La corrupción casinera, en la médula del PAN

La saga de los casinos en México vive nuevos capítulos de escándalo. Uno de ellos es la cancelación de los permisos que Felipe Calderón otorgó en el último día de su mandato; otro son las acusaciones de corrupción por el otorgamiento de autorizaciones para casas de juego contra panistas que desempeñaron altos cargos públicos en los dos sexenios panistas, entre ellos el senador Roberto Gil Zuarth. 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La última decisión de Felipe Calderón en la Presidencia de la República, el otorgamiento de permisos a dos empresas para operar 94 casinos durante 25 años y que ha generado un escándalo, fue anulada: Un juez suspendió las autorizaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) a las dos firmas, vinculadas con presuntos criminales.

El jueves 3, a un mes de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, el juez segundo de distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Javier Rubén Lozano Martínez, otorgó la suspensión definitiva a Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los hermanos Rojas Cardona, de cuyo permiso derivaron los otorgados a Producciones Móviles y Exciting Games.
Producciones Móviles, a la que Gobernación autorizó la operación de 40 centros de apuestas remotas y 40 salas de sorteos de números, es propiedad de Juan Iván Peña Néder, según su exesposa Talía Vázquez Alatorre, quien lo acusa de encabezar una red de traficantes de permisos para operar casinos ilegalmente, aun desde la cárcel, donde espera juicio acusado de violación tumultuaria.
Los otros socios de Producciones Móviles, firma que reiteradamente ha sido denunciada por conductas ilegales, son dos funcionarios de la Segob en la primera parte del sexenio de Calderón: Guillermo Santillán Ortega, titular de la Unidad de Enlace Federal, y Roberto Correa Méndez, exdirector general de Juegos y Sorteos.
Se trata del más reciente escándalo en la historia de complicidades y corrupción por el lucrativo negocio de los casinos que proliferan en todo el país –funcionan 349 en 29 estados y hay otros 361 que pueden ser abiertos– y que involucra a prominentes miembros del Partido Acción Nacional (PAN) en los sexenios de Vicente Fox y Calderón.
La trama se inició con Fox, cuando Santiago Creel como secretario de Gobernación otorgó permisos para operar 432 casinos –con el argumento de “democratizar el juego” en México– y la rubricó Calderón con los permisos que formalizó dos minutos antes de concluir su sexenio, como lo reveló este semanarioel pasado 15 de diciembre (Proceso 1885).
La vinculación de panistas con los casinos no es nueva: Por ejemplo, un operador de Creel para otorgar los permisos una semana antes de renunciar al cargo para buscar la candidatura presidencial, Miguel Ángel Ochoa Sánchez, titular de Enlace Federal, es el actual presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas.
Ochoa tuvo el mismo cargo en la Secretaría de Gobernación con Creel que Santillán Ortega el siguiente sexenio; éste, además, como secretario del ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, pretendió instalar un casino. Ninguno de los dos refrendó su militancia en el PAN.
Un tema recurrente de discusión informal en el PAN son los “casineros”, aquellos dirigentes que tienen nexos con empresarios como Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, y su hermano Arturo, quienes presuntamente financiaron a Gustavo Madero, presidente del partido, y a legisladores afines a éste como Jorge Villalobos, Rodolfo Dorador, Guillermo Anaya…
En lo que configura una disputa entre empresarios del juego por el mercado y a la que Televisa ha dado inusitada cobertura informativa –empresa que también es permisionaria de 130 casinos Play City–, también se deja ver un choque entre panistas por sus respectivos nexos con casineros.
Y es que ahora, con el permiso que la Segob otorgó a Producciones Móviles de Peña Néder, Santillán Ortega y Correa Méndez, los perjudicados son los Rojas Cardona, a quienes funcionarios del gobierno de Calderón descalificaban.
Así, una vez que Gobernación otorgó los permisos a Producciones Móviles y Exciting Games, que fue calificada como una “conducta a todas luces criminal”, la empresa de los Rojas Cardona presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Alejandro Poiré, exsecretario de Gobernación, y otros 14 funcionarios.
Y a esta denuncia –por la que la PGR inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDSPCAJ/M/322/2012– siguió la solicitud de un amparo y el juez Lozano Martínez decretó la suspensión definitiva, de la que Proceso tiene copia, que deja sin efecto los permisos y que apunta a la clausura de por lo menos 15 casinos que operan aquellas empresas.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1889, ya en circulación)