El exconsejero delegado del banco islandés Glitnir, Larus Welding. Foto: AP |
Hjaltason y Welding son los casos más recientes del juicio y encarcelamiento de banqueros y políticos responsables de la crisis financiera de Islandia en 2008, la peor de su historia. Los responsables del crack económico no sólo pugnarán sentencia tras las rejas, sino que tendrán que devolver el dinero mal habido, que se cuenta por miles de millones de euros.
Los principales bancos de Islandia quebraron y la economía se hundió, debido a que los dueños y directivos de Kaupthing, Landsbanki y Glitnir se fueron a vivir al extranjero después de realizar préstamos para rescatar a sus propias empresas. Además, con ayuda de la clase política trataron de hacer de las ganancias privadas una deuda pública.
Pero la élite nunca se imaginó que la ira de la gente se transformaría en acciones concretas para llevarlos ante la justicia. Ninguna familia islandesa estaba dispuesta a pagar 50 mil euros de deudas socializadas. El monto para los acreedores extranjeros, como Holanda e Inglaterra, era de 3 mil 500 millones de euros, y el plan de pago a 15 años, con 5.5% de interés.
La población salió a protestar a las calles, y en marzo de 2010 se celebró un referéndum donde ganó el “no” al pago de la deuda, con una mayoría indiscutible de más de 90% de los votos.
La crisis
En octubre de 2008 quebraron los tres principales bancos de Islandia, luego de acumular una deuda de 61 mil millones de dólares, equivalente a 12 veces el producto interno bruto.
Durante la fiebre del libre mercado, los bancos en Islandia hicieron lo que quisieron, sin dar cuentas a nadie, sin ningún pudor y con un irresponsable y hasta doloso manejo del dinero ajeno. Los bancos fueron privatizados y, tras el crack para rescatarlos, fueron estatizados; además, el gobierno pidió un préstamo de emergencia al Fondo Monetario Internacional por 2 mil 100 millones de dólares, que fue concedido bajo condiciones draconianas y recortes impopulares.
La corona islandesa se devaluó en 80% y el producto interno bruto cayó cerca de 7% durante 2009, y la isla tuvo crecimiento cero durante 2010, explica Alejandro Valle Baeza –profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México– en su ensayo “Países ricos en crisis”, publicado en su blog personal.
Cae el gobierno
Con marchas multitudinarias, cacerolazos, lluvias de insultos y huevos, el gobierno y el primer ministro Geir Haarden fueron obligados a renunciar el 23 de enero de 2009. Dos meses después, el 25 de abril, se celebraron nuevas elecciones, con la participación de candidatos ciudadanos. De esas elecciones surgió un gobierno de coalición de socialdemócratas y ecologistas de izquierda, así como una primera ministra mujer, Johanna Siguroardottir.
En noviembre de 2010 se creó una Asamblea Constituyente que reformó la Constitución. Desde entonces, la nueva legislación prohíbe conceder créditos en divisas extranjeras.
El 13 de abril de 2012, después de llegar a un acuerdo con bancos personas insolventes, la Suprema Corte canceló las hipotecas de aquellos cuya deuda excedía el 110% del valor de su casa.
También surgieron nuevos bancos, pero esta vez con estricto control estatal.
Justicia, no venganza
En 2010, el nuevo gobierno creó una comisión parlamentaria para investigar a fondo los fraudes y saqueos durante la crisis. La fiscalía especial para tal fin está a cargo de Olafur Hauksson, un abogado hasta entonces desconocido de la provincia.
Hauksson, el único valiente, aceptó el cargo de fiscal especial en delitos financieros. El abogado de dos metros y 150 kilos afirmó a la prensa que dejar ese puesto vacante y permitir que los grandes delincuentes escaparan, habría sido un nefasto mensaje a la sociedad.
El 14 de octubre de 2012, Hauksson declaró a Carlos Manuel Sánchez, del diario El País:
“Cuando empezamos éramos cinco en la oficina, pero por la magnitud del desfalco y las interconexiones internacionales, ahora somos más de cien”.
Como buen investigador, el abogado no se deja llevar por la sed de venganza, sino por las evidencias y pruebas contundentes. Las detenciones superan los 200, pero los culpables con sentencias hasta el momento no pasan de 10.
“No podemos permitirnos que nos tumben una investigación por querer correr. En este momento tenemos abiertas entre 90 y 100 investigaciones”, dice Hauksson en cada entrevista.
Los casos de fraude bancario, uso ilícito de información privilegiada, desvío y apropiación de fondos, saltaron las fronteras y se convirtieron en verdaderos enredos financieros, pero los expertos con los que cuenta la fiscalía van cerrando el cerco cada día.
“Para el 31 de diciembre de 2014 todos los casos deberán haber llegado al juzgado”, prometió optimista Hauksson a los islandeses.
Entre los banqueros y políticos más prominentes llevados ante la justicia –algunos ya sentenciados– destaca Ragnar Z. Gudjonsson, director ejecutivo del banco Byr, quien recibió cuatro años y seis meses de cárcel por otorgar préstamos millonarios, sabiendo que el banco estaba en quiebra.
En la lista también aparece Jon Thorsteinn Jonsson, presidente del consejo de administración del banco Byr, quien usaba acciones sin valor para hacer transacciones. Thorsteinn fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel.
Baldur Gudlaugsson, exsecretario permanente del Ministerio de Finanzas, fue condenado a dos años de prisión. Vendió sus acciones en el banco Landsbanki antes de que quebrase, con lo que ganó 1.2 millones de euros, en tanto que a Sigurdur Einarsson, expresidente del Banco Kaupthing, le congelaron todos sus bienes y deberá devolver al banco 500 millones de coronas islandesas, equivalentes a más de 3 millones de euros.
Jon Asgeir Johannesson, accionista del banco Glitnir, y Thorsteinn Jonsson, su expresidente, fueron juzgados por apropiación fraudulenta e ilegal de más de 2 mil millones de dólares. Las transacciones dolosas llevaron a la quiebra a esa institución bancaria en 2008.
Otro de los acusados es el exprimer ministro Geir Harrade, acusado de “incapacidad para tomar medidas capaces de evitar el hundimiento del sistema bancario islandés”. Se le culpó de inacción frente a los bancos, que en los años anteriores a la crisis inflaron sus balances hasta un nivel que representaba nueve veces el valor real de la economía del país. Harrade fue absuelto, con lo que libró la pena de dos años de cárcel.
Banqueros y políticos convirtieron a Islandia en el paraíso de la especulación. Los bancos invirtieron sus propios fondos en sus acciones y las pusieron como garantía de sus préstamos, pero sus fraudes no quedaron impunes.
Fuente : proceso
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