MÉXICO, D.F. (Proceso).- Para muchos tabasqueños este fin de año es tortuoso: Las arcas del estado han sido saqueadas, no hay dinero para hacer pagos a empleados y proveedores, y los hospitales y las clínicas del sector salud carecen de recursos básicos para brindar atención a los pacientes.
El desfalco de mil 200 millones de pesos que se atribuye al gobernador Andrés Granier y colaboradores afecta a maestros, burócratas, ministerios públicos y peritos que no han recibido sus salarios, en tanto que miles de proveedores ya hacen fila para cobrar ante el nuevo gobernador, Arturo Núñez Jiménez, una vez que tome posesión del cargo el 1 de enero (Proceso 1884).
Mientras Tabasco sufre una de las peores crisis financieras y económicas de su historia, que lo ubicó en el último lugar del desarrollo social entre los estados el país, Granier prepara sus maletas para irse, enriquecido, junto con sus socios, entre ellos su hijo Fabián y un grupo de funcionarios cercanos que hicieron fortuna en los últimos seis años.
De acuerdo con documentación oficial que tiene este semanario, un grupo de legisladores tabasqueños se alistan para reactivar una demanda en contra del mandatario estatal, a quien acusan de haber permitido el desvío de recursos federales y la asignación de contratos por cerca de 2 mil millones de pesos a un grupo de amigos, algunos de los cuales incluso crearon empresas fantasma.
Según reportes confidenciales, son cuatro los principales beneficiados por la asignación de contratos de obra. Entre ellos está el mismo secretario de Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta, quien a través de 15 empresas registradas con prestanombres presuntamente recibió 127 obras, desde 2007, con un valor de 633 millones 561 mil 921 pesos.
También aparecen: José Luis Alday Hernández, titular de la Dirección de Control y Auditoría a Obra Pública, con tres empresas a las que adjudicaron 13 obras por 34 millones de pesos en los últimos cinco años, y José Enrique Jiménez López, encargado de seguimiento de obra pública de la Secretaría de la Contraloría, con cuatro empresas que habrían obtenido 13 obras por 37 millones de pesos.
El empresario Manuel Santandreu, con 10 empresas registradas, sería el más favorecido del sexenio de Granier, al recibir mil 214 millones 564 mil 369 pesos por 15 obras públicas.
El exdiputado federal del PRD Rafael Elías Sánchez, quien junto con el diputado local Juan José Peralta Fócil puso una demanda penal en contra del exsecretario de Salud Luis Felipe Graham Zapata por desvío de 175 millones de pesos, manifiesta en entrevista que a partir de la llegada de Núñez Jiménez al gobierno piensan ampliar la demanda que se interpuso en la Procuraduría General del Estado contra Andrés Granier por irregularidades en la asignación de obras.
“Todas las obras públicas las hizo (Granier) a través del secretario de Obra Pública, Héctor Manuel López Peralta, quien creó empresas fantasma para asignárselas. Lo mismo pasó en el sector salud, donde asignaban las compras a empresas de la familia de Felipe Graham y a constructores estrella como Manuel Santandreu.
“Esto le pegó mucho a la economía estatal porque todas las ganancias que tuvieron se las llevaron a sus negocios en Playa del Carmen y Cancún. Los verdaderos constructores se vieron afectados junto con sus empleados y familias. La responsabilidad es del gobernador”, denuncia Elías Sánchez.
–¿Todo esto se tiene documentado?
–Todo. Hay listas de nombres de empresarios que se relacionan unos con otros, de empresas fantasma creadas para sacar provecho. López Peralta creó cinco empresas al principio y terminó con 15 para que no aparecieran las mismas en los concursos. Así, toda la obra pública la acaparó. Había otros socios, como Manuel Santandreu, a quien incluso le crearon una partida presupuestal para que nadie le tocara el dinero y cada mes pudiera llegar directo a su cuenta bancaria. Era uno de los consentidos, de los intocables.
Según el exlegislador, no hay un solo rubro del gobierno de Granier donde no se hubieran presentado irregularidades y corrupción.
En educación, por ejemplo, existe un déficit de 736 millones 254 mil pesos que la titular del ramo, Deyanira Camacho Javier, reconoció en una nota informativa confidencial enviada al gobernador el 19 de septiembre pasado.
En dicho documento, la Secretaría de Educación indica que no se dispone de los suficientes recursos para pagar a los maestros y otros trabajadores, por lo que es urgente contar con ellos para entregarlos al personal federalizado y subsidiado en forma de salarios, aguinaldos y reconocimientos.
Otro de los rubros con irregularidades es la renta de aeronaves al servicio del gobierno de Granier. Los informes indican que el gobierno de Tabasco pagó a Servicios Aéreos Milenio, S.A. de C.V., 10 millones de dólares anuales por la renta de un avión Learjet 45 y dos helicópteros: un Bell 407 tipo ejecutivo y un Augusta no aptos para rescates o emergencias.
Los informes asientan que Servicios Aéreos Milenio es propiedad del exgoberndor de Puebla Mario Marín Torres y del exdiputado Ricardo Urzúa Rivera, quienes realizan los contratos con Amílcar Sala Villanueva, amigo de Granier.
El capitán piloto aviador Jorge Clemente Navarro realizó un estudio donde recomienda la compra de cuatro aeronaves (dos aviones y dos helicópteros), con lo cual se tendría un activo y un ahorro de 3 millones de dólares. No obstante, esa recomendación no se tomó en cuenta y continuó el arrendamiento de las aeronaves a la compañía del exgobernador de Puebla.
(Extracto del reportaje que se publica en Proceso 1887, ya en circulación)
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