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| Continúan protestas contra despilfarro del gobierno en Brasil. Foto: Xinhua |
Río de Janeiro (Proceso).- “La presión popular está funcionando”, se felicita Pedro, un ingeniero sesentón que el martes 25 acompañó a sus hijos a una marcha, la quinta en dos semanas, por las calles de esta ciudad. “Estamos preocupados por la violencia policial, por eso prefiero venir con mis hijos. Nunca pensé que el movimiento iba a ganar algo y debo reconocer que nuestros políticos están escuchando las voces de la calle”, dice.
Ese día, mientras avanzaba la primera marcha organizada desde la favela Rocinha, una de las más grandes de América Latina, los manifestantes se enteraron que en el Congreso se había derrumbado la famosa Ley “PEC 37” que le quitaba poder al Ministerio Público para investigar los casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. Esta era una demanda de los manifestantes desde que iniciaron sus protestas.
Después de la disminución en las tarifas en el servicio de transporte público, la derrota en el Congreso de esta ley (430 votos en contra y 9 a favor) fue considerada de inmediato como la segunda victoria que el movimiento popular había logrado en poco menos de dos semanas.
“La victoria es totalmente inesperada. Nos imaginamos que esa ley iba a pasar sin problemas entre los diputados del Congreso debido a que es una ley para protegerlos. Cuando vimos que el tema de la corrupción era una de las principales preocupaciones de los manifestantes y que la gente quería defender al Ministerio Publico, supimos que había algo de esperanza”, cuenta Josmar Verillo, director de la Coalición Brasileña contra la Corrupción y quien representa en Brasil a la ONG Transparencia Internacional.
La Coalición estima que, debido a la corrupción, Brasil pierde cada año cerca de 85 mil millones de reales (30 mil millones de euros). “Aunque el nivel de corrupción no baja, sino todo lo contrario, es muy positivo constatar que es un tema que la gente ya no acepta y realmente se preocupa por sus consecuencias. Estamos hartos de ver enriquecimientos inexplicables al mismo tiempo que los servicios públicos se siguen deteriorando”, expresa Verillo.
Un sondeo realizado durante las marchas en Sao Paulo mostró que la corrupción es efectivamente el segundo motivo de reclamo de los manifestantes, después del aumento en el costo de la vida.
Por ello tampoco fue gratuito que el pasado 26 de junio el Congreso aprobara una propuesta de ley que data de 2011 y que transforma los actos de corrupción en “crimen odioso”, lo que implica la aplicación de sanciones más severas para quienes los cometan. Dicha ley fue aprobada en tiempo record, después de que estuvo durante dos años en un “cajón” del Congreso.
Complacer al movimiento
De la misma manera, el Congreso, que desde meses atrás discutía el destino de las regalías obtenidas por la explotación de los yacimientos de petróleo, votó tomando en cuenta otra de las demandas de los manifestantes: mejorar los servicios públicos. Así, 75% de las regalías irán para educación y 25% para el área de la salud.
Esa decisión va permitir que en los próximos cinco años 7% del Producto Interno Bruto (PIB) sea destinado a la educación, porcentaje que aumentará a 10% cuando sean explotadas las reservas de petróleo encontradas en 2007.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, a quien los manifestantes quieren fuera de ese órgano legislativo, intenta hacer todo lo que puede para complacer al movimiento. Así, propuso legislar para que los estudiantes tengan acceso gratuito al transporte público y hasta prometió bloquear la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos que busca legalizar tratamientos médicos para “curar” a los gays.
“El receso del mes de julio esta suspendido hasta que se resuelvan todos esos asuntos”, dijo Calheiros, quien también fue colaborador del presidente Fernando Collor de Mello, destituido de su cargo en 1992 justamente por presión de manifestaciones de la población.
“Si yo fuera él, tendría miedo”, dice una señora mostrando un cartel que retoma una página de Facebook y en el cual se lee: “Impeachment para Renan”.
Sin duda los manifestantes se sienten mucho más fuertes ahora que las autoridades les temen y responden a sus demandas. “Creemos que todo es posible y por eso es el momento de seguir para lograr realmente un cambio”, sostiene Beatriz, una mujer de 40 años, quien se unió al movimiento después de que escuchó la promesa de “diálogo” de la presidenta Dilma Rousseff.
De hecho, la iniciativa de la jefa del Ejecutivo sorprendió a los movimientos sociales con quienes la presidenta no había tenido mucho contacto. Así lo reconoció el Movimiento para el Pase Libre (MPL) en una carta pública fechada el 24 de junio y dirigida a la presidenta: “Estamos sorprendidos con la invitación a una reunión. Esta propuesta de diálogo del gobierno federal desentona con el trato a los movimientos sociales que ha marcado su política”, apuntó la carta en referencia directa al rechazo que había mostrado Rousseff para reunirse con “los pueblos indígenas, las comunidades de desplazadas por las obras del Mundial de 2014, los Sin Techo y Sin Tierra, entre otros”.
A pesar de que en dicha reunión la presidenta expuso que la gratuidad en el transporte público, objetivo de la lucha del MPL, era imposible, los integrantes del MPL calificaron el diálogo como positivo e instructivo. “La presidenta no sabe mucho de transporte urbano. Hemos podido explicarle que nuestro país invierte 11 veces más en transporte individual, mediante obras viales y políticas de crédito, que en transporte público. Claro que la gratuidad es posible y esperamos que el pueblo pueda decidirlo en cada ciudad”, dijo Mayara Vivian, miembro del MPL y estudiante a Sao Paulo, al salir de la reunión con la presidenta, que se llevó a cabo el 24 de junio en Brasilia.
Pasión por la política
El tema del transporte y su precio se debaten en cada ciudad. Incluso, la Asamblea legislativa de Río de Janeiro creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre transporte público.
“Gracias a la presión popular, finalmente vamos a conocer las ganancias de las cuatro empresas de transportes de Río de Janeiro, y ver si es posible proponer la gratuidad del servicio o al menos su mejoramiento. Eso es lo que queríamos saber desde hace mucho tiempo: que se abran esas ‘cajas negras’”, dijo Marcelo Freixo, diputado local del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
Efectivamente, una manifestación frente a la Asamblea Legislativa y la presión sobre cada diputado a través de las redes sociales, permitió la votación de esa CPI, que anteriormente se había rechazado.
Parece que a los brasileños les está entrando la pasión por la política. Ello fue evidente en las asambleas que se realizaron en las universidades para debatir el rumbo del movimiento. Las salas estuvieron llenas y los debates duraron días enteros. Centenas de personas se quedaron sentadas en la calle, escuchando, anotando, y posteriormente difundiendo en la red las ideas que surgieron para las próximas marchas.
Para los “viejos” militantes, esa imagen es inédita en el país. “Todo el mundo reconoce que algo nuevo esta pasando”, dice feliz un militante del Movimiento de los Sin Tierras (MST) en medio de la plenaria.
La presidenta Rousseff también lo entendió después de días de marchas, en las cuales varios jóvenes portaron pancartas con la foto de ella cuando tenía 22 años y en las que se leía la frase: “¡Tus ideales eran los mismos que los nuestros! Queremos otra vez a esa Dilma”.
Al final de una reunión que Rousseff sostuvo el pasado 24 de junio con los 27 gobernadores de Brasil, la presidenta reconoció que “el país necesita una profunda reforma política. Necesitamos mejorar la participación popular en las decisiones. Brasil ya no está gobernado únicamente por el tercio de la población que vota; está ahora gobernado por toda la población”.
Cuando José Antonio Moroni escuchó en su oficina de Brasilia, a unos metros del Palacio del Planalto, a la presidenta, no lo podía creer. Él, que coordina desde hace 10 años la Plataforma para la Reforma Política –integrada por organizaciones sociales–, nunca había logrado colocar el tema en la agenda del gobierno. “Con Lula siempre tuvimos un diálogo y él entendió la necesidad de la reforma política para el país. Pero se canceló todo acercamiento con Dilma y no hemos podido avanzar nada, ni con el gobierno ni en el Congreso”, comenta en entrevista.
El tema de la reforma política no es nada nuevo en el país. Organizaciones sociales vienen luchando por ella desde 1996, cuando el Congreso aprobó unos reglamentos que limitaron la democracia directa, inscrita en la Constitución de 1986.
“Para lanzar una iniciativa popular se necesitan 1.5 millones de firmas, mientras que para formar un partido político se necesitan 450 mil firmas. Entonces es casi imposible que se use este instrumento de democracia directa, pero en cambio tenemos una infinidad de partidos, sin programas, sin ideales, que negocian su apoyo en función de sus intereses, muchas veces oscuros”, añade Moroni, quien es también coordinador del Instituto de Nacional Estudios Socioeconómicos (INESC).
Para los especialistas políticos, la gran mayoría de la población brasileña no entiende cómo funciona el sistema y por qué las coaliciones en el gobierno están formadas por partidos con ideales totalmente opuestos.
Por ejemplo, la semana pasada estalló un conflicto político –que en este país son casi normales, pero que podría parecer “surrealistas” en otras partes del mundo–: la bancada evangelista compuesta por 63 legisladores de los 513 que integran la Cámara de Diputados y por tres senadores de los 81 que conforman el Senado, amenazó al gobierno con quitarle su apoyo en caso de que la ministra de Derechos Humanos, María do Rosario, continúe criticando el proyecto de “cura gay” que presentó el diputado Marco Feliciano, quien es pastor evangelista y preside la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso.
Durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, tanto la ministra Rosario como el ministro de Salud, Alexandre Padilha, hicieron notar a Feliciano que su proyecto era inviable porque no “se podía legalizar una cura de algo que no es considerado como enfermedad”, según declaró Padilha.
Otro ejemplo: la bancada ruralista, aliada del gobierno, impide cualquier demarcación de las tierras propiedad de los indígenas, cuando el tema indígena fue siempre parte del programa del Partido de los Trabajadores (PT).
“Para evitar esos bloqueos necesitamos instrumentos de democracia directa –plebiscito, referéndum o iniciativa popular– de tal suerte que los electores decidan sobre esos temas tan importantes, como las tierras de los indígenas, y que en dichas decisiones no se consideren los intereses de un grupo”, señala Moroni.
Los movimientos sociales consideran que la representatividad del pueblo brasileño en el Congreso está lejos de ser real: “Sólo 8% de los integrantes del Congreso son mujeres y la representación de personas negras e indígenas es insignificante”, comenta el investigador.
Entre los temas de la reforma política que Lula había aceptado se encuentra el del financiamiento electoral. En Brasil cualquier empresa puede financiar a un partido o candidato. “Pero el país termina pagando un costo más elevado que si él mismo hubiera financiado las campañas electorales. El dinero privado siempre influye en la política”, considera Moroni. “Esta vez es la gente la que está influyendo en la política y no el dinero, hay que aprovecharlo”, afirma el investigador.
La presidenta lo presentó de la misma manera en su alocución a la nación el viernes 21: “Necesitamos oxigenar nuestra democracia”.
Cuando se le pregunta a un joven lo que pensaba de esa frase de la presidenta, responde: “¡Qué bueno que lo que llega a Brasilia es oxígeno!, porque aquí en la calle lo que principalmente se respira son los gases de la policía”, dice al tiempo que enseña una botella de vinagre con el que palía los efectos del gas lacrimógeno.
Fuente : Proceso
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