Una mayor fiscalización de la autoridad será norma
en 2013 para mayor recaudación, dicen expertos; la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente advierte un aumento en la inmovilización de
cuentas.
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| El SAT reforzará su política de fiscalización para cumplir con sus metas en 2013. (Foto: Getty Images) |
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — El Servicio de
Administración Tributaría (SAT) incrementará sus labores de
fiscalización para cumplir con su meta de recaudación en 2013, lo que
puede significar un aumento en las cartas invitación al contribuyente y
más auditorías a personas físicas y morales, coinciden expertos
fiscalistas. "Es muy probable que, inclusive, la autoridad
enfoque las auditorías a las pequeñas y medianas empresas, así como a
personas físicas profesionistas y las que están dedicadas a
arrendamiento y actividades empresariales", dice el socio de Impuestos
de la firma de consultoría PwC, Sandro Castañeda.
"También podríamos esperar auditorías de ingresos provenientes del extranjero como intereses, debido a los acuerdos de intercambio de información y, además, un fenómeno que se ha venido dando de dos años a la fecha es una mayor agresividad en los procesos coactivos que son embargos o inmovilizaciones de cuentas", advierte.
Además de la fiscalización, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) alerta que la inmovilización de cuentas bancarias se ha convertido en un caso grave de violación a los derechos de los contribuyentes y denuncia que las autoridades están incurriendo de manera indiscriminada y desproporcionada en esa facultad.
Entre septiembre de 2011 -fecha en que la Prodecon inició operaciones- y hasta diciembre de 2012, la inmovilización de cuentas bancarias de contribuyentes ascendió a 175, con un monto involucrado de 300.5 millones de pesos.
Para el socio del Grupo Fiscal de la firma Baker & McKenzie, Ulises Castilla, se espera que el SAT aumente su recaudación este año, "pero no significa que más auditorías sea igual a más recaudación. Seguro tendrá programas para llegar a sus metas, pero no sabemos si eso vendrá en una oleada de más auditorías para más contribuyentes".
Sin embargo, prevé una mayor presencia de la autoridad fiscal para cumplir sus objetivos de 2013, en las distintas personas morales registradas, "pero no significa que presencia es igual a una auditoria, presencia puede ser a través de una carta invitación".
Adicionalmente, el 1 de enero entró en vigor la factura electrónica, un nuevo sistema que busca evitar la evasión de impuestos, los fraudes y robo de identidad fiscal.
En la Ley de Ingresos 2013 se establece que de los casi 2.5 billones de pesos que recibirá el Gobierno por concepto de ingresos, un billón 605,162.5 millones serán por impuestos. De esa cantidad, 818,095.4 millones de pesos serán captados por el Impuesto sobre la Renta (ISR); 622,626 millones por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 44,638.4 millones por el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
El socio de impuestos de la firma PwC menciona que después de las auditorías y las acciones coactivas, la amnistía fiscal sería la tercera vía de cobranza de impuestos para 2013.
"Es un programa que tiene beneficio, porque existe la posibilidad de la condonación hasta del 80% de las multas y recargos y si se está en juicio, la autoridad solicitará al contribuyente que se desista. El problema es que una vez presentado el desistimiento del juicio o recurso, el contribuyente va a quedar en manos de la autoridad", dice Castañeda.
No obstante, destaca que aún cuando esta amnistía fiscal quedó publicada en la Ley de Ingresos 2013, está sujeta a reglas que deberán darse a conocer en breve. "Nosotros esperamos que haya cierta discrecionalidad por parte de la autoridad en el otorgamiento de la amnistía", señala.
La temida inmovilización
De las 889 quejas que recibió la Prodecon entre septiembre de 2011 y el mismo mes de 2012, 15.1% correspondió a inmovilización de cuentas bancarias y el organismo dice que es explicable por la facilidad con que se pueden instrumentar tales medidas, en razón a la falta de claridad en su regulación y presumiblemente como una práctica que la autoridad fiscal utiliza para lograr sus metas de recaudación.
El socio de Impuestos de PwC, Sandro Castañeda, destaca que la medida es anticonstitucional; una violación directa. La ley, supuestamente, ya establece los requisitos para poder garantizar el interés fiscal cuya consecuencia es detener cualquier procedimiento coactivo.
"Al momento que la autoridad viola la ley, está violando la garantía de legalidad en perjuicio del contribuyente. La inmovilización se da cuando no hay garantía, es una medida extraordinaria que tiene la autoridad para obtener la garantía del interés fiscal y es totalmente real que afecta la operación de una compañía. El perjuicio que puede causar -así dure 3 o 4 días- puede ser enorme".
Por ello, recomienda que el contribuyente revise todas las posturas que ha tomado en el pasado, en los últimos 5 años; considerar el nivel de asesoría que ha recibido y que está recibiendo para poder revisar todas estas posturas y evaluar correctamente el riesgo de dada una de ellas.
"El contribuyente debe revisar qué ha hecho en el pasado, si existe algún aspecto de preocupación de alguna decisión, de alguna estrategia fiscal, y ver cuál ha sido el resultado hasta ahora".
El socio del Grupo Fiscal de la firma Baker & McKenzie, Ulises Castilla, destaca que normalmente el SAT tiene programas de fiscalización para cumplir las metas que son propuestas. "No puedes salir a fiscalizar al contribuyente que veas frente a su oficina; se tiene que programar, analizar el caso y una vez analizado y programado es cuando el SAT llega", detalla.
En el caso de la inmovilización de las cuentas bancarias, el procedimiento de fiscalización inicia con una auditoría y si en el análisis y conclusión del fisco el contribuyente debe un impuesto, determina lo que se conoce como un crédito fiscal, que no es más que la cantidad líquida y exigible por parte del Gobierno federal, indica.
Si el contribuyente empresa o persona física quiere tratar el caso en tribunales por no estar de acuerdo con el criterio de la autoridad, tiene que garantizar el interés fiscal de la Federación. Es una obligación contenida en la Ley y la razón de ser de la garantía del interés fiscal va de la mano con el hecho de que si el SAT llega a ganar un juicio, pueda cobrar ese crédito fiscal determinado, expone.
Ulises Castilla agrega que en términos del artículo 156 Bis del Código Fiscal de la Federación una cuenta se inmoviliza cuando el SAT no tiene una garantía del interés fiscal y en términos de ley es una obligación que tienen los funcionarios públicos de buscar esa garantía y asegura desconocer si se han presentado abusos por parte de la autoridad.
La Prodecon ha detectado, en reiteradas ocasiones, que independientemente de la forma en que fue inmovilizada la cuenta del contribuyente, éste tiene conocimiento de la medida impuesta cuando tal circunstancia le es informada por su banco o cuando le es imposible disponer de sus fondos.
El hecho de que la autoridad no notifique al contribuyente de la inmovilización a sus cuentas constituye, principalmente, una violación a los derechos de audiencia y debido proceso de los pagadores de impuestos garantizados en la Constitución Política mexicana.
Fuente : CNN Expansion
"También podríamos esperar auditorías de ingresos provenientes del extranjero como intereses, debido a los acuerdos de intercambio de información y, además, un fenómeno que se ha venido dando de dos años a la fecha es una mayor agresividad en los procesos coactivos que son embargos o inmovilizaciones de cuentas", advierte.
Además de la fiscalización, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) alerta que la inmovilización de cuentas bancarias se ha convertido en un caso grave de violación a los derechos de los contribuyentes y denuncia que las autoridades están incurriendo de manera indiscriminada y desproporcionada en esa facultad.
Entre septiembre de 2011 -fecha en que la Prodecon inició operaciones- y hasta diciembre de 2012, la inmovilización de cuentas bancarias de contribuyentes ascendió a 175, con un monto involucrado de 300.5 millones de pesos.
Para el socio del Grupo Fiscal de la firma Baker & McKenzie, Ulises Castilla, se espera que el SAT aumente su recaudación este año, "pero no significa que más auditorías sea igual a más recaudación. Seguro tendrá programas para llegar a sus metas, pero no sabemos si eso vendrá en una oleada de más auditorías para más contribuyentes".
Sin embargo, prevé una mayor presencia de la autoridad fiscal para cumplir sus objetivos de 2013, en las distintas personas morales registradas, "pero no significa que presencia es igual a una auditoria, presencia puede ser a través de una carta invitación".
Adicionalmente, el 1 de enero entró en vigor la factura electrónica, un nuevo sistema que busca evitar la evasión de impuestos, los fraudes y robo de identidad fiscal.
En la Ley de Ingresos 2013 se establece que de los casi 2.5 billones de pesos que recibirá el Gobierno por concepto de ingresos, un billón 605,162.5 millones serán por impuestos. De esa cantidad, 818,095.4 millones de pesos serán captados por el Impuesto sobre la Renta (ISR); 622,626 millones por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 44,638.4 millones por el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
El socio de impuestos de la firma PwC menciona que después de las auditorías y las acciones coactivas, la amnistía fiscal sería la tercera vía de cobranza de impuestos para 2013.
"Es un programa que tiene beneficio, porque existe la posibilidad de la condonación hasta del 80% de las multas y recargos y si se está en juicio, la autoridad solicitará al contribuyente que se desista. El problema es que una vez presentado el desistimiento del juicio o recurso, el contribuyente va a quedar en manos de la autoridad", dice Castañeda.
No obstante, destaca que aún cuando esta amnistía fiscal quedó publicada en la Ley de Ingresos 2013, está sujeta a reglas que deberán darse a conocer en breve. "Nosotros esperamos que haya cierta discrecionalidad por parte de la autoridad en el otorgamiento de la amnistía", señala.
La temida inmovilización
De las 889 quejas que recibió la Prodecon entre septiembre de 2011 y el mismo mes de 2012, 15.1% correspondió a inmovilización de cuentas bancarias y el organismo dice que es explicable por la facilidad con que se pueden instrumentar tales medidas, en razón a la falta de claridad en su regulación y presumiblemente como una práctica que la autoridad fiscal utiliza para lograr sus metas de recaudación.
El socio de Impuestos de PwC, Sandro Castañeda, destaca que la medida es anticonstitucional; una violación directa. La ley, supuestamente, ya establece los requisitos para poder garantizar el interés fiscal cuya consecuencia es detener cualquier procedimiento coactivo.
"Al momento que la autoridad viola la ley, está violando la garantía de legalidad en perjuicio del contribuyente. La inmovilización se da cuando no hay garantía, es una medida extraordinaria que tiene la autoridad para obtener la garantía del interés fiscal y es totalmente real que afecta la operación de una compañía. El perjuicio que puede causar -así dure 3 o 4 días- puede ser enorme".
Por ello, recomienda que el contribuyente revise todas las posturas que ha tomado en el pasado, en los últimos 5 años; considerar el nivel de asesoría que ha recibido y que está recibiendo para poder revisar todas estas posturas y evaluar correctamente el riesgo de dada una de ellas.
"El contribuyente debe revisar qué ha hecho en el pasado, si existe algún aspecto de preocupación de alguna decisión, de alguna estrategia fiscal, y ver cuál ha sido el resultado hasta ahora".
El socio del Grupo Fiscal de la firma Baker & McKenzie, Ulises Castilla, destaca que normalmente el SAT tiene programas de fiscalización para cumplir las metas que son propuestas. "No puedes salir a fiscalizar al contribuyente que veas frente a su oficina; se tiene que programar, analizar el caso y una vez analizado y programado es cuando el SAT llega", detalla.
En el caso de la inmovilización de las cuentas bancarias, el procedimiento de fiscalización inicia con una auditoría y si en el análisis y conclusión del fisco el contribuyente debe un impuesto, determina lo que se conoce como un crédito fiscal, que no es más que la cantidad líquida y exigible por parte del Gobierno federal, indica.
Si el contribuyente empresa o persona física quiere tratar el caso en tribunales por no estar de acuerdo con el criterio de la autoridad, tiene que garantizar el interés fiscal de la Federación. Es una obligación contenida en la Ley y la razón de ser de la garantía del interés fiscal va de la mano con el hecho de que si el SAT llega a ganar un juicio, pueda cobrar ese crédito fiscal determinado, expone.
Ulises Castilla agrega que en términos del artículo 156 Bis del Código Fiscal de la Federación una cuenta se inmoviliza cuando el SAT no tiene una garantía del interés fiscal y en términos de ley es una obligación que tienen los funcionarios públicos de buscar esa garantía y asegura desconocer si se han presentado abusos por parte de la autoridad.
La Prodecon ha detectado, en reiteradas ocasiones, que independientemente de la forma en que fue inmovilizada la cuenta del contribuyente, éste tiene conocimiento de la medida impuesta cuando tal circunstancia le es informada por su banco o cuando le es imposible disponer de sus fondos.
El hecho de que la autoridad no notifique al contribuyente de la inmovilización a sus cuentas constituye, principalmente, una violación a los derechos de audiencia y debido proceso de los pagadores de impuestos garantizados en la Constitución Política mexicana.
Fuente : CNN Expansion
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