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El exgobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo.
Foto: Octavio Gómez |
con 43 centavos diarios por unidad por más IVA, alrededor de 75 mil pesos mensuales.
Por las 18 camionetas blindadas, el gobierno del estado pagaba cerca de un millón 350 mil pesos mensuales. La vigencia del contrato tiene fecha del 6 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Una unidad más se rentó por un mes –del 21 de abril al 21 de mayo de ese año– a la empresa “Chevrolet del Caribe S.A. de C.V.”, por un millón 99 mil 040 pesos.
La cláusula decimonovena del contrato establece que, a partir del 31 de diciembre de 2010, será obligación del arrendador, “dejar a opción de compra los vehículos a favor del arrendatario”, siempre y cuando “el arrendatario cuente con la suficiencia presupuestal correspondiente, para lo cual el arrendador le asigna un valor comercial a cada vehículo de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.”.
Sin embargo, en vez de adquirir los 18 vehículos blindados, por lo cual hubiese pagado tres millones 600 mil pesos, el gobierno granierista siguió rentándolas en más de 16 millones de pesos anuales, hasta diciembre de 2012, fin del sexenio.
Lo anterior, se deduce por lo declarado por la secretaria de Administración, Eloísa Ocampo González. La funcionaria dijo ayer que se revisa todo lo relacionado con la renta de vehículos blindados y transporte aéreo que usaba el exgobernador Andrés Granier y exfuncionarios, a fin de decidir “si se renuevan o no los contratos”.
El contrato entre “Automóviles Monterrey, S.A. de C.V.” y el gobierno del estado fue firmado por el entonces subsecretario de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, Carlos Alberto Vega Celorio, ahora alcalde priista del municipio de Tenosique.
Este mismo funcionario apareció con dos recibos de pagos en la casa de gobierno Quinta Grijalva, fechados en mayo de 2011 por casi un millón y medio de pesos, cuando se hizo público el despilfarro en la residencia oficial durante el periodo que la habitó Granier Melo.
El primero por concepto de “ajustes complementarios” por 897 mil 571 pesos; y el segundo por “compensación por desempeño” por 592 mil 995 pesos.
Según el abogado Héctor Aceves Fernández, “Automóviles Monterrey. S.A de C.V.,” es propiedad del empresario Antonio Espinosa de los Monteros, implicado con funcionarios granieristas en una millonaria operación de tráfico de tierras para viviendas de damnificados por las inundaciones de 2007.
En febrero de 2009, la revista Proceso denunció este caso a partir de denuncias que diputados federales del PRD presentaron ese año ante la Procuraduría General de la República (PGR), por tratarse de dinero federal enviado a Tabasco.
Según el expediente, Espinosa de los Monteros, a través de la empresa Suministros del Carmen, S.A. de C.V., compró 169 hectáreas de terrenos no inundables en 110 millones de pesos y, en menos de un mes, los vendió al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) en 246 millones, operación que le redituó ganancias de 136 millones de pesos.
Los 246 millones pagados por el gobierno del estado fueron parte de los 350 millones que el presidente Felipe Calderón ordenó transferir a Tabasco para adquisición de tierras y construcción de viviendas para quienes perdieron todo su patrimonio en la inundación de 2007.
Los funcionarios implicados fueron los entonces titulares de las secretarías de Administración y Finanzas, y de Obras Públicas, así como el director del Invitab, José Manuel Sáinz Pineda, Héctor López Peralta y Ariel Cetina Bertruy, respectivamente. También el empresario Amílcar Salas Villanueva, compadre del exgobernador Andrés Granier, sin cargo oficial en el gobierno pero “poder” tras las finanzas estatales y presunto socio de Espinosa de los Monteros.
Propietarios de gasolineras y de la empresa “Performance Transportación”, dedicada a la renta de jets ejecutivos, Espinosa de los Monteros es dueño también del lujoso gimnasio Sport City de esta capital, en litigio judicial desde hace más de tres años para impedir su demolición.
María de Pilar Pizaña, esposa del abogado Héctor Aceves, demandó al Sport City debido a que fue construido en suelo de uso habitacional no apto para negocios, y cuya edificación dañó varias casas contiguas que la señora construyó para vender.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco ordenó, desde hace más de dos años, la demolición del Sport City y pagos de daños a la señora Pizaña Aceves, pero el empresario Espinosa de los Monteros ha alargado el juicio mediante “todo tipo de chicanadas”, asegura el abogado Aceves Fernández.
Fuente : Proceso
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