La lógica entonces es desactivarlos. Que dejen de contar el número de muertos. Que no digan quién o cuántos murieron anoche. Que no se hable de las desapariciones de personas. Que no señalen violaciones de derechos humanos. Que se guarde la información sobre la balacera que puso en pánico a la población.
No son asesinatos casuales, hay una cacería de periodistas.
Si antes el problema eran los gobernantes corruptos que no aceptaban críticas, ahora es el crimen organizado que va tomando el poder político, cooptando o sometiendo al poder económico, tomando las policías, pero para tener el control completo necesita controlar a la prensa. Para que la gente no sepa lo que ocurre.
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Con tantos periodistas muertos, desaparecidos, silenciados, amenazados, y tantos medios de comunicación atacados, llama la atención enterarnos de que el gobierno mexicano no aceptó ser de los países piloto del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. Eso es sintomático.
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Los asesinatos continúan todo el tiempo. Pero esas muertes se pierden en la fosa común a donde van a parar todos los asesinados. Los periodistas corren la misma suerte de cualquier ciudadano, porque sus muertes no son investigadas.
Y, peor aún, los mecanismos de impunidad se activan para que al periodista asesinado se le culpe de su propia muerte, se crea que en “algo malo andaba”, se siembre sospecha alrededor para que nadie pida justicia.
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Los periodistas no somos más importantes que los ciudadanos pero trabajamos con un bien público que es la información. En este momento no sólo está en riesgo la libertad de expresión, está también en riesgo el derecho de la gente a estar informada. El derecho a saber por qué le pasa lo que le pasa. El derecho a tomar decisiones como por qué calles no cruzar para no encontrar balaceras cuando se lleva a los niños a la escuela.
Por eso es indispensable que se acabe la impunidad en los crímenes contra periodistas. Y que siempre, en todos los casos, se aplique un protocolo de investigación en los que se agote, como principal línea de investigación, el trabajo periodístico que la víctima realizaba.
Una víctima del asesinato físico, a quien se le victimizó después asesinando también su honra es Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en el peligroso estado de Veracruz. La única línea de investigación que se siguió fue la de robo, a pesar de que ella era una voz potente, valiente, que denunciaba la corrupción política y al crimen organizado. Ella era cómplice de los ciudadanos.
Los mecanismos de la impunidad requieren siempre manchar el buen nombre del asesinado. Sembrar sospecha y miedo, para que nadie pida justicia, para que los colegas no se organicen. Así se ha ido acabado el periodismo de
investigación. Cuando se silencia a la prensa, la sociedad pierde sus ojos, sus oídos, su boca. Queda indefensa.
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En México reina la impunidad. Los crímenes no se investigan. Las policías y los ministerios públicos no saben investigar, o no quieren o no pueden porque no resuelven casos. La procuración de justicia depende del gobernante estatal, no existe autonomía. Muchas veces los responsables de investigar los crímenes son los mismos sospechosos del asesinato. En México la cultura es la impunidad.
Por eso es urgente comenzar a resolver los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos. Al menos resolver esos y enviar un mensaje para que nadie se atreva a querer silenciarlos. Porque la impunidad es una pistola
sin seguro.
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Es tanta la angustia ciudadana de no saber qué pasa en su entorno que se ha dado un fenómeno en varias regiones del país donde ciudadanos toman el papel de los periodistas, crean blogs, abren páginas de facebook, suben videos a Youtube intentando informar lo que ocurre, haciendo lo que los periodistas no pueden, aunque eso, a algunos de ellos, les ha costado amenazas y la vida.
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Hay otro fenómeno del que no se habla, que abona a la impunidad, y es la corrupta relación de la prensa con el poder. El gobierno premia a quien le es fiel y castiga a los medios críticos. La falta de transparencia en la asignación de publicidad es el arma que tienen los gobernantes para callar a la prensa. Los medios críticos quedan aislados, contra la pared y en constante riesgo de desaparecer.
Esta denuncia fue llevada a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por parte de la revista Proceso. Esta situación forma parte de la censura que se vive.
Como dependen del gobierno, muchos medios de comunicación callan la violencia. No se interesan por presionar al gobierno para que existan nuevos mecanismos para la protección de la libertad de expresión. No presionan para que firme planes de acciones como el que propone la ONU, que el gobierno anterior no firmó a pesar de su discurso oficial de apertura al escrutinio y la cooperación internacional. A pesar del tamaño de la emergencia no se hizo nada. Aunque cualquier estrategia de cooperación hubiera significado una gran ayuda para mejorar la situación de la prensa.
La prensa fiel al gobierno no habla de la violencia. Invisibiliza a los muertos. Juega el juego que pide el gobierno. No exige tampoco justicia para sus reporteros, fotógrafos asesinados o desaparecidos, para evitarse un boicot publicitario.
Muchos medios de comunicación son instrumentos que sirven de arma para defender los intereses de los dueños e
intercambiar favores.
Por eso, entre periodistas decimos que estamos entre tres fuegos: el de los gobernantes, el del crimen organizado y el de las empresas que defienden intereses contrarios a los ciudadanos.
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En México parece que no pasa nada. Se habla de paz y no hay voces que salgan a decir lo contrario porque están silenciadas. Muchos lugares están en sometidos al silencio. Cada vez son más los lugares de los que perdemos la señal, de los que no sabemos qué está pasando. Y cualquiera se atreve a silenciar, ya no sabemos qué es lo que molesta. Si detrás de una amenaza hay intereses empresariales, políticos, traficantes de drogas. Es como caminar sobre arenas movedizas.
Daniel Alejandro Martínez, el último periodista asesinado, apenas la semana pasada, fue criminalizado por el procurador de justicia encargado de investigar el crimen a las pocas horas de que su cuerpo fue encontrado. El último periodista desaparecido apenas en enero, Sergio Landa, había recibido una amenaza porque publicó el asesinato de un taxista. El primer desaparecido, Alfredo Jiménez Mota, desapareció por investigar a un narcotraficante local. Otro desaparecido, Ramón Ángeles Zalpa, por denunciar el robo de minerales y la presencia de talamontes en su tierra. Regina Martínez pudo haber sido asesinada por cualquier nota incómoda.
Algo está podrido en un país cuando periodistas, como varios que conozco, tienen hecho su testamento, su carta
póstuma porque se sienten vigilados hasta cuando hablan por teléfono, porque se sienten condenados a pena de muerte.
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La situación es crítica. Este es un SOS para que volteen a ver a México, para desactivar la impunidad, la poca transparencia en la asignación publicitaria, las relaciones corruptas prensa-poder, para presionar por mejores condiciones laborales de los periodistas porque también son asuntos de seguridad. Es necesario empoderar a la prensa, a los periodistas, y con ello a los ciudadanos.
Es una llamada de auxilio para que no haya un solo asesinato más.
Gracias.
Fuente : Proceso
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